LA EROSIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO

Parlamentarios asumiendo la tarea de acordar con la sociedad civil asuntos que le corresponden al Ejecutivo, el Gobierno anunciando que determinará los ascensos y promociones de los jueces dependiendo de que fallen según los intereses del gobernante, un Poder Judicial anunciando que aspira a tener capacidad legislativa en los asuntos referentes a los tribunales y su organización.


Charles de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu, autor de la estructura moderna que han asumido la mayoría de los estados occidentales, no entendería nada porque uno de los principios básicos de su teoría es la separación de los tres ‘poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- porque de esa forma se aseguraría que cualquiera de ellos prevaleciera sobre los otros.

Lo que no podía suponer Montesquieu es que su teoría se interpretara “a la chilena”, lo que implica prácticamente que casi cualquiera puede sentirse con autoridad para ir contra la tradición y la lógica imperante en el hemisferio occidental, sin más argumento que la conveniencia y, mucho menos, sin una debida reflexión.

Sin embargo, no siempre fue así y, de hecho, nuestro país tiene una imagen internacional de seriedad que nos cuesta comprender a quienes habitamos el territorio. En ocasiones, hablar de chambonadas o cantinfladas no parece alcanzar a cubrir la intensidad o profundidad de algunos de los despropósitos en que incurren nuestras autoridades y que, a pesar de nuestra costumbre de esperarlo todo, incluso lo inimaginable, nos siguen sorprendiendo por su falta de criterio e inteligencia.

Las instituciones hay que cuidarlas sin perder al mismo tiempo la dosis necesaria de irreverencia que permita mantener una mirada crítica que anuncie la necesidad de reformarlas, pero eso requiere un proceso de pensamiento que, en más ocasiones de las aceptables, parece ser reemplazado por la improvisación o las orientaciones de algún “iluminado” carente de la habilidad que tenía un Montesquieu, un Diego Portales o un Andrés Bello.

Evidentemente, no es esa la forma en la que avanzan los países y no puede ser que el único consuelo que nos quede de estos últimos días es que estas demostraciones de impericia hayan sido protagonizadas por representantes de todos los poderes del Estado. La seriedad no es un asunto que se preste para consuelos morales por empates triples ni para demostraciones de voluntarismo que escapan del buen sentido de la mayoría de las democracias occidentales. Sin duda, nuestro sistema político requiere mejoramientos, pero para eso se precisan personas que piensen en grande y no quienes piensen en ventajas pequeñas y de corto plazo.

¡PAREN EL MUNDO QUE ME QUIERO BAJAR! (A propósito de los Indignados)

Dentro de todas las consignas empleadas al fragor de los acontecimientos del mayor del ’68 en Paris, una de las que mejor ha sobrevivido a nuestros tiempos es aquella que pedía que se detuviera el mundo para poder bajarse de él, en una especie de renuncia a una sociedad que no sólo resultaba insatisfactoria sino que, sobre todo, se percibía como opresiva.

El origen de esta frase es confuso. Para los hispanoparlantes, la asociación con Mafalda es automática, aunque hay quienes que señalan que fue empleada con mucha antelación por comediantes norteamericanos como Groucho Marx y Mel Brooks, y los antecedentes más remotos apuntan a que habría surgido en el curso de una revuelta estudiantil en Venezuela, en 1928.

Sin entrar en vericuetos historiográficos, es incuestionable que mucha gente en todo el mundo se siente interpretada por esta expresión y eso tiene dos explicaciones: Por un lado, que efectivamente hay una aceleración en los cambios que se viven en todo el planeta que agobian a los individuos, porque sencillamente se sienten sobrepasados y sin capacidad de controlar su situación personal. No tienen seguridad laboral ni económica, creen que pueden ser víctimas en cualquier momento de la delincuencia, la enfermedad o los conflictos territoriales y nacionales, sin contar la paranoia desatada por los predicadores del Apocalipsis.

Otra explicación es que la creciente complejidad de la sociedad separa al individuo de las estructuras de poder hasta el punto en que se termina siendo como un simple engranaje, irrelevante y sustituible además, en una maquinaria cuyo funcionamiento y propósitos desconoce, lo que naturalmente afecta la confianza de las personas en sí mismas.

Como sea, una de las principales noticias de este 2011 es que las personas que tienen ese sentimiento graficado en el “Paren el mundo…” tienen ahora un nombre común: Son los indignados, y ha resultado que son muchos más de lo que se hubiera podido pensar, que se encuentran en todo el mundo y que da más o menos lo mismo el sistema político y económico en el que se insertan. Así quedó demostrado con las manifestaciones realizadas en todo el mundo, bajo la convocatoria de los Indignados españoles.

Confirmada su existencia, se podría decir que queda también confirmado el diagnóstico de que la sociedad no está siendo útil para los intereses de sus integrantes, por lo que queda planteada la siguiente cuestión: ¿Qué se puede hacer? Y eso significa ineludiblemente que los propios indignados tengan la capacidad de proponer nuevas formas de organización social, ya que es evidente que si el actual sistema es parte central problema, difícilmente será un aporte en la solución.

EL SOBERANO

La concepción de la democracia considera como uno de sus principios básicos (y más olvidados al mismo tiempo) que el pueblo es el soberano. Esto significa que es el conjunto de las personas que integran la sociedad el que decide a quién le delega la tarea de gobernar, pero sigue siendo al mismo tiempo ese grupo humano el que mantiene el derecho de tomar las decisiones importantes.

El poder se delega pero no se renuncia a este, es una especie de contrato a plazo fijo y el gobernante no debe actuar sin tomar en cuenta la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.

Desde que se abolió la monarquía, la gente encarna al soberano y ningún Presidente ni otra autoridad puede actuar como rey porque el poder es del pueblo y este tiene el derecho de revocar el contrato si considera que no se han cumplido las condiciones especificadas. Las elecciones periódicas son una forma de renovar o asignar el mandato a otro, y sólo en circunstancias extremas se llega al punto en el que el contrato tenga que ser revocado antes de la fecha estipulada en el acuerdo inicial.

La lógica indica que, cuando se producen controversias en la comunidad, es el pueblo -el soberano- el que debe zanjarlas. Ese es el sentido del plebiscito. En los sistemas parlamentarios, existe el mecanismo adicional de la disolución del Parlamento, pero cuando el sistema político niega al soberano la expresión de su voluntad se producen dos situaciones.

Por un lado, se debilita la democracia, ya que la flexibilidad indispensable para garantizar su eficiencia se ve coartada y se genera un daño al conjunto de la sociedad.

Pero, por el otro lado, se genera una situación en la que el pueblo como titular de la soberanía tiene que agregar a su derecho para resolver las controversias, el deber de tomar las medidas que hagan efectiva la vigencia de ese derecho. Esa es exactamente la posición en la que se encuentra Chile en estos momentos, cuando el Gobierno y los dirigentes estudiantiles no han podido alcanzar un acuerdo que solucione el conflicto existente, así como tampoco los partidos políticos y los parlamentarios han tenido la habilidad para destrabar este diálogo de sordos.

Las razones de ello son relevantes pero no urgentes. Lo importante en estos momentos es que se acepte como hechos que las negociaciones no han rendido frutos y que es ampliamente reconocido que el sistema educacional requiere reformas.

De ello surge la necesidad de que sea el soberano el que, sin esperar a ser convocado, intervenga en el asunto para establecer una solución. A pesar de las críticas y el ninguneo pertinente, la campaña del voto ciudadano desarrollada estos días es un ejemplo perfecto de cómo es la misma gente la que expresa su posición, pero si no es suficiente habrá que impulsar nuevas iniciativas similares para evitar la parálisis por la que atraviesa el país.

5 de octubre

Para todos los chilenos menores de unos 30 años significa ya poco la fecha del 5 de octubre de 1988, cuando la dictadura pinochetista fue derrotada en las urnas. Para ellos, la normalidad es haber vivido en un país regido por un sistema que, con todas sus imperfecciones, es democrático en lo esencial.

Ellos no saben que sus mayores vivieron por años sometidos a estados de excepción, con toque de queda y la obligación de portar en todo momento sus documentos de identidad porque en cualquier momento la autoridad policial podía decidir que uno era sospechoso de cualquier cosa.

No saben tampoco que hacer bromas como las que se hacen con toda libertad respecto a nuestros gobernantes era constitutivo de eventuales querellas judiciales y amenazas directas, sin contar con la eventualidad de arrestos que iban acompañados de maltratos, cuando no simplemente la muerte, sin que los tribunales siquiera se dignaran a revisar los recursos de protección que se pudieran presentar en favor de del detenido.

La normalidad para los menores de 30 años es otra cosa a la que significa para los mayores. Los jóvenes consideran que tienen una serie de derechos que antes eran un privilegio, y eso sin duda alguna es bueno.

El problema se produce cuando se trata de hacer la política dentro de un paradigma que ya gran parte de los chilenos no comparten ni consideran realista. Ya no son los demócratas contra un dictador, aunque para muchas familias aún persistan huellas de ese período oscuro, sino que se espera que los dirigentes políticos sean capaces de interpretar la realidad presente y no la pasada, por mucho que el presente se explique en el pasado.

Por ejemplo, que la Concertación siga pensando en el símbolo del arco iris como representación de la pluralidad de doctrinas que representa es algo que al chileno de 30 años no le dice nada, porque creció viendo que no había mayores diferencias entre los partidos e incluso que cuesta distinguir entre el pensamiento de un concertacionista y un aliancista.

Así las cosas, resulta improbable esperar que el esfuerzo que realizan los presidentes de los partidos de la Concertación para relanzar la coalición, en el marco del 28º aniversario del plebiscito, pueda tener algún resultado significativo, así como es esperable que la fecha del 5 de octubre de 1988 vaya perdiendo sentido con el tiempo, por mucho escándalo que ello provoque entre los que vivieron ese período y sentían que la política era jugarse la vida por una causa porque, simplemente, ya no es así.