EL PRIMER CIUDADANO

Cualquiera puede mentir, cualquiera puede tener una pana, cualquier puede querer hacer lo que se le antoje en su tiempo libre, incluso el Presidente de la República, pero lo que no puede hacer es justificar en la pretensión de que es un ciudadano común y corriente, igual que todos los demás.

Lo es y no lo es. Como persona, sin duda, es uno más, expuesto a las mismas responsabilidades y deberes, sujeto a la acción de la Justicia cuando cometa deliltos y/o faltas y al escarnio de los demás cuando queda en ridículo. Pero como Presidente de la República encarna al Estado y eso exige un sentido de la responsabilidad distinto.

El Presidente no es el Estado, al menos en el sentido monárquico que se suele tener en la imaginación, pero sí es el principal actor del país, la mayor autoridad, aquella que decide por los demás en materias de suma importancia y, como tal, es también el primer maestro de la sociedad.

Si el Presidente miente sobre un potencial accidente y, aparentemente, logra que sus subordinados respalde su versión de los hechos a pesar de la evidencia objetiva mostrada por los medios de comunicación, no tendría nada de malo entonces que cualquier ciudadano protagonice un accidente de tránsito e incluso cometa un delito y se excuse diciendo que no fue él, que fue otro, que lo que parece no es. Sometido a un tribunal, esa persona podría argumentar además que si el Presidente de la República lo hace y declara que es un ciudadano más, él mismo que sí es un ciudadano más tiene derecho a las mismas prerrogativas del Primer Mandatario.

Sin duda, el Presidente de la República tiene responsabilidades adicionales a las que tienen los gobernados, y no todas están exhaustiva y explícitamente escritas en las normas legales.

Para eso tiene que actuar con criterio y sentido común. A menos que cometa un delito, es realista suponer que ningún tribunal lo va a sancionar por mentir o por no actuar en resguardo de su vida y su integridad física. Eso no está establecido en la ley, pero sí recibe una sanción social. Cuando es esperable que la principal autoridad del país proporcione periódicamente motivos para la burla, es la institución de la Presidencia, la del Gobierno mismo y de la democracia, la que se debilita y eso es una responsabilidad política -no legal- exigible por todos los ciudadanos. Cuando el Presidente cree que puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida, especialmente en sus ratos libres, es la moral pública la que se ve perjudicada y eso sí que marca una diferencia innegable entre él y los demás ciudadanos.

LA ENÉSIMA CRISIS DE LA CONCERTACIÓN O LA MUERTA QUE SE NIEGA A MORIR

Desde la expulsión y la renuncia voluntaria de los primeros díscolos de la Concertación en el segundo semestre del 2007 (Álvaro Escobar, Fernando Flores, Esteban Valenzuela, Adolfo Zaldívar, entre otros), se ha venido anunciando la inminente ruptura de la Concertación y a casi cuatro años de esos primeros episodios, los radicales vuelven a hacer el mismo anuncio y ponen de nuevo la palabra crisis terminal en los titulares de prensa.

Sin embargo, la Concertación lleva cerca de un cuarto de siglo subsistiendo y es difícil suponer que resuelva disolverse por su propia voluntad, a pesar de que las cifras de sus resultados electorales permiten afirmar de manera objetiva que lleva bastante tiempo en un proceso de declive y que este ya se ha consolidado como un camino sin marcha atrás.

Como el muerto que se niega a aceptar su deceso, la Concertación insiste en negar lo evidente y para ello se basa en datos que también son objetivos. Sus políticas sociales que han sido tan exitosas que hasta el actual Gobierno de Derecha no las ha modificado de modo substancial o que ningún Gobierno que logró acumular veinte años ejerciendo el poder y pierde frente a sus rivales históricos logra mantener una cuota tan alta de representación en el Parlamento.

Eso es cierto, como es cierto también que fue la Concertación la que consolidó un modelo económico que no requiere mayores cambios cuando el Estado pasa a estar bajo el control de la Derecha y que si la Concertación mantiene una alta representación parlamentaria es por el sistema electoral binominal que la misma Concertación no tuvo la voluntad de modificar, a pesar de la perorata mantenida por veinte años respecto a que el sistema beneficiaba a la oposición de entonces, que era injusto y antidemocrático, y resulta ahora que es la Concertación la que se ve favorecida.

Tampoco se toma en cuenta que fue la Concertación la protagonista de un proceso histórico, político y sociológico en el que la actividad partidista pasó de tener un alto status a una condición de mínima valoración pública y en que la honorabilidad del político fue reemplazada por la sospecha de corrupción.

Es la misma Concertación respecto de la cual el pinochetismo de entonces aseguraba que no serían capaces de mantenerse unidos por las diferencias doctrinarias entre ellos y que entregaron cuatro administraciones sucesivas que, pese a las quejas y su situación actual, merecieron el respaldo mayoritario de los chilenos. El único asunto es resolver cómo lo hará para espantar, una vez más, el espectro de la muerte.

SANTIAGO SANTIAGO O MAGALLANES MAGALLANES

La historia nos enseña que las últimas palabras de Bernardo O’Higgins antes de morir fueron “Magallanes Magallanes”, reflejando su preocupación por incorporar efectivamente al territorio nacional a la zona austral, pero la historia nos enseña también que, después de él, prácticamente todos los gobiernos se han guiado por el lema “Santiago Santiago”.

Sin duda, es en Santiago donde se toman las decisiones políticas que determinan el destino del país. Lo último es un cambio de gabinete en el que parece predominar la impresión de que los partidos han logrado convencer al Presidente de la República que no puede gobernar sin ellos y que la idea del gabinete de técnicos no funcionó simplemente. Lo mismo le ocurrió a la ex-Presidenta Bachelet después de su intento de establecer un gobierno paritario entre hombres y mujeres que, salvo un caso, eran rostros nuevos y ante cuyo fracaso debió volver a aceptar la preeminencia de los partidos.

En el caso del Presidente Piñera se conjuga además la pretensión de los partidos por sacar brillo a sus posibles cartas presidenciales y opacar, al mismo tiempo, a otros candidatos. Andrés Allamand se juega su oportunidad de desplazar a Rodrigo Hinzpeter, ahijado de Piñera pero no de Renovación Nacional, en tanto que Evelyn Matthei busca sacar de la carrera a Laurence Golbourne, muy bien evaluado pero ajeno a la cúpula de la UDI. Los dos desafiados no pueden eludir el reto y tienen que adaptar su trabajo con vistas a la elección del próximo Presidente de la República, lo que en el caso del prestigiado ministro de Minería implica resolver el desafío energético y la rebelión levantada en la lejana Magallanes.

Pero no todo sucede en Santiago. A 3.141 kilómetros de distancia hacia el sur se está poniendo en evidencia que esta obcecación por negar lo que ocurre fuera de la capital está haciendo crisis. No es algo nuevo, todos los gobiernos han funcionado centralizadamente pero ninguno había provocado de modo directo hasta ahora a la comunidad de toda una región con una absoluta falta de tino político. La decisión de modificar el impuesto al gas para la región de Magallanes, si bien técnicamente podría ser fundada, ha carecido de toda prudencia política y ha llevado a una suerte de rebelión de una región entera, no por el gas, sino por el distanciamiento con que ha sido tradicionalmente tratada por el poder central.

En cada región del país existen situaciones que pueden generar quejas contra Santiago y en cada zona existen también oportunidades de desarrollo que no se impulsan con decisión por una falta de compromiso político con las regiones. Esa es la razón de fondo que, si no es atendida en forma global con el resto de las regiones, buscará más tarde una nueva excusa para expresarse, poniendo en riesgo la unidad territorial de un país en el que sus autoridades parecen solo mirar a la capital.

LAS LECCIONES DEL CASO RAVINET

El exabrupto protagonizado por el ministro de Defensa Jaime Ravinet al comienzo de la semana es un hecho que deja varias lecciones que se deben considerar, con independencia de que el Gobierno haya tenido éxito en tapar el suceso que, en rigor, debería haberle costado la renuncia al Secretario de Estado.

La frase exacta dada a conocer por El Mostrador fue “A futuro las Fuerzas Armadas serán renuentes a prestar colaboración a las autoridades civiles ante catástrofes de la naturaleza, al verse obligadas a exhibir su material de guerra o equipamiento militar para acudir a prestar auxilio a la población civil, sean en forma transitoria o permanente, como su Consejo lo está haciendo con los puentes mecanos”, dicha en el contexto de una presentación ante el Consejo para la Transparencia para pedir que no se obligara a informar de las razones para elegir una opción de puente mecano tras el terremoto que costaba cerca de dos millones de dólares adicionales.

Ravinet asume en este documento una suerte de vocería de las Fuerzas Armadas -que fue rápidamente descartada por estas, que se dieron cuenta con criterio que lo ocurrido era un acto de deliberación explícitamente prohibido por la Constitución, ya que cuestionaba las políticas de transparencia implementadas por este y el anterior Gobierno.

El Ministro de Defensa contraviene además todas las normas legales que asignan a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de asistir al Gobierno en las tareas que se le asignen. Su rol no es sólo la guerra, sino también ayudar al orden interno, no tomando partido en la contienda política, sino prestando ayuda en situaciones de emergencia.

Por otra parte, un ministro que es desautorizado por sus propios colegas de gabinete y por su superior jerárquico -el Presidente de la República- tiene el deber moral de renunciar.

Además de los cuestionamientos constitucionales y legales, Jaime Ravinet cometió un acto de clara torpeza, una imprudencia política notoria, ya que al oponerse a transparentar una compra sospechosa de coimas implica a la propia autoridad en la sospecha.

Hay dos lecciones adicionales que llaman la atención: Por un lado, que salvo Andrés Zaldívar que se percató de la gravedad de la situación, los partidos opositores desaprovecharon una clarísima oportunidad para intervenir en el asunto y, de paso, tomar revancha de un personero, que habiendo sido históricamente parte de la Concertación, aceptó cambiarse de bando para formar parte del Gobierno de Sebastián Piñera. Se habló de una citación a la Comisión de Defensa de la Cámara, pero hasta que no se concrete no es un hecho político real, y conociendo el funcionamiento de nuestro Congreso ya es un asunto que quedó para marzo.

Por último, y quizás lo más grave, es que sólo El Mostrador se ocupó del asunto y los demás medios de comunicación se limitaron a hacer una simple mención sobre la existencia de una polémica, sin ahondar ni en los dichos de Ravinet, sus implicancias jurídicas y mucho menos en el hecho de que se hubiera comprado un puente mecano a un precio dos millones de dólares superior al de la competencia.

LA VIDA SIN WIKILEAKS

En los balances del año 2010 muchos sentirán la tentación de colocar la información filtrada por el sitio web Wikileaks como uno de los hitos más importantes a nivel mundial, ya que permitió conocer el verdadero pensamiento de los principales dirigentes del mundo sobre sus pares.

Al margen del sentido ligeramente morboso por conocer estas informaciones y del hecho de que siempre la transparencia es positiva, aunque, como en este caso transite en el borde de la legalidad y transgreda con descaro el sentido de la prudencia, la verdad es que las revelaciones de Wikileaks no son nada del otro mundo, salvo, quizás, la información sobre las torturas aplicadas por las tropas norteamericanas a los prisioneros de guerra.

Lo que más ha ocupado la atención en las últimas semanas son los cables firmados por diplomáticos norteamericanos respecto al resto de los gobiernos del mundo, y en eso no ha habido casi novedoso.

Con un poco de imaginación es fácil reproducir estos contenidos, y de hecho, si aplicamos este tipo de antecedentes a la política local, resulta sencillísimo. ¿Alguien podría no creer que los dirigentes de la Alianza critican en privado a los de la Concertación y que los de la Concertación hacen lo mismo con los de la Alianza? ¿Alguien podría dejar de suponer el contenido de las conversaciones que mantienen en la privacidad de sus reuniones los dirigentes del PS y del PPD respecto de la DC, y en el sentido inverso?

Es fácil suponer también que si se transcribieran esos diálogos habría escasas referencias a los radicales y a los comunistas y que los comentarios sobre Marco Enríquez y Adolfo Zaldívar irían acompañados de gruesos epítetos en el caso de la Concertación y de signos de interrogación en el caso de la Alianza respecto a la forma de atraer sus votos a su propio molino.

En el caso de la Alianza es presumible suponer que en las conversaciones los chismes giran en torno a la calidad de liberales y conservadores de unos y otros, así como es perfectamente factible entender que estas palabras se utilizan tanto en los pasillos de los ministerios como en los salones de los partidos políticos.

En resumen, nada nuevo. El problema es cuando el pensamiento privado aparece en letras de molde en los periódicos. No es información real ni de mayor utilidad pero sí sirve para exponer a las personas. Un cuento llamado algo así como “El Diablo se divierte”, de un autor nacional cuyo nombre no recuerdo, trata de un paseo que realiza el Diablo por la Tierra y cómo, por puro aburrimiento, permite que la gente se lea el pensamiento. Eso es Wikileaks. No pasa de ser un motivo de diversión, pero otra cosa bien distinta sería que se conocieran los pensamientos y obras que la gente se esconde incluso de sí misma.

En definitiva, la gran novedad del año ido es poco más que pompas de jabón. El desafío es darle contenido a la transparencia y si eso sí se logra sí que será espectacular, relevante y decisivo.