RECONOCERSE

Hay algunas preconcepciones profundamente erradas en el conflicto que mantiene el Estado de Chile con algunos sectores del pueblo mapuche que están haciendo imposible avanzar hacia un entendimiento que permita terminar con la huelga de hambre de los 34 comuneros que se extiende ya casi por 80 días.

Ambas partes suponen actitudes e intenciones de la otra parte, y de esa forma es natural que surjan dudas y recelos que invalidan cualquier posibilidad de diálogo. Por eso es indispensable que Estado y huelguistas, así como el resto del país, hagan un esfuerzo por reconocer al otro y a sí mismos cómo realmente son.

Lo más evidente es algo que se ha dicho innumerables veces. Los huelguistas y las distintas personas imputadas o condenadas por delitos en la zona de la Araucanía no representan a la totalidad de los mapuches. Dicho de otra forma, y aún cuando es discutible el término, no se puede decir que los mapuches sean terroristas, así como en el pasado había que aclarar que tampoco eran delincuentes flojos ni borrachos.

Lo que sí son es un pueblo con severas dificultades para salir de la pobreza y que tiene la legítima aspiración de contar con espacios de mayor autonomía política por parte de la autoridad de un país que no sienten como propio, que aspiran a que su cultura e idiosincrasia no sean arrasadas por la globalización, como está ocurriendo con los mismos elementos de los chilenos sin que se den siquiera cuenta.

Y, especialmente, son un pueblo que tiene el derecho a exigir que se cumplan los compromisos asumidos por el Estado de Chile, tanto en declaraciones formales como en el ordenamiento constitucional y legal del país.

El Estado, por su parte, está obligado a proteger los derechos constitucionales, dentro de los cuales está el derecho a la vida, tan sagrado en el caso de los comuneros como en el de miles de mujeres que, año a año, se practican abortos en condiciones de ilegalidad y clandestinidad, sin que el Estado las persiga judicialmente ni las reprima.

Está fuera de discusión que, en Chile, una huelga de hambre llevada al extremo es ilegal y que el Estado tiene el derecho y la obligación de forzar la alimentación de las personas, pero eso no resuelve el debate sobre la legitimidad moral de una forma de lucha que le valió a Mohandas Gandhi el reconocimiento histórico mundial ni que, en más de una oportunidad ha sido eficiente desde el punto de vista de los resultados de sus protagonistas, aunque en otras ocasiones ha resultado por completo inútil. Paralelamente, existe la Declaración de Malta de la Asamblea Médica Mundial que indica que no se debe intervenir en la huelga de hambre de ninguna persona.

También parece fuera de lugar la discusión sobre lo que se ha hecho respecto al tema indígena en los veinte años de la Concertación y las responsabilidades políticas en la etapa actual del conflicto. La concertación avanzó mucho en entrega de tierras, pero no en lo esencial que es el derecho político a mayores cuotas de autonomía; y el conflicto se origina en la falta de respuestas a esta demanda pero se produjo durante la actual administración. Echarse las culpas mutuamente no tiene mayor relevancia para resolver el problema, y mucho menos si se toma en cuenta que la falta de integración de mapuches y huincas se arrastra hace siglos, desde el momento en que fueron invadidos por los conquistadores españoles y nunca hubo un proceso real de integración.

Por último, hay que señalar que todas estas aclaraciones se hacen necesarias porque, a nivel nacional, hay muchísimas distorsiones de la realidad derivadas de prejuicios centenarios. En oportunidades como estas hay que echar abajo las preconcepciones y reconocer la validez de los argumentos de cada parte, aunque en este caso la urgencia de un acuerdo afecta ese ejercicio de objetividad.

EL VASO A LA MITAD

Chile celebra doscientos años de vida independiente y aunque no ha habido mayor interés en promover un balance serio respecto a lo que ha sido este período de su historia, es oportuno hacer un análisis que inevitablemente lleva a concluir que, siguiendo el ejemplo del vaso, estamos a la mitad, y algunos verán el vaso medio lleno y otros el mismo vaso medio vacío.

Sin considerar el hecho de que la independencia real del país se declaró el 14 de febrero de 1818, y no el 18 de septiembre de 1810, algunos podrían incluso poner en cuestión que seamos realmente una nación independiente, ya que siempre hemos formado parte de algún bloque político que, de manera oficiosa, nos ha indicado qué podemos y qué no podemos hacer, y así fue como se dilapidaron cuantiosos recursos naturales en el nombre de intereses muy respetables pero distintos al nacional.

Por otro lado, podemos ufanarnos de tener una institucionalidad política y una solidez económica que son una excepción dentro de América Latina y es habitual recibir sinceros elogios de naciones desarrolladas, así como constatar el asombro del analista foráneo cuando se le informa que, al mismo tiempo, tenemos una de las peores tasas de redistribución de la riqueza, una masa de personas mal calificadas para incorporarse a los proyectos de inversión que aprovechan bien las ventajas de los mercados globalizados, una educación que impide a las personas aportar al progreso nacional y paraliza la movilidad social, además de serios retrasos en igualdad social. Ser de clase media es peor que ser pobre: quedar cesante a los 40 años afecta en gran medida la posibilidad de volver a encontrar trabajo; y los ancianos solos están condenados a la marginalidad.

Al mismo tiempo, hemos contado con el azar y una extraña fuerza de voluntad que nos han llevado a destacar en ámbitos poco habituales. La entereza frente a los terremotos y otros desastres naturales, la capacidad de hacer funcionar las máquinas con un alambre, la aparición descollante de individualidades en el campo de la cultura y las artes, e incluso en la política. Todo eso ha llevado a que un país pequeñísimo, que para todos los efectos está en el fin del mundo, atraiga la atención mundial en una medida que excede su gravitación real.

Como país, tenemos todo lo necesario para garantizar el progreso de las personas y ha sido también como país que hemos tomado las decisiones erradas que nos han impedido consolidar una sociedad más madura. Hemos tenido serias crisis y hemos pasado por durísimos enfrentamientos entre nosotros mismos, pero cuando tenemos motivos de alegría sí somos capaces de abrazarnos para celebrar, aunque al día siguiente volvamos a estar divididos y debamos lamentar que nuestros propios excesos signifiquen que, en cada una de estas oportunidades, se produzcan decenas de muertes perfectamente evitables. Si el país fuera una persona, estaría sin duda bajo tratamiento psicológico, pero así y todo seguimos adelante.

Para algunos, Chile es un modelo mundial; para otros, un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, pero a la hora del balance el país está sobre la mirada de quienes ven el vaso vacío o lleno. Posiblemente, la mejor definición la da nuestro Nicanor Parra, refiriéndose a sí mismo como un “embutido de ángel y bestia”. Pasamos de uno a otro extremo con toda naturalidad, y eso es, al final, lo que nos hace tan distinguibles para el resto del planeta.

LIBERALISMO A MEDIAS

La principal promesa del actual Gobierno era agregar eficiencia a un modelo político y económico sintonizado con el liberalismo, definido por la Real Academia como “actitud que propugna la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas” o, en su segunda acepción, como “doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa individual, y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural”.

Sin embargo, ya transcurrida la mitad del primer año del Gobierno del Presidente Piñera se está haciendo cada vez más evidente que no hay una mayor delegación en las capacidades individuales sino una concentración en el Estado de las decisiones.

Salvo el sector de la economía, en el que de todos modos ha habido una serie de interpelaciones a la responsabilidad empresarial, no hay mayor liberalismo en la vida cotidiana de las personas. El ejemplo no es ideal, pero el instructivo de la Intendencia Regional de Coquimbo respecto a la forma de vestir de sus funcionarios revela una actitud más autoritaria que liberal sobre un asunto tan personal como el atuendo. Es evidente que se puede pedir prudencia por tratarse de funcionarios públicos, pero detallar lo permitido y lo prohibido muestra más una actitud paternalista que confianza en la responsabilidad propia de cada persona, como debería ser en el caso del liberalismo.

Este mismo paternalismo estatal, sin embargo, es aplaudido en el caso de los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra, cuando el Estado es el que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizar las labores de rescate. Sin duda, después se le presentará la factura de los gastos a los dueños de la mina, pero es el Estado el que les impide asumir su responsabilidad como empresarios, independientemente de las sospechas sobre su voluntad para actuar con decisión y sentido de urgencia.

Tampoco se ha avanzado en una visión liberal de los derechos públicos y políticos. Ni se ha planteado siquiera la modificación del sistema electoral o el funcionamiento de la política, y hasta se ha reprimido la expresión del malestar ciudadano y sectorial cuando se ha intentado realizar manifestaciones públicas. Es cierto que de esa forma se ha ganado en orden, pero se ha perdido en el ejercicio de la libre expresión, que sin duda debe ser parte fundamental del liberalismo. Hasta a los damnificados del terremoto se les indica dónde vivir, sin la libertad de elegir por sí mismos.

Incluso en el ámbito de la economía, tampoco se ha avanzado significativamente en la liberalización de la iniciativa individual, como podría haberse esperado de un Gobierno que se identificaba explícitamente con el liberalismo, a diferencia de la Concertación que implementó un modelo liberal sin declararlo.

Evidentemente, cualquier Gobierno que se inicia con un terremoto tiene dificultades para poner en práctica su programa, pero con períodos presidenciales de cuatro años se precisa mayor agilidad.

EL DERECHO A LA DEFENSA

A propósito de la situación ya crítica que se está produciendo con la huelga de hambre de un grupo de prisioneros de origen mapuche, es necesario recordar algunos aspectos morales relacionados con el derecho de las personas y las comunidades a defenderse. La propia Iglesia Católica, desde tiempos feudales, reconoció el derecho a la rebelión contra la autoridad injusta y parece evidente que esa es precisamente la condición que reclaman los mapuches.

La moral considera también, y así lo hace el derecho al contemplar el derecho a la defensa personal, que el daño que se pueda provocar al agresor debe ser acorde a la magnitud de la agresión. No es lo mismo matar en defensa propia cuando la vida propia está en juego que hacerlo por un simple asalto. Para los mapuches, el arrinconamiento en sus propias tierras, la erradicación de su cultura y sus costumbres es un asunto de vida o muerte y por lo tanto su reclamo merece ser tomado en serio.

Sin embargo, no es posible aceptar que para luchar por sus derechos algunos de ellos, dentro de su desesperación, hayan resuelto realizar acciones delictuales, sin perjuicio de reconocerse al mismo tiempo que el grado de impotencia al que han llegado es fruto de doscientos años de ignorancia a sus reivindicaciones por parte del Estado.

Los mismos principios se aplican para cualquier grupo de la sociedad que se sienta amenazado y en estos tiempos de globalización, en que parece importar más la competitividad internacional que la equidad al interior del país, reconocer el derecho a la defensa debería implicar una clara advertencia sobre tensiones sociales que pueden echar por tierra las aspiraciones de que Chile se pueda incorporar de verdad al selecto círculo de los países desarrollados.

La prevención del conflicto parece estar ausente de las grandes discusiones políticas y económicas, a pesar de constituir una clara debilidad, y se tiende a reaccionar ante las presiones ciudadanas, desoyendo las críticas expresadas por medios pacíficos a través de la institucionalidad vigente, lo que también representa una amenaza porque una normativa legal que no ayuda a la resolución de las controversias va perdiendo legitimidad a los ojos de la población.

Lo que está ocurriendo con los mapuches es un síntoma más de las injusticias sociales, pero algo similar se puede decir de las demandas estudiantiles, de las quejas de las personas en su rol de consumidores, de las críticas por la calidad de los servicios públicos, y en esas condiciones cuesta motivos para el orgullo a días de conmemorarse el bicentenario.