EL JAMON DEL SANDWICH

El Partido Demócrata Cristiano chileno celebró el fin de semana pasado sus cincuenta años de existencia, asumiendo la difícil tarea de tratar de recuperar el Gobierno dentro de una alianza que siente que su papel moderador ha perdido sentido, y enfrentando a una oposición que invoca los principios del Humanismo Cristiano sólo para atraer los votos que cree que requiere para asegurar el triunfo electoral en las próximas elecciones presidenciales.

La implementación en Chile de un partido que recogiera explícitamente los postulados de la Iglesia Católica en el ámbito de la política, en la senda de lo que venía ocurriendo en Europea con medio siglo de anticipación, tuvo un importante éxito que le permitió a esta colectividad alcanzar su primer Gobierno con Frei Montalva apenas con siete años de existencia. Era una época, sin duda, en que la ideologización, la confrontación sorda de derechas e izquierdas y la existencia de una clase media vigorosa hacían necesario un partido como la DC.

El posterior advenimiento de la dictadura militar mantuvo la justificación de la DC como una colectividad moderada que permitiría suavizar el tránsito del régimen pinochetista al camino del socialismo que se había iniciado con Allende e incluso el mismo Frei Montalva, y ese rol lo cumplió exitosamente a lo largo de otros dos mandatos presidenciales.

En estos días, sin embargo, cuando derecha e izquierda parecen coincidir en la defensa del mercado y la neutralidad del Estado frente a la economía; cuando los conflictos sociales o políticos son presentados a los tribunales o a los medios de comunicación para su resolución, en lugar de disponer que el juego de las mayorías defina la verdad y la razón; cuando los políticos apelan a la ciudadanía sólo en su calidad de votantes y no consideran su condición de seres humanos, resulta necesario reflexionar acerca de la vigencia de la Democracia Cristiana.

Usualmente, cuando se hace este tipo de críticas se responde que el Humanismo Cristiano es más necesario que nunca en una sociedad hedonista y materialista, pero no es eso lo que se pone en duda sino a la Democracia Cristiana como expresión político partidista de una determinada corriente filosófica en momentos en que no es el pensamiento el que distingue a los partidos sino las estrategias del marketing.

Tradicionalmente, en Chile y el resto del mundo, la Democracia Cristiana ha sido el puente de plata que inclina la mayoría y el acceso al Gobierno de la Izquierda o la Derecha, pero cuando deja de tener justificación se convierte simplemente en el jamón del sándwich que tanto la Izquierda como la Derecha tratan de copar para consolidar su mayoría.

LA MADRE DEL CORDERO

Se ha venido planteando que la forma en que se han producido las últimas votaciones en el Senado, con parte de la Concertación en contra de las propuestas del Gobierno, significaría la aparición de una nueva forma de oposición, esta vez interna, pero se desconoce que el problema de fondo es que se ha aceptado un modelo de ordenamiento político incoherente con la idiosincrasia nacional.

Es una situación similar a la descrita por el folklorista Tito Fernández en su canción “La madre del cordero”, que describe el amor prohibido entre el hijo de los inquilinos con la hija del administrador del fundo y se resuelve finalmente con el secuestro de la novia, solucionando todos los problemas con un simple golpe de audacia.

En nuestro país, bajo el pretexto de proteger la transición a la democracia, se aceptaron las distintas modalidades de la institucionalidad pinochetista, la que a su vez fue definida por un grupo de teóricos tratando de establecer una autoridad que encauzara a los chilenos en lugar de interpretar la idiosincrasia nacional. Dentro de todas esas definiciones, una de las que menos atención ha recibido es la del exacerbado presidencialismo.

Cuando se eliminaron los senadores designados y vitalicios, sin modificar al mismo tiempo el sistema electoral binominal, se sabía que se llegaría a una situación de empate en que serían más importantes los votos de los parlamentarios de la Concertación que los de la Alianza, más aún cuando tampoco se han hecho esfuerzos por derogar las normas que establecen quórum especiales para modificar determinados cuerpos legales. Así las cosas, no parece lógico que se recurra a acusaciones de deslealtad o de personalismos para asegurar los votos de la propia Concertación, sino que lo que se debe hacer es aceptar el hecho de que el Congreso es un órgano colegislador del Gobierno y después de 17 años la democracia ya no se percibe como en riesgo y, por lo tanto, los parlamentarios sienten mayor libertad para actuar con independencia.

Si a ello se le suma que la propia Presidenta ha abierto una virtual caja de Pandora al apelar a una ciudadanía -aun indefinida y abstracta- como base de su poder político, se llega al punto en el que los parlamentarios se dan cuenta que esa ciudadanía se tiene que expresar a través de ellos, aunque eso implique desafiar al Poder Ejecutivo para alcanzar una relevancia social que justifique su existencia.

Es la eterna disputa entre presidencialismo y parlamentarismo, con todos los matices intermedios, lo que se debe resolver para garantizar una gobernabilidad que hasta hace un tiempo era posible por el propósito de consolidar la democracia. Si el Parlamento es sobrepasado por el Ejecutivo, es la ciudadanía la que se resiente; y si el Parlamento se impone al Ejecutivo, es el sistema político el que no funciona en forma adecuada. Esa es la madre del cordero.

VIVIR EN EL PINOCHETISMO

En 1990, cuando se instauró el primer Gobierno de la Concertación y se reinstaló el Parlamento, el temor de que las nuevas autoridades no pudieran completar su mandato por una acción militar llevó a la implementación de lo que se denominó “Doctrina Aylwin”, que se aplicaba a los juicios por violaciones a los derechos humanos y que consistía en que la justicia actuara “en la medida de lo posible”.

Sin embargo, se adoptó el mismo principio para los demás ámbitos de la acción gubernamental y así el proceso de democratización y la reforma del sistema económico también se hicieron “en la medida de lo posible”, incubándose a la vez el germen de lo que devendría en la pérdida de sentido para la Concertación, siendo que en forma paralela las expectativas de la ciudadanía eran que el nuevo Gobierno tendría la capacidad y voluntad de refundar la institucionalidad impuesta por el pinochetismo.

Recién al término de la gestión del ex-Presidente Ricardo Lagos se declaró que la Constitución de 1980 había terminado de ser reformada, pero se dejaron de lado diversas normas de las leyes orgánicas constitucionales que impiden que el modelo pinochetista haya terminado de manera efectiva. Así, los partidos siguen funcionando con la legislación de Pinochet; el Estado ha renunciado a un rol más activo en la regulación de la economía; y se mantienen las amarras para que el Parlamento opere como un auténtico representante de la soberanía popular.

Las expectativas ciudadanas han quedado defraudadas y el sistema democrático se encuentra incompleto porque los parlamentarios no pueden proponer proyectos de ley relevantes sin la anuencia del Gobierno, e incluso las reformas a las leyes orgánicas constitucionales exigen de un quórum superior a la mayoría, lo que obliga a contar con el apoyo de la oposición, que, como es lógico, no se obtiene a menos que las reformas sean solo parciales y no toquen los aspectos fundamentales del ordenamiento establecido por el régimen militar.

En estas circunstancias, las pretensiones reformistas y de mayor justicia social de la Concertación se estrellan con la realidad y la posibilidad de que se produzcan estallidos sociales de inconformismo están siendo antecedidos por expresiones de descontento al interior de la propia Concertación. De esa forma se explican hechos como la independencia del senador Adolfo Zaldívar, la formación del movimiento Chile Primero del senador Fernando Flores, la separación de un grupo de simpatizantes de la Democracia Cristiana en el Movimiento Humanista Cristiano, el surgimiento de los parlamentarios díscolos y la propuesta de un nuevo pacto con la Izquierda extraparlamentaria bajo la conducción del ex-ministro de Patricio Aylwin Jorge Arrate.

PASAR LA PELOTA

Llama la atención la capacidad de los políticos por aprovechar cada circunstancia de la contingencia para delegar en los demás las responsabilidades por los problemas que se producen. Si los delincuentes se fugan, es culpa de los jueces; si los proyectos de ley no se aprueban, es por causa de la oposición; y cuando se trata de iniciativas que dependen exclusivamente del Gobierno, es por deslealtad.

Siempre hay culpables, pero nunca están los que resuelven las situaciones. A modo de ejemplo, si se acusa a un senador de no acatar las ordenes de partidos, lo lógico sería establecer en la legislación las ordenes de partido, o de lo contrario asumir que los parlamentarios son autónomos a la hora de votar.

Si los jueces otorgan excesivas libertades, lo prudente es modificar la legislación pertinente en lugar de promover disputas entre los poderes del Estado. Los estados modernos se basan en la independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cualquier intromisión de uno en el otro vulnera la institucionalidad, aunque se tengan los mejores argumentos.

Si un contrincante en el juego político comete un abuso, la sanción debe ser clara, pero cuando se tiene que explicar nace la confusión y la posibilidad de que el acto de la autoridad sea interpretado, de acuerdo a la disposición favorable o contraria del público, sin que la objetividad pueda imponerse sobre los prejuicios o las animadversiones.

Si criticar a los parlamentarios o a los jueces sirve de modo exclusiva para animar la contingencia y ganar un espacio en la prensa, entonces el debate no es serio y no pasa de ser una moda similar a las controversias de la farándula, sin que los problemas se resuelvan.

Si se cuestiona la independencia de las autoridades para actuar con criterio en servicio al conjunto del país por el solo hecho de que afectan los intereses de sus partidos, entonces la conclusión lógica es que los partidos no ayudan al bien del país y este tipo de actitudes se suma al desprestigio de la clase política, sin que se requiera la ayuda de ningún actor externo a los propios políticos.

El buen funcionamiento de un país necesita gente seria y responsable y no de gente que se pasa la pelota unos a otros con el puro propósito de eludir las responsabilidades propias, y este es el factor que explica la incapacidad de Chile para progresar con decisión, a pesar de contar con todos los recursos naturales y la capacidad humana necesarios para que el sueño del desarrollo se convierta en realidad. Pasarse la pelota puede ser un deporte atractivo, que incluso puede captar la atención del público, pero no es propio de un país maduro, responsable y serio.

CUANDO EL SISTEMA POLÍTICO SE HUNDE

Si algo comparten concertacionistas y aliancistas es su apego al sistema bipolar de partidos políticos impuesto por Pinochet, sin darse cuenta que este modelo contiene dos riesgos esenciales para su existencia. En primer lugar, que al no ser coherente con la tradición nacional, que siempre consideró tres bloques (izquierda, centro y derecha), terminaría generando engendros (centro-izquierda y centro-derecha) que terminan marginando de la representación política a vastos sectores del pensamiento.

El segundo riesgo con el sistema político bipolar es que, al dejar de representar a la gente, aleja a los dirigentes políticos de la ciudadanía hasta el punto en que les interesa más conservar las cuotas de poder que pudieran tener que hacer bien su trabajo.

Así, y después de cuatro mandatos presidenciales enmarcados en un esquema de partidos bipolar, se ha llegado al punto en que la Concertación ha olvidado sus fundamentos democratizadores iniciales y la Alianza no logra encontrar los suyos, reduciéndose todo a la mayor o menor capacidad de determinados individuos por satisfacer sus legítimas aspiraciones políticas, casi con total independencia y prescindencia de los partidos políticos.

Tampoco los dos bloques relevantes han tenido la voluntad de flexibilizar el esquema bipolar, y no han permitido la participación de los partidos o movimientos pequeños o dar mayor espacios reales de libertad a la participación ciudadana. Son como un partido de fútbol de barrio en que se amenaza con llevarse la pelota a la casa para no permitir que juegue el muchacho feucho o pobretón, pero es evidente que cuando se comete un acto de prepotencia de ese tipo se envicia la el aire para los que se quedan en la cancha con la venia de los dueños de la pelota.

Incluso el cargo presidencial ya no es la culminación de una carrera política, como antes, sino apenas el premio para el que se atreve a apostar en las encuestas que han reemplazado la voluntad popular. Como en el póquer, la ganancia es para el más astuto y no para el que tiene las mejores cartas.

En estas circunstancias, algunos dirigentes ven que el sistema bipolar de partidos es como un barco que se hunde y anticipan su salida, pensando en caer mejor parados en el próximo reacomodo del sistema político. No son ratas: Son como ajedrecistas capaces de prever dos, tres o más jugadas, y si entienden que la gente no acepta que su derecho a decidir la política de un país sea monopolizado por unos pocos, que la política es dinámica, y está por lo tanto en permanente evolución, es posible incluso que pasen a ser los que se lleven el mérito de la siguiente etapa de la historia política nacional y sean recordados en el futuro como figuras heroicas.