FALTA DE PREVISION

Resulta triste constatar que el principal obstáculo para que Chile llegue a ser un país desarrollado reside en los propios chilenos. Hemos planteado antes que los ciudadanos no tienen la altura para actuar responsablemente por una suerte de infantilismo que les impide asumir sus deberes con el conjunto de la sociedad, prefiriendo acusar a las autoridades de los problemas y dedicarse a pasarlo bien, pero es justo señalar también que los encargados de conducir los destinos del país, electos para ello por todos, no son personas que se destaquen por su sabiduría y prudencia.

Así es como hay problemas que se conocen, que se sabe que en determinado momento van a detonarse, pero no se toman las medidas necesarias con la oportunidad necesaria para evitar el daño que, con seguridad, se tiene certeza que van a producir al conjunto de la población, por la sencilla razón de que tanto el Gobierno como la oposición están enfrascados en sus tareas cotidianas, a veces más preocupados de culpar a la contraparte de las responsabilidades propias que de resolver los asuntos para los que la ciudadanía les ha delegado su autoridad.

Así ocurre, por ejemplo, con el tema de la contaminación en Santiago, que es un asunto que data a lo menos de los años ’70; la carencia de la energía requerida para respaldar el crecimiento económico nacional; el marcado desequilibrio en el progreso en los distintos puntos del territorio nacional; y últimamente, la implementación del Transantiago o la pronta entrada en vigencia de las nuevas normas penales referentes a los jóvenes.

En cada uno de estos casos, y posiblemente en una lista aún más larga de situaciones que afectan la convivencia nacional y los derechos asegurados por la Constitución , existe cierto consenso en el diagnóstico de las causas de los problemas y, por lo tanto, la ciudadanía no puede comprender cómo la autoridad, teniendo todas las herramientas necesarias, no ha tenido la capacidad para atender estos asuntos y prevenir que lleguen a un grado de gravedad que signifique que lleguen virtualmente a un punto de desarrollo que los hace inmanejables.

El hecho de que algunos de estos temas se extiendan por varios gobiernos demuestra que la incapacidad para darles solución no es privativa de determinados partidos o alianzas políticas, sino que es una carencia de todo el espectro político, y por eso cada vez que uno de estos problemas detona como una situación descontrolada es inevitable que la gente responsabilice al conjunto de lo que se ha denominado la clase política.

Este fenómeno es una de las principales causas de que las posibilidades reales de salir del subdesarrollo sean sólo utopías, más destinadas a captar los votos en la siguiente elección que a responder a la realidad.

LA MAMÁ

En Chile ha sido tradicional desde los inicios de la República que el Estado sea un agente central en la promoción del desarrollo del país y la atención a las necesidades de sus habitantes. Esa visión centralista que no tiene ninguna relación con una perspectiva socialista sino que se remonta incluso en su origen a la etapa prehispánica, ha sido denominada en forma sarcástica como el “Papá Fisco”.

Sin embargo, y aunque las costumbres no se cambian por decreto, la actual Presidenta ha alcanzado el triunfo electoral cambiando la noción de un Primer Mandatario que es una suerte de encarnación de ese Fisco padre en la figura de un jefe de familia que impone orden y con su autoridad resuelve las disputas, por la de una madre.

Esta mutación no responde solo a su condición de mujer -que perdería su feminidad asumiendo el rol de padre- sino que también se corresponde a una visión más liberal de la sociedad, en la que las personas tendrían la autonomía suficiente para resolver sus propios destinos sin la permanente guía de la autoridad.

Asimismo, la autoridad podría limitarse a un rol de orientación que, sin imponer sus puntos de vista, sugeriría al conjunto de actores de la sociedad las líneas de acción que se esperan de cada uno de ellos.

El éxito de este cambio hubiera sido posible si la chilena fuera una sociedad madura y con una verdadera vocación democrática, entendida como la convicción de todos los ciudadanos sobre el respeto a los demás y de sus propias responsabilidades. Sin embargo, como en Chile aún las personas tratan de obtener los máximos beneficios con los menores esfuerzos, este experimento ha resultado un retroceso en el avance institucional del país, y hoy en día muchos esperan simplemente que el actual período presidencial se termine.

No se trata de que el próximo Primer Mandatario sea necesariamente un hombre, como espera Soledad Alvear, sino de que se recupere esa visión paternalista del Estado, de modo que todos volvamos a ser hijos menores de edad, ansiosos de ser un día adultos responsables pero aún pendientes de la palabra final del Papá Fisco porque nos permite no cargar con la responsabilidad de ser ciudadanos maduros y autónomos.

Escribo esto antes del discurso del 21 de mayo, consciente de que la Presidenta Bachelet puede dar un giro radical a su estilo de autoridad que desmorone este análisis, aunque las probabilidades derivadas de lo que va de su mandato hacen ello poco probable y a ratos pareciera que ella misma espera que termine pronto el lío en el que se metió, suponiendo que los chilenos éramos más de lo que somos en realidad.

EL PUENTE QUEBRADO

La tradición política nacional a lo largo del siglo pasado siempre mostró la existencia de tres bloques -Centro, Izquierda y Derecha-, inclinándose a menudo las responsabilidades del gobierno dependiendo de las alianzas circunstanciales que se formaran para cada elección.

Posiblemente este esquema haya tenido muchos vicios, pero el intento del régimen de Pinochet de refundar todo, como si un país se pudiera inventar por obra y gracia de un grupo de teóricos, llegando a imponerse la idea de establecer un modelo bipolar por medio del sistema electoral binominal no ha podido revertir la tendencia anclada en la tradición de los tres tercios.

Las instituciones republicanas tienen que responder a la realidad, y esta indica en el caso de Chile que la distancia entre Centro, Izquierda y Derecha parece ser insalvable para alianzas duraderas. La Concertación ha sido una excepción, y es también obra de Pinochet porque sirvió de excusa para la unión de dos corrientes que tradicionalmente fueron antagónicas. Lamentablemente, el objetivo de la democratización ya se dio por cumplido, aceptándose las imperfecciones de la institucionalidad actual, incluyendo por cierto el sistema electoral binominal que le da a la Concertación la posibilidad de continuar en el Gobierno y, al mismo tiempo, representa una obligación para mantener su unidad, a pesar de que es un hecho que en su interior existen profundas desconfianzas y desacuerdos.

Parte de las tensiones en el seno de la Concertación obedecen a la ambición de sus dirigentes por conservar el poder, en contra de la realidad que muestra que en Chile siguen existiendo los tradicionales tres tercios.

El modelo bipolar sólo puede subsistir en la medida que exista un partido de Centro fuerte que fuerce a la Izquierda a la moderación para conservar la unidad, pero desde el momento en que la Democracia Cristiana ha ido perdiendo peso electoral los sectores de la Izquierda dentro de la Concertación se han sentido más libres para gobernar de acuerdo a su verdadera doctrina, asumiendo como un hecho la perpetuación de la Concertación en el poder.

Cuando la DC pierde su efectividad, todo el sistema político genera una presión por habilitar un nuevo Centro, y es sólo en ese sentido que se puede entender el surgimiento de grupos como el Movimiento Humanista Cristiano, que agrupó a los DC que prefirieron la opción presidencial de Sebastián Piñera, o más recientemente del Chile Primero que, bajo la conducción del senador Fernando Flores, pretende renovar la forma de hacer política en Chile y dar una salida al ahogo en que se encuentra la Concertación, aunque ello llegue a significar su disolución y el surgimiento de una nueva alianza partidista.

FORMAS Y FONDOS

El ex-presidente Ricardo Lagos, luego de semanas de críticas por su silencio respecto a sus eventuales responsabilidades al menos políticas en los diversos problemas que enfrenta la actual administración por iniciativas originadas durante su mandato, salió finalmente al ruedo acusando las críticas como aprovechamiento político y pidiendo más respeto por la institución que es la Presidencia de la República.

Esta aparición tiene dos errores que es conveniente apuntar. El primero -que puede parecer menor pero que debería resultar molesto a la mitad de los chilenos- es el afán ligeramente machista de proteger a la Presidenta Bachelet, como si ella no pudiera defenderse sola. Si no puede o no quiere hacerlo es una señal de falta de liderazgo a la que no ayuda la intervención de Lagos.

Sin embargo, el segundo error es claramente más grave porque Lagos, al pedir respeto por la institución de la Presidencia de la República, está privilegiando la forma al fondo. Es evidente que hay que respetar al ciudadano que ostenta el cargo de Presidente y que no se le puede “mandar a la punta del cerro”, del mismo que no se debe hacer con ninguna otra persona, pero el primer llamado a respetar la institución es el ciudadano que ha sido honrado por los electores para ejercer el cargo de Presidente, y no cumplir eficazmente con las responsabilidades del puesto durante el tiempo que se ostenta o después de haberlo ostentado puede ser considerado también una falta de respeto.

Las instituciones republicanas son importantes, pero más importante aún es que la República cumpla los méritos que debe tener para ser un modelo de ordenamiento político legítimo para todos los ciudadanos. Si el haber sido Presidente permite eludir las críticas y acusaciones, no se está honrando el cargo sino valiéndose del mismo para asumir una posición de privilegio frente a los demás compatriotas.

Del mismo modo, tampoco se protege la República cuando, como contraparte a los que intentan salvarse de la crítica, sólo se critica sin respeto a ciertas formalidades, asumiendo que la gente le interesa exclusivamente el fondo de las cosas sin tomar en cuenta otras consideraciones como el prestigio de las personas. Las autoridades tienen un aura de protección frente a las acusaciones, y por ello cuando se les reprochan sus eventuales faltas debe tratarse de asuntos serios, con una base mínima de veracidad y comprobables. Como en el cuento de Pedrito y el lobo, las alarmas sólo se deben activar cuando son ciertas porque el abuso termina desprestigiando al acusador más que al acusado. Y entre las formas y el fondo debe haber un equilibrio, y son los actores de la política los encargados de alcanzar el punto de balance.