FALTA DE PREVISION
Resulta triste constatar que el principal obstáculo para que Chile llegue a ser un país desarrollado reside en los propios chilenos. Hemos planteado antes que los ciudadanos no tienen la altura para actuar responsablemente por una suerte de infantilismo que les impide asumir sus deberes con el conjunto de la sociedad, prefiriendo acusar a las autoridades de los problemas y dedicarse a pasarlo bien, pero es justo señalar también que los encargados de conducir los destinos del país, electos para ello por todos, no son personas que se destaquen por su sabiduría y prudencia.
Así es como hay problemas que se conocen, que se sabe que en determinado momento van a detonarse, pero no se toman las medidas necesarias con la oportunidad necesaria para evitar el daño que, con seguridad, se tiene certeza que van a producir al conjunto de la población, por la sencilla razón de que tanto el Gobierno como la oposición están enfrascados en sus tareas cotidianas, a veces más preocupados de culpar a la contraparte de las responsabilidades propias que de resolver los asuntos para los que la ciudadanía les ha delegado su autoridad.
Así ocurre, por ejemplo, con el tema de la contaminación en Santiago, que es un asunto que data a lo menos de los años ’70; la carencia de la energía requerida para respaldar el crecimiento económico nacional; el marcado desequilibrio en el progreso en los distintos puntos del territorio nacional; y últimamente, la implementación del Transantiago o la pronta entrada en vigencia de las nuevas normas penales referentes a los jóvenes.
En cada uno de estos casos, y posiblemente en una lista aún más larga de situaciones que afectan la convivencia nacional y los derechos asegurados por la Constitución , existe cierto consenso en el diagnóstico de las causas de los problemas y, por lo tanto, la ciudadanía no puede comprender cómo la autoridad, teniendo todas las herramientas necesarias, no ha tenido la capacidad para atender estos asuntos y prevenir que lleguen a un grado de gravedad que signifique que lleguen virtualmente a un punto de desarrollo que los hace inmanejables.
El hecho de que algunos de estos temas se extiendan por varios gobiernos demuestra que la incapacidad para darles solución no es privativa de determinados partidos o alianzas políticas, sino que es una carencia de todo el espectro político, y por eso cada vez que uno de estos problemas detona como una situación descontrolada es inevitable que la gente responsabilice al conjunto de lo que se ha denominado la clase política.
Este fenómeno es una de las principales causas de que las posibilidades reales de salir del subdesarrollo sean sólo utopías, más destinadas a captar los votos en la siguiente elección que a responder a la realidad.
Así es como hay problemas que se conocen, que se sabe que en determinado momento van a detonarse, pero no se toman las medidas necesarias con la oportunidad necesaria para evitar el daño que, con seguridad, se tiene certeza que van a producir al conjunto de la población, por la sencilla razón de que tanto el Gobierno como la oposición están enfrascados en sus tareas cotidianas, a veces más preocupados de culpar a la contraparte de las responsabilidades propias que de resolver los asuntos para los que la ciudadanía les ha delegado su autoridad.
Así ocurre, por ejemplo, con el tema de la contaminación en Santiago, que es un asunto que data a lo menos de los años ’70; la carencia de la energía requerida para respaldar el crecimiento económico nacional; el marcado desequilibrio en el progreso en los distintos puntos del territorio nacional; y últimamente, la implementación del Transantiago o la pronta entrada en vigencia de las nuevas normas penales referentes a los jóvenes.
En cada uno de estos casos, y posiblemente en una lista aún más larga de situaciones que afectan la convivencia nacional y los derechos asegurados por la Constitución , existe cierto consenso en el diagnóstico de las causas de los problemas y, por lo tanto, la ciudadanía no puede comprender cómo la autoridad, teniendo todas las herramientas necesarias, no ha tenido la capacidad para atender estos asuntos y prevenir que lleguen a un grado de gravedad que signifique que lleguen virtualmente a un punto de desarrollo que los hace inmanejables.
El hecho de que algunos de estos temas se extiendan por varios gobiernos demuestra que la incapacidad para darles solución no es privativa de determinados partidos o alianzas políticas, sino que es una carencia de todo el espectro político, y por eso cada vez que uno de estos problemas detona como una situación descontrolada es inevitable que la gente responsabilice al conjunto de lo que se ha denominado la clase política.
Este fenómeno es una de las principales causas de que las posibilidades reales de salir del subdesarrollo sean sólo utopías, más destinadas a captar los votos en la siguiente elección que a responder a la realidad.
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