La Responsabilidad Republicana

   

Lo ocurrido con el Instituto Nacional de Estadísticas no sólo es grave porque se ha dado información incompleta sobre todo el país, adulterando los antecedentes que se requieren para planificar los programas sociales ni porque su director haya intentado ocultar su ineficiencia, sino, sobre todo las cosas, porque se pone en duda el prestigio de una de las instituciones que más respeto generaba entre los chilenos.

   Si al escándalo desatado por la ligereza con que se realizó y se analizaron los datos del censo del 2012 se suman los crecientes cuestionamientos respecto al cálculo de la inflación, ya se termina por poner al borde del fracaso toda la seriedad que aportó el INE durante décadas-

   Una cosa es el error o el abuso político, pero en lo que siempre hubo coincidencia entre los gobiernos de todos los signos ideológicos era que determinadas instituciones debían ser eficientes y no se podían prestar a malabarismos exclusivamente destinados a demostrar una capacidad técnica que resultó ser irreal.

   Ya se había causado un fuerte daño a la credibilidad de las instituciones cuando el Servicio de Impuestos Internos condonó una deuda millonaria a una empresa vinculada con el director de este organismo.   Igual que en el caso del INE, no se requiere que un hecho sea delito para que cause un deterioro de las instituciones.

   Es curioso que estas situaciones se produzcan bajo un gobierno que se caracteriza por su apego al orden y que probablemente tiene a Diego Portales como emblema de la probidad de la autoridad, el mismo que dijo alguna vez “¡Desgraciado país!, se ha perdido cuanto se ha trabajado por su mejoramiento.”

   Las instituciones hay que cuidarlas con extremo celo porque una vez manchada su reputación cuesta muchísimo tiempo volver a recuperar su prestigio, y eso implica una responsabilidad mucho mayor con el país que hacer todo lo posible para conservar o conquistar el poder político.

   Se debe entender que los países son más que la suma de sus habitantes porque conforman una entidad por sí mismos.  La república es la forma en que se organizan los países y tiene existencia por sí misma, pero depende de lo que hagan con ella las personas que conforman la comunidad.   Se puede discutir mucho de una cosa y de otra, pero la base de la sociedad es que las instituciones funcionen y responden a las necesidades de la gente.  Si no se cumple con ese propósito, todo el tejido social queda expuesto al riesgo.

Guerra

   

A pesar de su habitual lenguaje florido, esta vez causaron impresión las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, luego de la destitución del ahora ex-ministro Beyer, en cuanto a que “la guerra está declarada”, en respuesta a la votación opositora en este tema, pero la verdad es que no es nada nuevo, a pesar de que más de alguno reaccionara con temor.

   En la historia nacional siempre ha habido un enfrentamiento duro entre facciones políticas adversas, desde O’Higinnistas y Carreristas, Pipiolos y Pelucones.   En el Gobierno de Frei padre, por ejemplo, los partidos de la Unidad Popular rechazaron la posibilidad de apoyar al candidato DC en las elecciones siguientes con el famoso “Con Tomic ni a misa”.

   La guerra civil contra Balmaceda es el único de estos enfrentamientos que calificaría como una guerra, porque lo ocurrido durante la dictadura no fue una guerra ni se trataba de una disputa por razones ideológicas, sino de la recuperación de la democracia.

   Tampoco hubo guerra cuando los mismos que defienden a Beyer aprovecharon exactamente la misma institucionalidad para destituir a la entonces ministra Yasna Provoste.

   Guerra es cuando hay dos bandos armados disparándose con balas de verdad. Lo que hay es una disputa política y nada más.   No hay que exagerar.   Y menos cuando el primo del ministro es el amigo del cuñado del senador y al final todos se encuentran en el matrimonio de la hija del dirigente de los empresarios con el hijo del juez.  En Chile rige una democracia en la que los puestos altos difícilmente son accesibles para quien no pertenece a alguna de las familias tradicionales de la política nacional, y no es posible una guerra entre familiares.   Pueden dejar de hablarse los hermanos, los padres y los hijos, pero nunca llegan a las armas, así que hay distinguir las declaraciones de Carlos Larraín como una muestra más de su ininteligible sentido del humor.

   Otra cosa que hay que considerar además es que, pese a todas las manifestaciones rimbombantes de unos y otros, en esencia Gobierno y oposición coinciden en muchos asuntos, comenzando por entronizar la valoración de la economía de mercado como valor superior a la política.   Mientras los que se oponen a esa visión no alcancen el poder, no hay posibilidades reales de disputas políticas en serio y todo se reduce a poner más o menos énfasis en asuntos puntuales, como las políticas sociales, pero la esencia del modelo chileno se mantendrá intacta y la estructura política seguirá sin muchas mutaciones, incluyendo las bravatas.

Nueva Constitución y Asamblea Constituyente

            Las declaraciones de la precandidata Michelle Bachelet indicando que “creo que es necesario plantearse una nueva Constitución” reavivaron el debate por la idea de dictar una nueva Carta Fundamental y, obviamente, la forma de llegar a ese resultado.

            Para realizar un buen debate, es pertinente preguntarse de qué se trata.  Se ha dicho muchas veces que la Constitución actual es ilegítima en su origen, pero la Concertación le hizo todas las reformas posibles para hacerla propia y terminó con el entonces Presidente Lagos poniéndole su firma en lugar de la de Pinochet.  ¿No era eso señal de que se habían terminado las reformas necesarias?

            Ahora, si se le pregunta a cualquier dirigente de la Concertación sobre las razones de promover una nueva Constitución responden que hay que cambiar el sistema electoral binominal y los quórums exigidos para que el Parlamento pueda hacer reformas.  Si son sólo dos artículos, ¿para qué reemplazar toda la Constitución?

            Lo que no se dice, porque esa es la discusión de fondo, es que la Constitución define un modelo de país y de sistema político.   Un estado administrativamente descentralizado pero unitario, una república presidencialista en la que, en los hechos, opera una democracia representativa, con la clásica separación de los tres poderes del Estado, con un Tribunal Constitucional que tiene la facultad de anular lo obrado por el Congreso y un Banco Central autónomo que puede implementar una política económica divergente de la voluntad de las autoridades, entre otras cosas, y la adscripción aunque no explícita al modelo de economía de mercado.

            En cuanto a la Asamblea Constituyente, ¿qué validez tendría si sus integrantes se eligen con el mismo sistema electoral binominal?  ¿Existe en la actualidad la disposición del Congreso a validar su convocatoria mediante las reformas pertinentes y a establecer un mecanismo distinto de integración?   Cuando se habla de Asamblea Constituyente muchos parecen pensar en que el propio pueblo, autoconvocado y autoorganizado, se haría cargo de asumir la tarea de redactar una nueva Constitución, lo que parece del todo impracticable, a menos que se prescindiera de los partidos políticos, lo que significaría casi una revolución.

            En definitiva, hay muchas suposiciones y áreas sin despejar aún como para pensar tampoco en que sea factible una nueva Constitución en el mediano plazo, lo que hace sospechar de la real voluntad de los dirigentes políticos que se declaran como partidarios de este paso y permite pensar que estas propuestas no pasan de ser un slogan más para la campaña presidencial que se acerca.

Ser o no ser

            El episodio de la candidata Bachelet rehusando con un “paso” responder al emplazamiento para que se haga cargo de lo bueno y lo malo de su gobierno, junto al esperable y lógico aprovechamiento de los demás candidatos para sacar ventajas de la situación, demuestra con toda claridad que los postulantes a La Moneda entienden perfectamente el poder de la opinión pública expresado a través de las redes sociales o, por lo menos, han terminado de entenderlo por las reacciones a este capítulo en particular.

            La comprensión del fenómeno de las redes sociales es un asunto enteramente distinto del convencimiento que pueda existir respecto de que es necesario hacer caso a la expresión de las opiniones de la gente, porque hay que tener siempre presente que en política los actos no siempre coinciden con las declaraciones explícitas que se hagan sobre la materia, pero son los actos los que representan realmente el pensamiento de los dirigentes políticos.

            Hay que recordar asimismo que aún no está demostrado que estas herramientas proporcionadas por las redes sociales -sobre todo Twitter y Facebook- sirvan para que la voluntad mayoritaria de la ciudadanía se imponga efectivamente a la clase política, aunque los teóricos de las comunicaciones y de la política tengan ya asimilado que, por lo menos hasta ahora, todo indica que la evolución va en ese sentido y la sustitución de la democracia representativa por una democracia participativa.

            Sí está demostrado que la organización de la gente a través de estas redes sí sirve para conseguir resultados concretos en asuntos específicos, pero también es evidente que no siempre se obtiene la participación de las personas ni se obtienen resultados objetivos, y otra cosa muy distinta por su complejidad es poder constituirse en un factor decisivo para una elección presidencial, en especial en un país en el que, como en muchas otras naciones, el electorado se ha acostumbrado a votar por lo que se llama el “mal menor”.   Como es poco frecuente que un candidato despierte un entusiasmo mayoritario de la ciudadanía, resulta electo en definitiva el que despierta menos recelos, que no es lo mismo que una adhesión sincera ni mucho menos un respaldo entusiasta.

            Lo que está en cuestión es si en esta elección presidencial el peso de las redes sociales será advertido o seguirá siendo una aspiración aún no concretada de los partidarios de estas nuevas formas de comunicación social, que se desarrollan al margen de los medios de prensa tradicionales y, por supuesto, de la institucionalidad de los partidos políticos.  El riesgo es que, si no resultan gravitantes, las redes sociales pierdan el impulso que han demostrado hasta ahora y se restrinjan las alternativas para la renovación de la política.  Esa es la cuestión.  Ser o no ser.