Nueva Constitución y Asamblea Constituyente
Las
declaraciones de la precandidata Michelle Bachelet indicando que “creo que es necesario plantearse una
nueva Constitución” reavivaron el debate por la idea de dictar una nueva Carta
Fundamental y, obviamente, la forma de llegar a ese resultado.
Para realizar un buen debate, es
pertinente preguntarse de qué se trata.
Se ha dicho muchas veces que la Constitución actual es ilegítima en su
origen, pero la Concertación le hizo todas las reformas posibles para hacerla
propia y terminó con el entonces Presidente Lagos poniéndole su firma en lugar
de la de Pinochet. ¿No era eso señal de
que se habían terminado las reformas necesarias?
Ahora, si se le pregunta a cualquier
dirigente de la Concertación sobre las razones de promover una nueva
Constitución responden que hay que cambiar el sistema electoral binominal y los
quórums exigidos para que el Parlamento pueda hacer reformas. Si son sólo dos artículos, ¿para qué reemplazar
toda la Constitución?
Lo que no se dice, porque esa es la
discusión de fondo, es que la Constitución define un modelo de país y de
sistema político. Un estado
administrativamente descentralizado pero unitario, una república
presidencialista en la que, en los hechos, opera una democracia representativa,
con la clásica separación de los tres poderes del Estado, con un Tribunal
Constitucional que tiene la facultad de anular lo obrado por el Congreso y un
Banco Central autónomo que puede implementar una política económica divergente
de la voluntad de las autoridades, entre otras cosas, y la adscripción aunque
no explícita al modelo de economía de mercado.
En cuanto a la Asamblea
Constituyente, ¿qué validez tendría si sus integrantes se eligen con el mismo
sistema electoral binominal? ¿Existe en
la actualidad la disposición del Congreso a validar su convocatoria mediante
las reformas pertinentes y a establecer un mecanismo distinto de
integración? Cuando se habla de
Asamblea Constituyente muchos parecen pensar en que el propio pueblo, autoconvocado
y autoorganizado, se haría cargo de asumir la tarea de redactar una nueva
Constitución, lo que parece del todo impracticable, a menos que se prescindiera
de los partidos políticos, lo que significaría casi una revolución.
En definitiva, hay muchas
suposiciones y áreas sin despejar aún como para pensar tampoco en que sea
factible una nueva Constitución en el mediano plazo, lo que hace sospechar de
la real voluntad de los dirigentes políticos que se declaran como partidarios
de este paso y permite pensar que estas propuestas no pasan de ser un slogan
más para la campaña presidencial que se acerca.
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