El Ministro y el Senador se van de lengua

Nadie puede negar que las autoridades son, al mismo tiempo, ciudadanos, con todos sus derechos, por lo que nadie le puede negar al senador Fulvio Rossi su derecho a fumarse un pito de marihuana de vez en cuando, ni nadie puede tampoco negarle el derecho al ministro de Justicia Teodoro Ribera a tener un arma de fuego en su casa.


Ambos cumplen estrictamente con las libertades y restricciones legales, pero resulta que los dos son, al mismo tiempo, autoridades y tienen responsabilidades adicionales a las que tienen los ciudadanos comunes, y desde ese punto de vista no se puede dejar de decir que hablaron más de lo necesario y cometieron el error de hacer públicas cosas que hubiera sido mejor dejar en el ámbito de lo privado.

Nuestro país es sumamente legalista -de hecho García Márquez comentó alguna vez, certeramente, que Chile es el único país que conocía en el que se vendían las leyes en la calle, como si fueran periódicos- y tiene al mismo tiempo la rara condición de sobrevalorar las leyes, como si con su sola promulgación se resolvieran los problemas.

Pero ocurre que los problemas no se resuelven sólo con leyes, sino que requieren además una tarea pedagógica, en la que las autoridades son las primeras que deben predicar con el ejemplo.

Si desde hace años el Estado está empeñado en controlar el uso de armas por parte de privados -se ha informado que hay 750 mil armas, contando sólo las registradas- resulta llamativo que sea el Ministro de Justicia precisamente el que declare en tono ufano que tiene su pistola.

Puede ser más grave aún lo ocurrido con Rossi. Como senador, está obligado a cumplir la Constitución y las leyes y, como lo sabe, fue muy cuidadoso en aclarar que lo suyo era estrictamente consumo privado de marihuana, es decir una conducta perfectamente legal, porque de otra manera podría perder el cargo.

Lo que omitió es que, como senador, tiene la obligación de denunciar a quien trafique con drogas, que sí es delito. Es decir, debería poner a disposición de la justicia a ese amigo que, puntualmente cada quince días, le regala su pito.

Y aún más grave todavía es que, cuando trataba de explicarse, argumentara que no le veía sentido a cumplir con normas que no comparte. O sea, si se sigue su ejemplo, cualquiera puede hacer lo que quiera, sin acatar las leyes que puedan no gustarnos. Su deber como parlamentario es tratar de modificar las leyes que no le agradan, pero mientras no ocurra ello, tiene que cumplir con ellas. Para eso somos un país legalista y él es un legislador.

Otra cosa es que se promueva la legalización de la marihuana, y en eso está en todo su derecho y nadie se lo puede desconocer.

El pacto electoral

Es curioso. En estos días, el senador de la UDI Hernán Larraín pidió mayor coordinación entre los partidos de Gobierno, argumentando que no era bueno que la UDI y RN se mantuvieran su entendimiento sólo en el nivel de un pacto electoral.


Y es curioso porque es difícil suponer que puedan ser algo más que eso, así como resulta improbable pensar que los partidos de la Concertación puedan volver a ser un pacto político, como lo fueron en sus comienzos, y que no se conformen con un entendimiento simplemente electoral, que ya es algo que les está resultando bastante difícil.

Hay que entender que un pacto político es cuando dos o más partidos confluyen en un acuerdo permanente para impulsar la realización de proyectos en los que coinciden. Un pacto electoral, en cambio, es simplemente un entendimiento destinado a potenciarse mutuamente cuando se trata de enfrentar las elecciones, sobre todo con un sistema binominal como el chileno, que obliga a la conformación de grandes bloques.

Es curioso también porque fue la UDI uno de los principales responsables -y defensores- del sistema electoral binominal y debieron saber que este modelo obliga a los socios en una elección a competir primero entre ellos y luego con los adversarios políticos. Un mínimo sentido común indica también que, una vez desatada la competencia, resulta difícil forjar amistades y lealtades reales.

Por eso es que resulta curioso ahora que una de las principales figuras de la UDI se queje que la Alianza por Chile sea sólo un pacto electoral, como si pretendiera que se avance hacia una unidad institucionalizada de los dos partidos ¿en una sola colectividad, como se insinuó alguna vez en la Concertación sin que casi nadie se entusiasmara con la idea?

El único intento verdaderamente serio de forjar una unidad total de los distintos pensamientos en la Derecha fue con la fundación de Renovación Nacional, en abril de 1987, con el fin de enfrentar el plebiscito del año siguiente, pero la unidad sólo duró cuatro meses porque en agosto los gremialistas se retiraron, con cierto nivel de escándalo, para fundar la Unión Demócrata Independiente. Hace un cuarto de siglo entonces que es evidente que se trata de dos colectividades con pensamientos diferentes, unidas sólo por algunos elementos comunes y la necesidad de competir electoralmente.

Resulta ilusorio esperar que RN y la UDI sean algo más que un pacto electoral o que la Concertación sea algo más que un pacto de la misma naturaleza, o que el entendimiento entre la Concertación y el Partido Comunista pueda sustentarse en algo más que el interés por conquistar el poder.

El rito anual

A quienes creen que cada vez que se discute el reajuste del salario mínimo en Chile existe la posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo se pueda modificar, hay que decirles que viven en la más completa de las inocencias.


En los hechos, la tramitación de este proyecto, al igual que el reajuste de las remuneraciones del sector público y cualquier iniciativa que signifique un gasto para el Fisco depende casi exclusivamente de la voluntad del Gobierno y todas las declaraciones, amenazas, chantajes y promesas son solamente parte de un ritual que se repite todos los años, desde 1990, con un libreto con pocas variaciones.

En esta representación, senadores y diputados se quejan de lo exiguo de los reajustes, los gremios afectados se quejan de la poca consideración de las autoridades con sus necesidades y los representantes del Gobierno se quejan de la poca comprensión de parlamentarios y ciudadanía, y aseguran que toman sus decisiones en base al bien común y la responsabilidad con que se debe conducir la economía.

Desde la Constitución de 1980, el Congreso Nacional sólo puede aceptar, rechazar o reducir los gastos propuestos por el Gobierno, pero no aumentarlos, como tampoco puede proponer proyectos de ley que signifiquen un gasto adicional, aunque sea por un solo peso.

Así las cosas, cuando se presenta el proyecto del salario mínimo, siempre hay una primera negociación en la que el Ministro de Hacienda demuestra su sensibilidad social y su magnánima comprensión, y otorga un par de miles de pesos. Después de esa fase no se hace ninguna concesión más y se pasa a la etapa en la que el Ejecutivo preconiza a los cuatro vientos que los parlamentarios serán los responsables si no hay ningún reajuste porque si se rechaza el proyecto sigue vigente el valor del salario mínimo del año anterior y el asunto no se puede volver a tratar hasta que pase un año, gracias a la Constitución de 1980.

En ese punto, los parlamentarios terminan cediendo al proyecto del Gobierno y aseguran que nunca más volverán a someterse a la voluntad del Ejecutivo, hasta el año siguiente.

Esos son los hechos concretos y lo demás es parte del ritual que se repite año a año: Senadores y diputados se quejan de lo exiguo de los reajustes, los gremios afectados se quejan de la poca consideración de las autoridades con sus necesidades y los representantes del Gobierno se quejan de la poca comprensión de parlamentarios y ciudadanía, y aseguran que toman sus decisiones en base al bien común y la responsabilidad con que se debe conducir la economía.

Los grandes y los chicos

La proximidad de las elecciones municipales está sirviendo para comprender de mejor forma la real voluntad de las fuerzas políticas por reconocer y adecuarse a las cambiantes condiciones del país. En este sentido, la elección en la comuna de Santiago suele tomarse como una muestra de lo que ocurre en el resto del país, y en esta ocasión se puede comprobar, una vez más, la escasa disposición de los llamados partidos “grandes” para acoger las demandas de los partidos “chicos”, que en algunos casos no alcanzan siquiera a ser partidos sino que quedan en la calidad de movimientos.


En Santiago se enfrentan por la alcaldía dos personas que tienen características de simbólicas de sus respectivas coaliciones: El actual alcalde UDI Pablo Zalaquett y la ex-presidenta del PPD Carolina Tohá. Alianza por Chile y Concertación, en una batalla que se prevé altamente competitiva y estrecha, hasta que los “chicos” anunciaron la posibilidad de llevar un candidato propio, que saldría de la terna integrada por el ecologista Luis Mariano Rendón, el urbanista Patricio Herman y el ex-intendente ex-DC Marcelo Trivelli.

Sumas y restas fáciles de hacer advirtieron de inmediato que una tercera candidatura implicaba el casi automático triunfo de Zalaquett, luego comienzan a surgir los llamados para que los “chicos” no compitan. El argumento es sencillo: Que no gane la Derecha, aunque se puede traducir en “dejen ganar a la Concertación”. Hasta la ex-Presidenta Bachelet, desde Nueva York, parece preocupada y le da un espaldarazo a Carolina Tohá por ser mujer.

Los “chicos” no se inmutan porque no tienen un ápice de interés en que gane Tohá, por la sencilla razón de que están hartos de que la torta se la repartan solo las coaliciones “grandes”, y ese raciocinio le resulta incomprensible a los “grandes”, por la sencilla razón de que no comprenden que los “chicos” no reconozcan su capacidad de hacer esta vez lo que no hicieron en veinte años.

Hay que decir que una candidatura alternativa a los dos grandes bloques le resta votación a ambos, pero como en este caso la más afectada sería Tohá, Zalaquett no dice nada, por mucho que él o cualquier candidato de la Derecha en otra comuna también podría verse perjudicado porque perfectamente la situación podría ser a la inversa. No es un asunto ideológico sino de cansancio ciudadano con la idea de que sólo se reparta el poder entre los grandes.

Por otra parte, los “chicos” no entienden que la Concertación pacte con el Partido Comunista “para compensar las injusticias del binominal” pero ni siquiera quieren conversar con, por ejemplo, el PRO, o que sus representantes quieran sacarse la foto con las organizaciones sociales para después olvidarse de ellos. En esas condiciones, resulta imposible pedirle a los “chicos” que les hagan favores a los “grandes” sin llegar a la presión de poner en riesgo los resultados electorales de la Concertación.

Canibalismo

Siempre se ha planteado la tesis de que la Derecha en Chile tiene el comportamiento de un caníbal y destruye cualquier liderazgo que pudiera surgir, como consecuencia de su falta de capacidad para organizarse y para respetar a sus líderes, pero aparentemente esta situación se ha revertido y, aunque no se puede decir que la Derecha tenga una convivencia completamente pacífica en su interior, es la Concertación la que ha venido adoptando últimamente una conducta caníbal.


Como muestra, el fuerte ataque del precandidato presidencial Andrés Velasco al senador Guido Girardi, seguido por toma de posiciones en torno a la validez de las denuncias, como si fuera algo novedoso. No es la primera vez que se sabe de conductas impropias del parlamentario del PPD ni que se hacen reportajes sobre sus redes de influencia, ni es tampoco la primera oportunidad en la que alguien trata de ganar un espacio en la prensa a costa de desprestigiar al “villano” para aparecer como el “bueno” de la película, como lo hizo Andrés Velasco en este caso.

A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad todos los que fueron entrevistados por la prensa que quería ahondar en el tema, dieron prestos sus testimonios en uno u otro sentido, abriéndose una especie de temporada de caza, en lugar de las defensas cerradas de antaño.

Lo que es novedoso entonces es que la Concertación, aunque estuviera unida apenas con saliva, no daba antes muestras públicas de sus desavenencias ni de que esas fueran tan enconadas. Es como si la cercanía de las elecciones generara un escenario en el que más vale salvarse uno que salvar a todo el grupo.

Cualquier coalición que se mantiene en el gobierno por veinte años, como lo hizo la Concertación, tiene invariablemente una larga lista de episodios oscuros que no debería sacar a la luz pública ni al escrutinio de la ciudadanía. Es lo lógico.

Lo que ocurre en esta ocasión es que la Concertación aún no logra comprender del todo las razones de su derrota electoral hace dos años ya, y trata de buscar la forma de recuperar su credibilidad ante los votantes, aunque lo haga de una manera antropófaga porque la necesidad de recuperar el poder parece ser más fuerte que la unidad que tanto exhibía como una de sus principales virtudes. Es el viejo “abandonen el barco”, con la esperanza de rescatar las tablas suficientes para construir una nueva embarcación.

Si esta estrategia es o no la apropiada lo dirán los votantes, pero lo concreto es que, como lo dijo Ricardo Lagos dentro de la serie de diatribas lanzadas en estos días, no basta con que Michelle Bachelet vuelva al país para reordenar a una Concertación que parece más deteriorada que nunca.