EL PRIMER CIUDADANO

Cualquiera puede mentir, cualquiera puede tener una pana, cualquier puede querer hacer lo que se le antoje en su tiempo libre, incluso el Presidente de la República, pero lo que no puede hacer es justificar en la pretensión de que es un ciudadano común y corriente, igual que todos los demás.

Lo es y no lo es. Como persona, sin duda, es uno más, expuesto a las mismas responsabilidades y deberes, sujeto a la acción de la Justicia cuando cometa deliltos y/o faltas y al escarnio de los demás cuando queda en ridículo. Pero como Presidente de la República encarna al Estado y eso exige un sentido de la responsabilidad distinto.

El Presidente no es el Estado, al menos en el sentido monárquico que se suele tener en la imaginación, pero sí es el principal actor del país, la mayor autoridad, aquella que decide por los demás en materias de suma importancia y, como tal, es también el primer maestro de la sociedad.

Si el Presidente miente sobre un potencial accidente y, aparentemente, logra que sus subordinados respalde su versión de los hechos a pesar de la evidencia objetiva mostrada por los medios de comunicación, no tendría nada de malo entonces que cualquier ciudadano protagonice un accidente de tránsito e incluso cometa un delito y se excuse diciendo que no fue él, que fue otro, que lo que parece no es. Sometido a un tribunal, esa persona podría argumentar además que si el Presidente de la República lo hace y declara que es un ciudadano más, él mismo que sí es un ciudadano más tiene derecho a las mismas prerrogativas del Primer Mandatario.

Sin duda, el Presidente de la República tiene responsabilidades adicionales a las que tienen los gobernados, y no todas están exhaustiva y explícitamente escritas en las normas legales.

Para eso tiene que actuar con criterio y sentido común. A menos que cometa un delito, es realista suponer que ningún tribunal lo va a sancionar por mentir o por no actuar en resguardo de su vida y su integridad física. Eso no está establecido en la ley, pero sí recibe una sanción social. Cuando es esperable que la principal autoridad del país proporcione periódicamente motivos para la burla, es la institución de la Presidencia, la del Gobierno mismo y de la democracia, la que se debilita y eso es una responsabilidad política -no legal- exigible por todos los ciudadanos. Cuando el Presidente cree que puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida, especialmente en sus ratos libres, es la moral pública la que se ve perjudicada y eso sí que marca una diferencia innegable entre él y los demás ciudadanos.