PERDER PARA GANAR

La Concertación enfrenta un conflicto en el que la opinión ciudadana tiene poca relevancia, ya que colocar a los precandidatos presidenciales en el escenario de una elección primaria para resolver el abanderado único de la coalición no asegura que el nominado represente la mejor estrategia para optar a un quinto período presidencial.

De acuerdo a las estimaciones, y considerando que los candidatos competitivos son, hasta el momento, José Miguel Insulza y Eduardo Frei, las encuestas permiten suponer que, al menos, Frei no tiene la victoria asegurada, y esto es tanto por las preferencias ciudadanas como por la capacidad de los partidos de movilizar a las personas que deban sufragar en las primarias, considerando en especial que este es un acto estrictamente voluntario.

Si uno se atiene a la fuerza electoral de cada colectividad, la Democracia Cristiana tiene menos votos que la suma del PS, el PPD y los radicales, y esa es la razón de que la candidatura de Frei esté afanosamente empeñada en obtener respaldos al interior de las colectividades que, por su posición doctrinaria, debieran apoyar a Insulza.

Sin considerar los daños que la tensión propia de una competencia generarían, la posibilidad de que Insulza se convierta en el candidato único de la Concertación implica dos riesgos serios, que justifican no recurrir a la voluntad ciudadana para dirimir la situación, a pesar de los discursos favorables a la democracia que se puedan hacer.

En primer lugar, la sensibilidad demócrata cristiana, que considera imposible soportar un tercer mandato fuera de La Moneda, en especial tras su mal resultado en la reciente elección municipal. La candidatura de Insulza tentaría a sectores de la DC a presentar, de todos modos, un candidato propio, aunque ello implique poner en riesgo la viabilidad de la Concertación. O peor aún, que los votantes de centro prefieran la opción de Adolfo Zaldívar.

En segundo término, y a pesar de su juventud como militante de la Falange, José Miguel Insulza no asegura el apoyo de los votantes de centro, quienes podrían percibir a Piñera como un mal menor frente al candidato socialista.

Si cualquiera de estos riesgos se produce, la posibilidad de que la Concertación se mantenga en el poder se diluye, y es por eso que empieza a crecer la convicción de sectores de lo que se denominan las fuerzas progresistas de la Concertación respecto a la conveniencia de nominar por consenso a Eduardo Frei como candidato común, aunque ello implique resignar sus opciones para facilitar el triunfo del conjunto de la Concertación.

A lo anterior se agrega que la posibilidad de recibir acusaciones por falta de compromiso con la participación ciudadana es menos grave que el bochorno de no convocar a un número adecuado de personas para concurrir a votar en las primarias de la Concertación, anticipando un ánimo derrotista que puede ser irreversible.

PODER CIUDADANO

El reciente episodio del senador Guido Girardi quejándose por el trato recibido de parte de una pareja de Carabineros al momento de sacarle un parte merecido por exceso de velocidad, confirma una interesante tendencia que no ha sido debidamente recogida por la clase política nacional: El interés de la ciudadanía por expresar su opinión y demandar conductas coherentes y satisfactorias para el interés público.

Ya había habido anteriormente muestras del malestar popular, pero la expansión de Facebook en Chile, con una de las tasas de penetración más altas de todo el mundo, ha permitido que aquello que se llama opinión pública ya no sea interpretable por políticos y periodistas ni requiera portavoces. Ahora se manifiesta directa y claramente.

En el caso de Girardi, hasta el momento de escribir estas líneas hay más de una decena de grupos cuestionando su actuar en duros términos, reuniendo a unas 17 mil 500 personas. Evidentemente, muchos nombres pueden estar repetidos y es posible que en estos momentos los partidarios de Girardi no se animen a impulsar campañas en defensa de su honor. Sin embargo, llama la atención que el grupo “Guido Girardi Presidente” cuente sólo con diez miembros.

Ni esas 17 mil personas que adhieren a grupos contrarios a Girardi o a favor de los carabineros sancionados, ni los casi 4 mil que Girardi reúne como contactos en su página personal representan la posición de la mayoría de los chilenos sobre el caso, pero sí son nítidamente indicadoras del ánimo ciudadano.

No es posible tampoco substituir las elecciones o los plebiscitos por las manifestaciones espontáneas de la gente en las redes virtuales, pero lo que sí es claro es que hay una tendencia a que las personas se expresen directamente sin intermediarios, lo que priva a los dirigentes políticos de una de las funciones que más gustosamente asumen, como es la de interpretar el sentir popular.

Se está produciendo un cambio en la forma en que se realiza la política y quienes no tengan claro qué es lo que espera la ciudadanía de ellos no tendrán que esperar a la siguiente elección para darse cuenta que se han desconectado de la voluntad popular sino que serán víctimas de reacciones inmediatas. Por el contrario, quienes sí sepan adaptarse a este nuevo escenario, en el que cada persona conectada puede hacer valer su opinión de manera automática, sumándose a quienes piensan igual, tendrán la oportunidad inmejorable de liderar la opinión pública y orientarla para adecuarla a sus propios intereses que nunca más podrán ser excluyentes de los requerimientos ciudadanos.

¿UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE?

Los precandidatos presidenciales de la Concertación y diversos sectores de la Izquierda extraparlamentaria han venido planteando la necesidad de acordar una nueva Constitución para el país, asumiendo que la anterior, dictada en 1980 por el general Pinochet y reiteradamente remendada por los gobiernos de la Concertación, es incapaz de asegurar el ordenamiento que requiere el país y de establecer las bases para el desarrollo institucional futuro de la Nación.

Proponer este debate significa, en la práctica, incorporar a todas las personas en la discusión del tipo de ordenamiento que necesita Chile, y el sólo hecho de proponerlo implica la constatación de que ese debate no se ha realizado, ya sea porque en 1980 el texto que se presentó a un plebiscito aún cuestionado a casi 30 años fue definido por un grupo parcial de la ciudadanía o porque las reformas han sido negociadas por partidos y un Parlamento que saben que no han sido capaces de representar a la gente.

En un período de la historia política contemporánea en que la gente cuenta con las herramientas tecnológicas para construir sus propias redes sociales, en que la información se transfiere con una velocidad casi automática y en que todo ello implica que las personas ya no se conforman con ser invitadas periódicamente sino que quieren ser protagonistas de los procesos sociales, y eso supone crear los espacios institucionales para garantizar una participación real y no puramente simbólica o artificial.

Se trata, sin duda, de un esfuerzo sincero de los partidos por actualizar su propuesta a la ciudadanía y la mejor oferta de los últimos años por reconocer las exigencias de la realidad y trascender la separación que se ha producido entre políticos y ciudadanos. Sin embargo, es al mismo tiempo una apuesta arriesgada porque si esta iniciativa se limita a un mero truco de propaganda electoral o a una puesta en escena destinada a hacer creer que se participa cuando el texto de una nueva Constitución ya está previamente definido por un grupo cerrado de amigos, esta idea puede terminar por minar la credibilidad que requiere la actividad política para mantener su legitimidad.

De todos modos, se precisa un debate previo sobre la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente y acerca de la vigencia de la Constitución de 1980, porque cambiar una Constitución no es un asunto que se preste para juegos de adolescentes ya que es el marco regulatorio del ordenamiento de un país que debe permanecer por un tiempo prolongado para que pueda tener efectos. Si es una propuesta seria, es una excelente noticia acerca de la capacidad de los dirigentes políticos; pero si es un acto de marketing, una simple estrategia electoral, quiere decir que la tradicional seriedad y responsabilidad de Chile se encuentran en su punto más bajo.

LOS HUÉRFANOS DE LA DEMOCRACIA

Una de las esencias de la democracia es que las personas tengan opciones reales de elegir entre distintas alternativas de personas dispuestas a asumir la responsabilidad de ocupar los puestos de representación parlamentaria, y por ello los sistemas electorales deben asegurar a todas las personas, independientes o integrantes de cualquier partido político, las facilidades para competir en las elecciones a las que se convoque periódicamente.

La tendencia de las democracias modernas considera además que los partidos o alianzas de partidos abran a la ciudadanía el derecho a elegir entre las diferentes opciones existentes, y no la restrinjan solo a su militancia ni, mucho menos, a sus grupos dirigentes. Lo peor es cuando quienes aparecen de manera natural como candidatos rehúsan su compromiso con la ciudadanía que espera poder ejercer el derecho a votar por esas personas.

Lo ocurrido en estos días, con el retiro de la competencia presidencial de dos de los nombres más atractivos, constituye un daño objetivo a la democracia y a su capacidad para canalizar las posturas de la ciudadanía. Al margen de las preferencias de cada cual, es indudable que tanto Ricardo Lagos como Leonardo Farkas interpretan a grupos importantes de la comunidad nacional y su decisión de abstenerse de competir significa que quienes les tienen fe, creen en sus capacidades y adhieren a sus proyectos políticos, tendrán que conformarse con elegir entre alguna de las restantes opciones.

Eso es lo que, habitualmente, se conoce como “el mal menor”. No se puede pretender que ninguna autoridad interprete con absoluta fidelidad al electorado, pero cuando se elije entre los que producen menos rechazo, y ni siquiera entre los que generan algún grado de adhesión, resultará inevitable que la ciudadanía se siente cada vez menos comprometida con las autoridades y rehúya su compromiso con el sistema político y la participación cívica esencial para la legitimidad política de este.

Lo ideal sería que todas las personas que lo desearan y creyeran que pueden interpretar a un sector de la sociedad pudieran confrontar sus nombres y que sea la gente la que resuelva quiénes son los que tienen mayor apoyo para definir el nombre del Presidente de la República en una segunda vuelta.

A ninguno de los eventuales postulantes se les debería hacer exigencias, ni de pertenencia a partidos políticos o de contar con determinada cifra de firmas en apoyo, ni de cualidades profesionales o humanas. Lo único razonable es un nivel mínimo de educación y antecedentes penales intachables. Lo demás es competencia del electorado y nadie debiera restarse al deber cívico de competir cuando las circunstancias los señalan como alternativas.

CAMBIO DE GABINETE

A pesar de la prerrogativa presidencial que indica que es la Primera Mandataria la que decide la composición del Gabinete Ministerial, en el inminente cambio de Secretarios de Estado que se espera para cualquier momento los partidos de la Concertación han intervenido explícita y públicamente.

Así, la DC ha notificado que no quiere que se cambie a ninguno de los suyos, el PPD ha dicho que el cambio tiene que ser “significativo” y el PS y los radicales se han limitado en sus pretensiones. El primero le quitó apoyo al eventual ingreso de Osvaldo Andrade al equipo político y los segundos para mantener a Carlos Maldonado en Justicia.

Incluso el cambio de gabinete ha sido motivo de las intervenciones de los dirigentes de la oposición, aunque para enfatizar lo habitual, en cuanto a que el Gobierno se encuentra en una situación de debilidad que exige una cirugía mayor.

Pero no sólo el ajuste ministerial ha sido motivo de la desembozada intervención de los partidos. Las asperezas en las relaciones con Perú a raíz de las declaraciones del comandante en jefe de su Ejército, el general Erwin Donayre, también han servido como excusa para todo tipo de mensajes enviados a través de los medios de comunicación, siendo que, al igual que con el caso de los ministros, la conducción de la política exterior es de responsabilidad exclusiva de la Presidenta de la República.

La explicación fácil sería decir que estas cosas ocurren porque la Presidenta Bachelet no tiene el carácter necesario para controlar los apetitos de los partidos que, se supone, la respaldan, pero este tipo de materias es conducida por el Ministro del Interior pero sería poco creíble que Edmundo Pérez Yoma no hubiera podido controlar este tipo de expresiones de los partidos, por lo que aparece como explicación plausible el nerviosismo de las colectividades por tener ingerencia en lo que, se supone nuevamente, debería ser el último equipo de colaboradores de la actual Presidenta.

Y es en este sentido también cómo se explican las distintas visiones de los partidos, dependiendo de las necesidades que tienen de mantener presencia pública para lograr un buen resultado en la primaria presidencial de la Concertación y luego en las elecciones parlamentarias, lo que viene a mostrar tanto el nerviosismo existente como la disposición de usar todas las instancias posibles para aprovechar electoralmente la capacidad del Estado. El dilema ahora es cómo resolverá Michelle Bachelet las presiones que ha estado recibiendo y, al mismo tiempo, contar con un equipo adecuado para elevar la capacidad de gestión del Gobierno en su última fase.