LOS HUÉRFANOS DE LA DEMOCRACIA

Una de las esencias de la democracia es que las personas tengan opciones reales de elegir entre distintas alternativas de personas dispuestas a asumir la responsabilidad de ocupar los puestos de representación parlamentaria, y por ello los sistemas electorales deben asegurar a todas las personas, independientes o integrantes de cualquier partido político, las facilidades para competir en las elecciones a las que se convoque periódicamente.

La tendencia de las democracias modernas considera además que los partidos o alianzas de partidos abran a la ciudadanía el derecho a elegir entre las diferentes opciones existentes, y no la restrinjan solo a su militancia ni, mucho menos, a sus grupos dirigentes. Lo peor es cuando quienes aparecen de manera natural como candidatos rehúsan su compromiso con la ciudadanía que espera poder ejercer el derecho a votar por esas personas.

Lo ocurrido en estos días, con el retiro de la competencia presidencial de dos de los nombres más atractivos, constituye un daño objetivo a la democracia y a su capacidad para canalizar las posturas de la ciudadanía. Al margen de las preferencias de cada cual, es indudable que tanto Ricardo Lagos como Leonardo Farkas interpretan a grupos importantes de la comunidad nacional y su decisión de abstenerse de competir significa que quienes les tienen fe, creen en sus capacidades y adhieren a sus proyectos políticos, tendrán que conformarse con elegir entre alguna de las restantes opciones.

Eso es lo que, habitualmente, se conoce como “el mal menor”. No se puede pretender que ninguna autoridad interprete con absoluta fidelidad al electorado, pero cuando se elije entre los que producen menos rechazo, y ni siquiera entre los que generan algún grado de adhesión, resultará inevitable que la ciudadanía se siente cada vez menos comprometida con las autoridades y rehúya su compromiso con el sistema político y la participación cívica esencial para la legitimidad política de este.

Lo ideal sería que todas las personas que lo desearan y creyeran que pueden interpretar a un sector de la sociedad pudieran confrontar sus nombres y que sea la gente la que resuelva quiénes son los que tienen mayor apoyo para definir el nombre del Presidente de la República en una segunda vuelta.

A ninguno de los eventuales postulantes se les debería hacer exigencias, ni de pertenencia a partidos políticos o de contar con determinada cifra de firmas en apoyo, ni de cualidades profesionales o humanas. Lo único razonable es un nivel mínimo de educación y antecedentes penales intachables. Lo demás es competencia del electorado y nadie debiera restarse al deber cívico de competir cuando las circunstancias los señalan como alternativas.