Y SIN EMBARGO SE MUEVE...

Cuando Galileo fue procesado por sostener la temeraria afirmación de que la Tierra giraba en torno al Sol, y no lo hacía todo el universo alrededor de nuestro planeta, llegó a un punto en que prefirió renunciar públicamente a su teoría, pero murmuró según la leyenda “y sin embargo se mueve”, lo que le valió la condena a sus planteamientos.

Muchos años, demasiados años después, la Iglesia reconoció la veracidad de las teorías del científico, pero se implantó en la cultura popular la convicción de que, cuando se tiene la autoridad, es posible negar la realidad por un simple acto de voluntad.

Algo similar ocurre en Chile. Los ministros tratan de negar la realidad, pero sin embargo esta ocurre. Se dice que no existe fundamento para el alza del pan, y sin embargo sube el precio del kilo; se afirma que después de los primores de los productos agrícolas debería bajar el precio de las verduras, y sin embargo no bajan; los contratos del Transantiago se modificaron y sin embargo no circulan todas las micros comprometidas; se sostiene que la situación en la salud pública está controlada y que las críticas obedecen a versiones manipuladas de la prensa, pero las imágenes de ancianos esperando por horas una atención de urgencia parecen reales.

A propósito de la salud, la propia Presidenta reconoció que algunos cercanos a ella -“amigos”, dijo- eran críticos de lo que está ocurriendo, pero explicó que ello se debía a un fenómeno mediático. Es culpa del empedrado, en otras palabras, cuando no se quiere reconocer lo que la autoridad espera que se crea. Incluso la Presidente insinuó una cierta tentación por intervenir la prensa cuando sostuvo frente a las críticas que “estamos en democracia, y eso está permitido”. Casi como añorando los tiempos en que las autoridades podían prohibir las voces disonantes a la verdad oficial.

Es verdad, por otro lado, que se ha hecho mucho por la salud, del mismo modo que se ha avanzado mucho en otros ámbitos. El problema para el pesimista es que no importa el camino recorrido sino el que falta por recorrer, y es sabido que los chilenos tenemos cierta tendencia al pesimismo y ese es un elemento que debería ser considerado por las autoridades al momento de argumentar su visión de la verdad.

Si además aparecen algunos diputados proponiendo un incremento del 78 por ciento para la asignación de arriendos y telefonía, la distancia entre el público y las autoridades se incrementa y se hace más difícil aún convencer a la gente de la verdad oficial. Así como Galileo insistió en que la tierra se movía, la masa que es la ciudadanía cree que “cuando el río suena, es porque piedras trae”, es decir que siempre se supone una doble intención que impide la confianza.

LA SOLIDEZ DE UNA ECONOMIA EGOISTA

A propósito de las caídas en las bolsas internacionales, se volvió a escuchar que la economía chilena no corre riesgos frente a las turbulencias de los mercados mundiales, lo que evidentemente constituye un intento de calmar a los inversionistas pero que tiene poco que ver con la realidad.

Desde que se decidió la apertura de la economía nacional al mundo, se amarró el destino del país a la marcha del resto de las naciones. Es una opción válida, pero no se puede afirmar que esté exenta de riesgos. Hoy las arcas fiscales disfrutan del alto precio del cobre, pero el público se perjudica del precio del petróleo. Hay ganancias, pero también perjuicios. El balance puede ser positivo en cierto momento, pero negativo al siguiente, y el equilibrio dependerá tanto de la situación internacional como de la capacidad del aparato productivo para alcanzar la competitividad que permita el triunfo en el mercado internacional.

Al mismo tiempo, la Presidenta ha precisado que su intención (y la de la Concertación) es encontrar el equilibrio entre la libertad y la igualdad, lo que supone necesariamente la intervención del Estado cuando el mercado no asegura este equilibrio. Paralelamente, se conoció un documento de Expansiva -el centro del que la Presidenta ha obtenido a varios de sus ministros, y por lo cual se puede presumir que tiene coincidencia con la Primera Mandataria- anunciando que se debe poner fin al asistencialismo del Estado, es decir que el Estado no debe intervenir en la economía.

De lo anterior, se puede concluir que no existe unanimidad de criterios respecto al rol que debe jugar el Estado en la economía, y no se dice nada de situaciones como que la evaluación de la economía se hace a partir de las cifras de la macroeconomía y no se considera la situación doméstica de las personas.

Es sabido que en Chile el quintil más rico de la población tiene ingresos más de 14 veces superiores al del quintil más pobre, y ello constituye una amenaza seria a la estabilidad de la economía, que se agrega a la dependencia de los mercados mundiales. El caso de los cultivos agrícolas tradicionales muestra que cuando los productores chilenos no son competitivos -sea por su responsabilidad o por factores externos- toda un sector de la industria se puede ver en riesgo de desaparición y la aparentemente exitosa incorporación chilena a los mercados internacionales se refiere a los productos competitivos y no al conjunto de la producción nacional, ni se toma en cuenta la situación de los trabajadores que no han podido o sabido capacitarse para competir con los trabajadores asiáticos, que hacen la misma labor por salarios ínfimos.

La economía nacional, entonces, no puede ser sólida porque no distribuye con un criterio de justicia las ganancias, y todo eso genera desequilibrios que pueden terminar por vulnerar el modelo productivo. Si la gente no está satisfecha con su situación personal, poco le sirve saber que los índices macroeconómicos dicen lo contrario y es esperable que la presión por cambios se incremente y se llegue a un momento en que se compruebe que la perfección del modelo no es real.

POLÍTICA, ECONOMÍA Y ÉTICA

La propuesta de establecer un salario ético es una nueva muestra de la inmadurez que caracteriza el debate nacional, porque todos están de acuerdo en que una familia no puede vivir en condiciones dignas con el nivel fijado para salario mínimo de 144 mil pesos, y sin embargo no se logra una solución al respecto y además no se reconoce que el fondo de la discusión no es el salario mínimo sino la verdadera colisión que se genera entre la política y la economía.

Cuando irrumpió el régimen militar y Sergio De Castro, con el respaldo de Pinochet, adoptó las tesis económicas de la Escuela de Chicago, se resolvió al mismo tiempo que la economía tendría preeminencia sobre la política, y ello ha permanecido sin variación desde entonces, a pesar del discurso social de la Concertación.

La economía tiene como propósito optimizar el uso de los recursos, y considera por lo tanto al ser humano como un insumo más en el proceso productivo. La política, en cambio, debe tener como objetivo el bien común, y desde esa perspectiva debe privilegiar la satisfacción de las personas, incluso en contra del racionalismo de la economía. Si el mercado señala, por ejemplo, una tarifa determinada para las cuentas de electricidad, el político puede asumir que miles de hogares no pueden pagar ese precio y determina la implementación de subsidios.

Lo mismo ocurre con el salario mínimo. El mercado naturalmente no hará nada por elevar los sueldos, en especial en un país como Chile en que el nivel de capacitación de los trabajadores no es alto, pero el gobernante sabe que requiere los votos de la mayoría para mantener el poder, y está obligado por lo tanto a mejorar las condiciones de vida de las personas.

Es preciso hacer constar además, para los propósitos de los discursos de cada sector, que la economía carece de ética por la simple razón de que no tiene relevancia en la producción y, por el contrario, puede representar costos que no traen ventajas aparejadas. Para el político, la ética tiene un claro valor electoral, pero cuando decide privilegiar la economía por sobre la política está renunciando al factor de la ética y se le moteja como un “tecnócrata”.

Por ello, cuando se habla tanto del salario ético sin que se tome una decisión, es legítimo sospechar que no hay una verdadera intención de cambiar este esquema en el que manda la regla económica sobre el realismo político.

Finalmente, hay que destacar que el empleo del término “salario ético” es un eufemismo similar al que se emplea para referirse a los vagabundos como personas “en situación de calle” o el más gracioso sinónimo de “evento” dado a los hoyos en las calles, y es un eufemismo porque lo que se debería decir es que se debe garantizar un salario decente, que es lo mismo que sostener que el actual salario mínimo es indecente.

EL ESTADO PECADOR

El Estado se rige por las mismas reglas que las personas, es decir que puede cometer delitos y faltas que, sin ser motivo de sanción judicial, sí tienen una dimensión ética que debe ser considerada por quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado.

En estas más de tres décadas de libre mercado, el rol del Estado se ha visto disminuido e incluso es posible encontrar a quienes opinen que el Estado no tiene atributos éticos y, por lo tanto, no puede cometer pecados. Ya en la primera administración concertacionista, el responsable de las políticas comunicacionales afirmó que la mejor política de comunicaciones era no tener política alguna. En resumidas cuentas, que el mercado determinara el fluir de las comunicaciones. Sin embargo, su propio superior, el presidente Patricio Aylwin declaró que el mercado era “cruel”, lo que implica que dejar el funcionamiento del Estado a los vaivenes del mercado no era posible, precisamente porque existían factores éticos.

Al igual que los cristianos, el Estado puede pecar por acción u omisión, pensamiento o palabra, pero no puede ser considerado neutro desde ninguna perspectiva, y cuando se cede a la tentación de ignorar la dimensión ética propia del Estado se producen vacíos que sólo pueden ser llenados por quienes tratan de atraer al Estado a sus propios intereses. Así, el país ha observado disputas entre ministros, los propios partidos oficialistas con el Gobierno y, como es natural, entre los políticos de uno y otro sector. Toda esta polémica se produce sin que la máxima autoridad del país fije el marco en el que se genera el debate.

El Gobierno no parece tener propósitos éticos, salvo dos o tres promesas de campaña, y la inexistencia de una hoja de ruta clara y orientada al menos al mediano plazo, hace que la preocupación de las autoridades quede circunscrita a tapar los errores que se cometen como fruto de la descoordinación.

Por otra parte, el Estado no puede predicar si no está dispuesto a practicar lo que predica. Si se queda a medio camino, las definiciones valóricas pierden fuerza. No puede, por ejemplo, establecer determinadas reglas para las empresas del sector privado si no se cumplen en el seno del aparato público. Los trabajadores subcontratistas de Codelco y ahora Enap no se movilizan por mejores sueldos, sino para que se les cumpla lo que se les prometió en cuanto a una efectiva justicia laboral y social.

En cada caso en el que Estado no garantice toda la justicia de la que es capaz o no asegure el bien común, el país podrá reclamar inconsecuencia como se hace con el pecador y al igual que se hace con este, en que se le pide un cambio de actitud y luego se le denuncia a la comunidad hasta llegarse a su repudio, el Estado pecador puede perder el respeto y la credibilidad, y esos son atributos muy difíciles de recuperar.