EL ESTADO PECADOR

El Estado se rige por las mismas reglas que las personas, es decir que puede cometer delitos y faltas que, sin ser motivo de sanción judicial, sí tienen una dimensión ética que debe ser considerada por quienes tienen la responsabilidad de conducir el Estado.

En estas más de tres décadas de libre mercado, el rol del Estado se ha visto disminuido e incluso es posible encontrar a quienes opinen que el Estado no tiene atributos éticos y, por lo tanto, no puede cometer pecados. Ya en la primera administración concertacionista, el responsable de las políticas comunicacionales afirmó que la mejor política de comunicaciones era no tener política alguna. En resumidas cuentas, que el mercado determinara el fluir de las comunicaciones. Sin embargo, su propio superior, el presidente Patricio Aylwin declaró que el mercado era “cruel”, lo que implica que dejar el funcionamiento del Estado a los vaivenes del mercado no era posible, precisamente porque existían factores éticos.

Al igual que los cristianos, el Estado puede pecar por acción u omisión, pensamiento o palabra, pero no puede ser considerado neutro desde ninguna perspectiva, y cuando se cede a la tentación de ignorar la dimensión ética propia del Estado se producen vacíos que sólo pueden ser llenados por quienes tratan de atraer al Estado a sus propios intereses. Así, el país ha observado disputas entre ministros, los propios partidos oficialistas con el Gobierno y, como es natural, entre los políticos de uno y otro sector. Toda esta polémica se produce sin que la máxima autoridad del país fije el marco en el que se genera el debate.

El Gobierno no parece tener propósitos éticos, salvo dos o tres promesas de campaña, y la inexistencia de una hoja de ruta clara y orientada al menos al mediano plazo, hace que la preocupación de las autoridades quede circunscrita a tapar los errores que se cometen como fruto de la descoordinación.

Por otra parte, el Estado no puede predicar si no está dispuesto a practicar lo que predica. Si se queda a medio camino, las definiciones valóricas pierden fuerza. No puede, por ejemplo, establecer determinadas reglas para las empresas del sector privado si no se cumplen en el seno del aparato público. Los trabajadores subcontratistas de Codelco y ahora Enap no se movilizan por mejores sueldos, sino para que se les cumpla lo que se les prometió en cuanto a una efectiva justicia laboral y social.

En cada caso en el que Estado no garantice toda la justicia de la que es capaz o no asegure el bien común, el país podrá reclamar inconsecuencia como se hace con el pecador y al igual que se hace con este, en que se le pide un cambio de actitud y luego se le denuncia a la comunidad hasta llegarse a su repudio, el Estado pecador puede perder el respeto y la credibilidad, y esos son atributos muy difíciles de recuperar.