EL FRACASO FEMENINO

Dentro de todas las polémicas por la votación de Adolfo Zaldívar por el Transantiago, la gestión de Luis Ajenjo al frente de Ferrocarriles, los problemas en el suministro del gas, los accidentes ambientales e incluso las informaciones faranduleras que copan las portadas, pasó inadvertido un dato contenido en una encuesta publicada el fin de semana y que apunta a un aspecto central de las promesas implícitas de la Presidenta Bachelet.

La encuesta da cuenta del fracaso del actual Gobierno en lo que se suponía sería su principal logro: Demostrar la capacidad de las mujeres para asumir tareas de Gobierno, imponiendo una nueva forma de liderazgo, más moderno y abierto a novedosos tipos de sensibilidad.

Sin embargo, si a poco más de un año de la gestión de la primera mujer Presidente de la República más de la mitad de los encuestados (56 por ciento) declara que en las próximas elecciones preferiría votar por un hombre y sólo el 23 por ciento señala que da lo mismo el sexo del candidato y una cifra aún menor del 14 por ciento declara que preferiría una mujer, la conclusión evidente es que la Presidenta Bachelet no ha logrado responder a las expectativas que se generaron con su elección.

Hay que recordar, además del incumplimiento hasta ahora de las medidas tendientes a lograr la efectiva igualdad de las mujeres, que cuando asumió Michelle Bachelet centenares de mujeres (o miles quizás) se pasearon orgullosas con las bandas presidenciales ofrecidas por los vendedores ambulantes, declarando que ahora sí ellas mandarían y soñando con un país distinto.

Nada de ello ha ocurrido hasta ahora, y aunque ha habido algunos avances en materia de legislación, ellos no reflejan los grandes cambios en la sociedad que, se suponía, se producirían por el liderazgo de un Primer Mandatario con faldas y son consecuencia incluso de iniciativas presentadas por el Gobierno anterior o por los propios parlamentarios, pero no ha habido propuestas nuevas y significativas en el ámbito de la promoción de las mujeres.

Es posible que Michelle Bachelet no haya sabido hacer los cambios que se esperaban, que se haya visto sobrepasada por las urgencias o simplemente que los hombres que copan los cargos políticos no se lo hayan permitido, pero el efecto concreto es que ahora más de la mitad de los chilenos preferiría a un Presidente hombre.

Lo que es más grave es que no se divisa en el horizonte ninguna iniciativa que responda a las expectativas que se formaron en su momento las mujeres, y eso significará lisa y llanamente que el primer Gobierno femenino no pasará a la historia.

FUTURO Y PASADO

Dentro de todas las dicotomías que penan el alma nacional e impiden una mayor decisión en el progreso que los habitantes del país se merecen, está reapareciendo con fuerza el del enfrentamiento entre el futuro y el pasado. Así, mientras para algunos resulta casi insultante plantear que la atención de los chilenos debe estar enfocada en el futuro porque ello se entiende como la renuncia a resolver los problemas del pasado, para otros seguir insistiendo en el pasado parece representar una suerte de ancla que impide atender el futuro.

Evidentemente ninguna de las dos posturas tiene toda la razón, sin perjuicio de que los argumentos en su defensa sean serios y respetables, pero en la disputa entre ambas visiones se deja de lado el presente, que es el momento en el que la gente necesita que se resuelvan sus problemas cotidianos.

Dentro de ello parece ser cada vez más urgente reconocer que existen serias limitaciones institucionales que impiden a los chilenos realizar un debate definitivo que permita concordar una estrategia compartida por todos para sacar al país adelante. En este sentido, se ha producido un consenso implícito en que el actual modelo de Gobierno es el apropiado y no se requerirían más reformas constitucionales.

La polémica de esta semana relativa a la tramitación en el Congreso del proyecto que otorga recursos adicionales para el Transantiago es un ejemplo claro de uno de los vacíos institucionales existentes, ya que el Parlamento aparece como un simple ente obligado a dar el visto bueno a la iniciativa del Gobierno, sin que importe siquiera las proposiciones que pudiera hacer la oposición. Otro vacío institucional reside en la imposibilidad de que sea la propia ciudadanía la que resuelva las sanciones políticas a las autoridades que aparezcan como responsables de los errores que afectan la vida nacional.

En la medida que la voz de los ciudadanos no se pueda expresar, ya sea directamente o a través de los parlamentarios, que se supone son sus representantes, se genera un riesgo de divorcio entre el pueblo y el Gobierno que sólo puede ser evitado con las buenas intenciones de los gobernantes y su capacidad para reconocer qué es lo que realmente quiere la gente.

Puede ponerse en duda cuál es el grado de madurez de los chilenos, pero hay dos hechos que son incuestionables. Por un lado, que la propia Presidenta Bachelet, al poner énfasis en el concepto de la ciudadanía ha desatado el interés de las personas por alcanzar formas de participación efectivas, y en segundo término que las limitaciones del Parlamento, sujeto casi de modo exclusivo a la voluntad del Ejecutivo, están quedando en evidencia y ocasionan el malestar ciudadano por el desequilibrio entre los Poderes del Estado.

REPRESENTANTES REPRIMIDOS

Habitualmente cuando un candidato a senador o diputado concurre hasta la ciudadanía para pedirle su voto, expone con mediana claridad sus postulados y razones por las que uno tendría que ayudarle a resultar electo, pero en todos los casos sus discursos comprenden el compromiso de representar a la gente en el Parlamento.

Es decir, no se les vota sólo para que acumulen un cargo en su currículo sino que, por sobre todas las cosas, para que sean nuestros representantes en el Congreso y legislen de acuerdo a nuestras necesidades e intereses, filtrados naturalmente por sus legítimas visiones ideológicas sobre el modelo de sociedad que se pretende construir, y aunque se pueda concordar con estas visiones lo medular es que deben representar a la ciudadanía, incluyendo a quienes eventualmente no hayan votado por ellos.

Por lo anterior, mucha gente se sentirá frustrada durante esta semana cuando el Legislativo apruebe la asignación de 290 millones de dólares para el funcionamiento del Transantiago. Unos, porque son de regiones y poco les importa cómo funcione el transporte en la capital; los capitalinos porque creen que estos recursos poco ayudarán a mejorar un sistema que ya no cuenta con la confianza ciudadana.

Por lo anterior, la aprobación del proyecto del Gobierno dejará, una vez más, en evidencia que los parlamentarios responden más a las necesidades y dictados de la autoridad y de los partidos que a la gente. Es habitual la queja de que el Congreso no puede ser un mero buzón para canalizar las iniciativas del Gobierno, así como los alegatos por el escaso poder real de senadores y diputados para proponer proyectos de ley que satisfagan los anhelos de la gente que representan en uno de los tres Poderes del Estado.

Sin embargo, mientras los propios parlamentarios no hagan algo por cambiar este estado de cosas, es legítimo para la ciudadanía suponer que están coludidos con el Gobierno para sacar adelante los proyectos que le interesan al Ejecutivo, incluso cuando sepan que no servirán a la ciudadanía o que, al menos, serán neutros frente a las necesidades del pueblo.

Mientras el Legislativo no sea de verdad independiente frente al Ejecutivo, los parlamentarios no podrán representar a la ciudadanía más que cuando el Gobierno sea el que responda a los anhelos de la gente, y en ese caso será la Presidenta y sus ministros los que se llevarán el mérito, pero los parlamentarios continuarán siendo un grupo visto con recelo por los votantes y ello significará además que se mantengan o se profundicen los sentimientos de desconfianza hacia la clase política.

LAVIGA EN EL OJO PROPIO

Llama la atención la actitud de algunas autoridades por establecer regulaciones para el resto de la sociedad, excepto para ellas mismas. Hay, por ejemplo, cierta obsesión por regular el funcionamiento del mercado del trabajo en el sector privado, pero este afán -que claramente se justifica mientras sigan existiendo empleadores abusivos- se contradice con lo que ocurre en el mundo laboral del sector público, en donde las violaciones a los derechos son tan frecuentes como en el mundo privado e incluso en algunos casos se restringe el derecho de formar sindicatos porque va en contra de la seguridad nacional.

Las reivindicaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Menores, seguidos luego por los de la Gendarmería de Chile, además de tantos otros ejemplos de empleados de diversas reparticiones públicas que cada cierto tiempo tienen que recurrir a movilizaciones, incluyendo las huelgas, para conseguir mejores condiciones laborales, son una demostración de que el Gobierno no actúa por la vía del ejemplo, sino que actúa directamente en el ámbito de la incoherencia.

Hay que agregar también, a modo de ejemplo, la situación de los funcionarios del Metro de Santiago, que se exponen a perder sus derechos a huelga en el marco de las negociaciones colectivas si el Gobierno accede a la petición de declarar a esta entidad como “empresa estratégica”.

Estos casos son una evidencia más de la distancia que a veces separa el plano de los discursos del de la realidad, pero también es un síntoma de un fenómeno preocupante que se puede observar en la dirigencia de nuestro país, en cuanto a creer que siempre se tiene la razón y que siempre son los demás los equivocados, por lo que las críticas son en todos los casos mal intencionadas.

También corresponden estos ejemplos al campo de las realidades que demuestran que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, al igual que todos los temas en los que se ha dado una solución y se piensa que con ello basta para que los involucrados en cada caso se encuentren satisfechos. Es en este sentido que cabe clasificar las protestas de los estudiantes secundarios, que no se sienten conformes con la legislación propuesta por el Gobierno; o el Transantiago, que sigue siendo fuente de quejas y de angustias incluso por parte de los usuarios, a pesar de las numerosas enmiendas que se han hecho al plan original.

Para hacer política de altura hay que comenzar por reconocer la realidad tal cual es y no como a uno le gustaría que fuera. Desde la perspectiva de la salud mental, la persistencia en ver las cosas de un color cuando es en verdad de otro se llama esquizofrenia, y nuestra legislación considera a este tipo de enfermos como inválidos ante la ley.