REPRESENTANTES REPRIMIDOS

Habitualmente cuando un candidato a senador o diputado concurre hasta la ciudadanía para pedirle su voto, expone con mediana claridad sus postulados y razones por las que uno tendría que ayudarle a resultar electo, pero en todos los casos sus discursos comprenden el compromiso de representar a la gente en el Parlamento.

Es decir, no se les vota sólo para que acumulen un cargo en su currículo sino que, por sobre todas las cosas, para que sean nuestros representantes en el Congreso y legislen de acuerdo a nuestras necesidades e intereses, filtrados naturalmente por sus legítimas visiones ideológicas sobre el modelo de sociedad que se pretende construir, y aunque se pueda concordar con estas visiones lo medular es que deben representar a la ciudadanía, incluyendo a quienes eventualmente no hayan votado por ellos.

Por lo anterior, mucha gente se sentirá frustrada durante esta semana cuando el Legislativo apruebe la asignación de 290 millones de dólares para el funcionamiento del Transantiago. Unos, porque son de regiones y poco les importa cómo funcione el transporte en la capital; los capitalinos porque creen que estos recursos poco ayudarán a mejorar un sistema que ya no cuenta con la confianza ciudadana.

Por lo anterior, la aprobación del proyecto del Gobierno dejará, una vez más, en evidencia que los parlamentarios responden más a las necesidades y dictados de la autoridad y de los partidos que a la gente. Es habitual la queja de que el Congreso no puede ser un mero buzón para canalizar las iniciativas del Gobierno, así como los alegatos por el escaso poder real de senadores y diputados para proponer proyectos de ley que satisfagan los anhelos de la gente que representan en uno de los tres Poderes del Estado.

Sin embargo, mientras los propios parlamentarios no hagan algo por cambiar este estado de cosas, es legítimo para la ciudadanía suponer que están coludidos con el Gobierno para sacar adelante los proyectos que le interesan al Ejecutivo, incluso cuando sepan que no servirán a la ciudadanía o que, al menos, serán neutros frente a las necesidades del pueblo.

Mientras el Legislativo no sea de verdad independiente frente al Ejecutivo, los parlamentarios no podrán representar a la ciudadanía más que cuando el Gobierno sea el que responda a los anhelos de la gente, y en ese caso será la Presidenta y sus ministros los que se llevarán el mérito, pero los parlamentarios continuarán siendo un grupo visto con recelo por los votantes y ello significará además que se mantengan o se profundicen los sentimientos de desconfianza hacia la clase política.