FUTURO Y PASADO

Dentro de todas las dicotomías que penan el alma nacional e impiden una mayor decisión en el progreso que los habitantes del país se merecen, está reapareciendo con fuerza el del enfrentamiento entre el futuro y el pasado. Así, mientras para algunos resulta casi insultante plantear que la atención de los chilenos debe estar enfocada en el futuro porque ello se entiende como la renuncia a resolver los problemas del pasado, para otros seguir insistiendo en el pasado parece representar una suerte de ancla que impide atender el futuro.

Evidentemente ninguna de las dos posturas tiene toda la razón, sin perjuicio de que los argumentos en su defensa sean serios y respetables, pero en la disputa entre ambas visiones se deja de lado el presente, que es el momento en el que la gente necesita que se resuelvan sus problemas cotidianos.

Dentro de ello parece ser cada vez más urgente reconocer que existen serias limitaciones institucionales que impiden a los chilenos realizar un debate definitivo que permita concordar una estrategia compartida por todos para sacar al país adelante. En este sentido, se ha producido un consenso implícito en que el actual modelo de Gobierno es el apropiado y no se requerirían más reformas constitucionales.

La polémica de esta semana relativa a la tramitación en el Congreso del proyecto que otorga recursos adicionales para el Transantiago es un ejemplo claro de uno de los vacíos institucionales existentes, ya que el Parlamento aparece como un simple ente obligado a dar el visto bueno a la iniciativa del Gobierno, sin que importe siquiera las proposiciones que pudiera hacer la oposición. Otro vacío institucional reside en la imposibilidad de que sea la propia ciudadanía la que resuelva las sanciones políticas a las autoridades que aparezcan como responsables de los errores que afectan la vida nacional.

En la medida que la voz de los ciudadanos no se pueda expresar, ya sea directamente o a través de los parlamentarios, que se supone son sus representantes, se genera un riesgo de divorcio entre el pueblo y el Gobierno que sólo puede ser evitado con las buenas intenciones de los gobernantes y su capacidad para reconocer qué es lo que realmente quiere la gente.

Puede ponerse en duda cuál es el grado de madurez de los chilenos, pero hay dos hechos que son incuestionables. Por un lado, que la propia Presidenta Bachelet, al poner énfasis en el concepto de la ciudadanía ha desatado el interés de las personas por alcanzar formas de participación efectivas, y en segundo término que las limitaciones del Parlamento, sujeto casi de modo exclusivo a la voluntad del Ejecutivo, están quedando en evidencia y ocasionan el malestar ciudadano por el desequilibrio entre los Poderes del Estado.