EL OCASO DEL MINISTRO

El traspié sufrido en el Congreso por el ministro de Hacienda Andrés Velasco, a raíz de la tramitación en el Senado del proyecto sobre depreciación acelerada, ha sido mostrado como un síntoma del propósito de algunos grupos de la propia Concertación por desbancar al Secretario del Estado.

Sin embargo, y aunque a Andrés Velasco se le pueda reprochar cierta soberbia en su trato con los parlamentarios y un descuido de sus relaciones políticas, lo cierto es que el problema no es con el Ministro sino con la política económica del Gobierno, porque el Ministro podrá tener mucho poder pero en la práctica es un ejecutor de los lineamientos definidos por la autoridad máxima, es decir la Presidenta de la República.

Si parte de la Concertación no está satisfecha con la política económica es la propia Concertación la responsable de introducir las modificaciones pertinentes, pero en esa tarea se vuelve a producir la lucha que data desde la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre los “autoflagelantes” y los “autocomplacientes”, es decir los que piensan que todo se ha hecho mal y los que estiman que todo se ha hecho bien.

Como todo en la vida, en la política no hay términos absolutos, por lo que lo cierto es decir que las cosas se pueden hacer mejor. Es el eterno dilema del vaso medio vacío o medio lleno, pero con la diferencia de que en política es posible medir el vaso con las elecciones y las encuestas, y estas dicen hasta ahora que la Concertación lo ha hecho pasablemente bien pero que en cualquier momento puede perder el respaldo mayoritario por los errores que se puedan cometer.

Lo que importa entonces es la capacidad de la Concertación de responder a las expectativas de los chilenos, tras 17 años en el poder y cuando ya se han agotado las promesas respecto a la democratización del país. Como lo que la gente desea es alcanzar el mayor bienestar posible, el tema económico cobra mayor protagonismo y las presiones de los políticos hacia el Ministro de Hacienda ya no se refieren exclusivamente a obtener el financiamiento para obras que pueden ser esgrimidas como logros de los políticos sino que abarcan ahora al cumplimiento de las expectativas generadas por varios años de crecimiento económico y que se resumen en la promesa hecha por el ex-Presidente Ricardo Lagos en cuanto a que Chile sería un país desarrollado al momento del bicentenario.

El problema es que la creciente convicción de que ese tipo de metas resultan lejanas coincide con que el crecimiento ya no se puede asegurar con la mera explotación de los recursos naturales o la apertura de los mercados internacionales y es en ese punto que se requiere algo más que el crecimiento con chorreo.

LLEVAR LA DELANTERA

En política y en comunicación tener la iniciativa es un capital innegable que puede, incluso, llegar a ser clave al momento de montar operaciones, y el Gobierno había carecido por varias semanas de la iniciativa hasta la semana pasada, cuando se dieron a conocer los proyectos de ley que reforman el sistema binominal y el que establece una nueva Ley General de Educación que reemplazaría la vilipendiada Ley Orgánica.

Presionado por una virtual política de los medios de comunicación de atacar día tras día el Transantiago, no cabe duda que el Gobierno se salvó elegantemente de la andanada de reproches, evitando nuevas encuestas que daban cuenta de la pérdida de respaldo ciudadano y dando tiempo además al nuevo Ministro de Transportes para que encuentre una solución con cierta calma. En apariencia, este cambio coincide con el ingreso al gabinete de José Antonio Viera-Gallo, y ello refuerza las dudas sobre su preponderancia frente a Belisario Velasco.

Pero no es ese el aspecto central de este análisis sino el hecho de que los dos proyectos que permitieron al Gobierno recuperar la iniciativa y dejar a todos hablando de sus propuestas, dejando momentáneamente en el olvido al Transantiago, tendrán un impacto efímero y será necesario reemplazarlos con nuevas propuestas cuando su efecto se diluya.

Hay que ser claros: La reforma al sistema binominal no lo modifica en lo más mínimo, sino que se limita a agregar cupos en la Cámara para los partidos extraparlamentarios, por lo que no se le puede tomar en serio como el cumplimiento de la promesa que la Concertación ha venido haciendo al país desde el 5 de octubre de 1988 por la sencilla razón de que ya no tiene un genuino interés en retomar un sistema electoral proporcional.

En cuanto a la reforma educacional, que vendría a complementar en el plano legislativo la modificación iniciada bajo la Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se trata de una iniciativa con más contenido pero que, por lo mismo, difícilmente se convertirá en ley en un año e incluso -dada su complejidad- es factible que no alcance a terminar su tramitación bajo la actual administración. Por ahora, el debate sobre el lucro en el sistema educacional ha acaparado espacio en la prensa, pero no es un tema que se pueda mantener en los medios por mucho tiempo porque se trata de un asunto que interesa a los expertos y sólo volverá a la palestra cuando se produzcan los distintos momentos de votación en el Congreso.

La Ley General de Educación recuerda además la estrategia seguida por el ex-Presidente Ricardo Lagos de poner sobre la mesa iniciativas incómodas para la oposición, sabiendo que no se van a aprobar en el Parlamento pero permitirán atacar a la oposición por impedir propuestas que se presentan como grandes avances para el país. Sin duda, el ministro Viera-Gallo conoce el esquema, por lo que es factible que una vez agotados estos temas saque nuevas iniciativas. Si emplea la reforma provisional es un signo claro de que el actual Gobierno ha renunciado a su implementación, con lo que se podría dar por cerrada la Era Bachelet en lo que se refiere a la ejecución de su Programa de Gobierno.

LA REBELION COMO DEBER CIUDADANO

A propósito de las movilizaciones estudiantiles que parecen estar recién entrando en calor, es útil recordar que la filosofía política e incluso la religiosa han aceptado desde hace siglos la rebelión como un derecho, cuando el pueblo no ve satisfechas sus necesidades, y por eso llama la atención el entusiasmo con que los líderes de opinión en nuestra sociedad tratan de vincular estas manifestaciones con los hechos delictivos que de modo innegable se han venido asociando a cualquier masa que sale a la calle por cualquier motivo, desde el Transantiago a un partido de fútbol.

Toda la manifestación de descontento queda así desacreditada, en la medida que sus gestores no son capaces de controlar a los sectores violentos, sin importar que ellos representen una ínfima parte del total de gente que sale a la calle, y mucho menos sin considerar la validez de la protesta. La autoridad queda así protegida de la crítica, y llama la atención que esta denegación del derecho democrático a la manifestación coincida con la pronta entrada en vigencia de la reforma procesal juvenil que permitirá sancionar a las personas desde los 14 años de edad.

El sistema político reprime la expresión ciudadana, luego de que él mismo ha convocado a la gente a expresarse. La conclusión es lógica: Sólo están permitidas las manifestaciones que no incomoden, y en ese cuadro los jóvenes que ya se sienten marginados de la política quedan definitivamente fuera del sistema político y se ven obligados a enfrentarse con el arma del drama extremo ya que la racionalidad y los métodos pacíficos no tienen resultados concretos. No sirve protestar en las casas ni pasearse por la vereda con un cartel, tratando de no molestar a nadie.

Los estudiantes lograron el año pasado con sus movilizaciones un conjunto de promesas que, salvo las inmediatas, no se han cumplido, por lo que tienen motivos para continuar manifestándose, pero ahora en un escenario en el que serán perseguidos por la Justicia como vulgares delincuentes, contradiciendo el discurso oficial que promueve la participación y que establece virtualmente como un deber ciudadano la participación.

A pesar del discurso, la señal concreta es que la autoridad parece preferir que la ciudadanía no sea activa, y ello sólo contribuye a intensificar las presiones sociales de la gente que no se siente atendida ni ve que sus problemas se resuelvan, amén de ver despreciados sus sinceros esfuerzos por aportar al fortalecimiento de la democracia.

Cuando el sistema político invita a la fiesta pero se reserva el derecho a admisión, la contradicción de la democracia imperfecta queda en evidencia, y para un joven que no siente que exista un espacio en la sociedad la respuesta lógica y casi instintiva es la rebelión. Así las cosas, los grupos minoritarios que practican la violencia sólo podrán verse aumentados en un futuro cercano, gracias al auspicio de los adultos que aceptan sólo las felicitaciones y castigan la crítica como un delito.

BACHELET 3.0

Nuestra Presidenta puede ser cuestionada por su falta de liderazgo o de confusión en su visión que tiene respecto al tipo de sociedad que aspira a construir, pero no se puede decir que no sea moderna porque ha tomado el ejemplo de Bill Gates para determinar los ejes de su Gobierno, y a partir del último cambio de ministros estamos presenciando lo que vendría a ser el modelo 3.0.

Efectivamente, el cambio de gabinete no es el tercer equipo que la Primera Mandataria tiene en poco más de un año de gestión, sino que represente el tercer tipo de gobierno que se intenta, lo cual resulta preocupante cuando quedan sólo tres años de administración.

Primero fue el gobierno ciudadano, una entelequia sin destino cuando no se tiene la verdadera voluntad de aceptar lo que quiere el pueblo soberano y se persiste en interpretar la voluntad popular desde las alturas del poder. Entelequia es aquello que es teóricamente perfecto pero no existe en la realidad, y alguno recordará una columna escrita por Pablo Huneeus durante el régimen militar en el que empleó el término para referirse al sentido que tenía el modelo impuesto por Pinochet, lo que le valió su expulsión del periódico que lo había acogido, una vez que sus superiores consultaron el diccionario para saber qué significa esa palabra extraña.

Este esquema no alcanzó siquiera a implementarse porque salió de los discursos entre la primera y la segunda vuelta electoral, cuando la entonces candidata reconoció que necesitaba el apoyo de los partidos para imponerse a Piñera.

Luego de ese capítulo -que amenazaba con ser auténticamente revolucionario como hubiera correspondido a una Presidenta socialista- vino el gobierno paritario, en el que no habría cuoteos entre los partidos y nadie “se repetiría el plato” pero sí habría igualdad en el número de mujeres y hombres que ocuparían los cargos ejecutivos. Eso se ha desintegrado en la medida que las mujeres ya no están en las carteras políticas y para el público resulta difícil recordar cuáles son los nombres de las ministras.

Ahora todo indica que se ha abierto paso a un modelo de gobierno tecnocrático, en el mismo sentido que se aplicó durante la administración del ex-presidente Ricardo Lagos, en el que los ministros son designados de acuerdo a su capacidad administrativa, sin que parezca relevante su posición ideológica, lo que en el caso de Lagos terminó con un alineamiento implícito con las posturas neoliberales que le permitió al anterior Presidente terminar su gestión entre los aplausos de los empresarios, luego de que estos mismos temían lo que pudiera hacer con el poder el que sería el primer presidente socialista desde Salvador Allende.