LA REBELION COMO DEBER CIUDADANO

A propósito de las movilizaciones estudiantiles que parecen estar recién entrando en calor, es útil recordar que la filosofía política e incluso la religiosa han aceptado desde hace siglos la rebelión como un derecho, cuando el pueblo no ve satisfechas sus necesidades, y por eso llama la atención el entusiasmo con que los líderes de opinión en nuestra sociedad tratan de vincular estas manifestaciones con los hechos delictivos que de modo innegable se han venido asociando a cualquier masa que sale a la calle por cualquier motivo, desde el Transantiago a un partido de fútbol.

Toda la manifestación de descontento queda así desacreditada, en la medida que sus gestores no son capaces de controlar a los sectores violentos, sin importar que ellos representen una ínfima parte del total de gente que sale a la calle, y mucho menos sin considerar la validez de la protesta. La autoridad queda así protegida de la crítica, y llama la atención que esta denegación del derecho democrático a la manifestación coincida con la pronta entrada en vigencia de la reforma procesal juvenil que permitirá sancionar a las personas desde los 14 años de edad.

El sistema político reprime la expresión ciudadana, luego de que él mismo ha convocado a la gente a expresarse. La conclusión es lógica: Sólo están permitidas las manifestaciones que no incomoden, y en ese cuadro los jóvenes que ya se sienten marginados de la política quedan definitivamente fuera del sistema político y se ven obligados a enfrentarse con el arma del drama extremo ya que la racionalidad y los métodos pacíficos no tienen resultados concretos. No sirve protestar en las casas ni pasearse por la vereda con un cartel, tratando de no molestar a nadie.

Los estudiantes lograron el año pasado con sus movilizaciones un conjunto de promesas que, salvo las inmediatas, no se han cumplido, por lo que tienen motivos para continuar manifestándose, pero ahora en un escenario en el que serán perseguidos por la Justicia como vulgares delincuentes, contradiciendo el discurso oficial que promueve la participación y que establece virtualmente como un deber ciudadano la participación.

A pesar del discurso, la señal concreta es que la autoridad parece preferir que la ciudadanía no sea activa, y ello sólo contribuye a intensificar las presiones sociales de la gente que no se siente atendida ni ve que sus problemas se resuelvan, amén de ver despreciados sus sinceros esfuerzos por aportar al fortalecimiento de la democracia.

Cuando el sistema político invita a la fiesta pero se reserva el derecho a admisión, la contradicción de la democracia imperfecta queda en evidencia, y para un joven que no siente que exista un espacio en la sociedad la respuesta lógica y casi instintiva es la rebelión. Así las cosas, los grupos minoritarios que practican la violencia sólo podrán verse aumentados en un futuro cercano, gracias al auspicio de los adultos que aceptan sólo las felicitaciones y castigan la crítica como un delito.