DEMOCRACIA IMPERFECTA

La seguidilla de acusaciones y réplicas entre los dirigentes políticos a raíz de las responsabilidades de cada cual en las situaciones de corrupción conocidas en las últimas semanas, así como los posteriores esfuerzos por pacificar los ánimos ha impedido que se reaccionara con la fuerza que hubiera correspondido al estudio que califica al sistema político chileno como una “democracia imperfecta”.

El estudio de la prestigiosa revista “The Economist” clasifica a la chilena como una “democracia imperfecta”, dentro de un listado que considera a la mitad de las naciones como democráticas pero sólo a 28 como plenamente democráticas, primer grupo que es seguido por el de las democracias imperfectas, dentro de cuyos primeros puestos se insertaría Chile.

El informe es una clara advertencia para los chauvinistas que pueden pensar que Chile es visto como un ejemplo mundial prácticamente en cualquier categoría que se quiera considerar, cuando la verdad es que seguimos siendo una nación subdesarrollada con una idiosincrasia limitada desde el punto de vista de su madurez y de su capacidad para solucionar los problemas de los habitantes del país.

Es precisamente este aspecto el más inquietante, si se considera que la Concertación gobernante en la actualidad surgió precisamente para luchar por la recuperación de la democracia y recién en el comienzo de la cuarta Presidencia de una persona de sus filas parece haber un agotamiento de los propósitos compartidos entre los cuatro partidos integrantes de este pacto.

Es cierto que el poder desgasta, y el mejor testimonio de ello lo pueden dar los partidos de Derecha que, cargando a su pesar con la mochila del pinochetismo, saben que sólo pueden pensar en acceder al Gobierno por los errores de la Concertación. No importa lo que haga la Alianza por Chile, se mantiene siempre bajo la Concertación en las preferencias del electorado.

Para la Concertación, por su parte, el problema reside en cómo conciliar los programas de sus partidos integrantes. Cuando parte de la Concertación piensa sólo en mejorar la distribución del ingreso, sin alterar en lo esencial el modelo económico heredado en sus líneas principales de Pinochet, otra parte empieza a proponer políticas que van de lo colectivo a lo individual, dentro del esquema del endiosamiento que se ha hecho del ciudadano.

Además, la Concertación tiene que luchar contra el anquilosamiento de una fórmula política ganadora que se ha convertido en un auténtico elefante blanco que proporciona poder a sus adherentes, pero no conmueve al conjunto de la sociedad. Por eso, solo es esperable que la Concertación se mantenga unida si el terror a la pérdida del poder es mayor que la responsabilidad ante los electores por representar de manera efectiva las distintas visiones que existen en el país.

IDEALES Y REALIDADES

No cabe duda que la Presidenta de la República tiene forjada en su mente la imagen del Gobierno perfecto, del mismo modo que los dirigentes políticos conocen sus responsabilidades y creen saber perfectamente qué esperan sus electores de ellos, pero resulta imposible que estas idealizaciones puedan concretarse en la realidad por la sencilla razón de que todas parten de un supuesto falso.

No todas las personas están interiorizadas de las reglas del juego ni están dispuestas a someterse a las normas legales, morales y de sentido común que regulan las relaciones entre las personas en el ámbito de la política. Es más grave aún: Hay incluso quienes no han entendido nunca qué es lo que se espera de ellos. En un país en el que muchos de los egresados de la educación escolar no logran comprender un texto, es fácil esperar que hasta en las autoridades existan quienes no tienen la claridad mental para comprender y seguir instrucciones, y mucho menos tendrán la capacidad para pensar de manera autónoma y tomar decisiones ante sí.

Es por lo anterior que el esquema de gobierno considerado por la Presidenta Bachelet -que puede funcionar de excelente forma en Alemania, las experiencias conocidas directamente por ella- no opera en Chile. Suponer que la declaración general de intenciones puede inspirar a los subalternos para ponerlas en ejecución no se condice con la real preparación de los políticos.

No se trata de menospreciar a los políticos porque de todos modos para estar en los puestos que ocupan han hecho algún tipo de mérito, pero es que así como se ha distinguido la inteligencia emocional de la racional, habría que pensar que es distinta la inteligencia política de la inteligencia gubernamental. La primera permite alcanzar el poder, mientras que la segunda ayuda a ejercerlo. Cuando por varias generaciones ya de políticos la premisa ha sido acaparar el poder a costa de los adversarios e incluso de los aliados, no se puede cambiar el objetivo fundamental de un día para otro. No ayuda tampoco a ello la falta de preparación de una ciudadanía acostumbrada a exigir regalos en períodos de campaña y reacia a hacer un esfuerzo organizativo para hacer valer sus derechos.

Es inevitable esperar una transición del mundo occidental a nuevas formas de democracia, pero no es igualmente cierto que ello se base en los ciudadanos porque se trata de un proceso en evolución cuyo rumbo aún no está determinado.

Por ello, y a la luz de la gestión del actual Gobierno, se podría pensar que el principal legado de la presidenta Bachelet será demostrar que una mujer puede estar al cargo de la Nación, y que la tarea de abrir el gobierno a los ciudadanos -o de refrescar la democracia- deberá quedar pendiente para un futuro en el que los chilenos hayan ganado la madurez necesaria para actuar en este modelo tanto en su calidad de autoridades como en la condición de gobernados.

TEJADO DE VIDRIO

En Chile todo el mundo se conoce, por lo que resultan inútiles las declaraciones grandilocuentes con las que algunos personajes intentan restar credibilidad a sus ocasionales adversarios, como parte de un primer paso en su estrategia para deslindar sus propias responsabilidades en los eventuales casos de corrupción conocidos por el país en los últimos días. Para quienes recuerdan con claridad la historia pasada de cada uno de esos personajes, esos intentos de ensalzarse en la gloria de la recta moralidad que da el derecho a repudiar a quienes no son igualmente honorables -por lo general, casi todos los demás- resultan francamente risibles.

En una sociedad sana y madura, se esperaría que las autoridades y dirigentes políticos tuvieran la sabiduría y humildad para reconocer que no están habilitados para juzgar a los demás, y dejar que sean las instituciones las que actúen libres de presiones cuando se conocen hechos irregulares, por la sencilla razón de que la ciudadanía sabe quién es quién.

Hay que considerar que, a pesar de las señas de envejecimiento de la población, Chile es un país joven en el que la mitad de sus habitantes no conoció la conducta de los políticos antes de 1973, e incluso muchos recuerdan apenas el período pinochetista, por lo que no es raro que suenen extrañas las declaraciones que suponen falta de moral a quienes estuvieron en uno u otro bando en esa época indudablemente difícil, e incluso que se cuestione a quienes ni siquiera estuvieron en el país en esos años sin importar que esa situación ocurriera por su propia voluntad o por imposición de las autoridades de entonces.

Aunque la juventud del público pudiera ayudar a quienes emprenden la tarea de convencer a la audiencia de la honorabilidad de unos y del pasado cargado de culpas de otros, la inteligencia de los votantes no permite que las cosas se puedan exponer en blanco y negro. La gente quiere matices, y cuando se planteó el tema del empoderamiento (palabra no existente en el Diccionario de la Real Academia) de la ciudadanía, se abrió la puerta para que las personas tomaran conciencia de sus derechos como electores (es decir, una figura similar a la del consumidor de bienes y servicios) y exigieran respeto a su buen criterio y capacidad de entendimiento para comprender que cuando se conocen situaciones de abuso que pueden no ser ilegales sí son de todos modos censurables éticamente.

Una de las características de la modernidad es que la moral se hace difusa, y al margen de que ello sea o no deseable, lo concreto es que se hace virtualmente imposible que cualquiera trate de asumir posiciones de mayor altura moral que otros por la sencilla razón de que en Chile todos nos conocemos, y todos sabemos que la mayoría tiene tejado de vidrio.

LA POLÍTICA CHILENA Y SUS CICLOS

Más de algún estudioso de la sociedad chilena ha coincido en que la idiosincrasia nacional se asemeja a la personalidad de una persona que padece desórdenes bipolares, es decir que pasa por períodos de excitación seguidos por otras fases de depresión.

La política es reflejo, desde esa perspectiva, del alma nacional, y esa es la razón de que los problemas más acuciantes siempre queden sin resolver porque el período de atención de la opinión pública que se requiere para poder agotar todos los esfuerzos para hacer el debate respectivo, agotar la argumentación y poner en práctica las medidas es claramente más extenso que el tiempo en que la ciudadanía tiene su ojo puesto en el problema.

Es por esta razón fundamentalmente que los casos de corrupción parecen quedar en el limbo, sin definición alguna, a pesar de que cualquiera que se moleste en averiguar podrá comprobar que en cada situación que se ha llevado a la justicia los tribunales terminan resolviendo las responsabilidades. Es posible que los fallos no sean satisfactorios desde el punto de vista del interés público, pero existen y ello comprueba que es falso que las situaciones de abusos queden pendientes indefinidamente en el tiempo.

Lo que ocurre es que, así como cada escándalo es reemplazado en la atención pública por algún asunto de la farándula, el deporte o del acontecer internacional, la información que recibe la ciudadanía se va diluyendo, hasta que el suceso que ocupó varias portadas de los diarios concluye con un fallo judicial que apenas ocupa un espacio mínimo en las páginas pares de los periódicos, casi cayéndose de las hojas impresas.

Si tuviéramos un sistema de medios de comunicación que cumplieran con mayor responsabilidad con sus deberes y contribuyeran realmente a formar la opinión ciudadana, serían los propios integrantes de la sociedad los que exigirían respuestas concretas a las denuncias que se conocen, sin importar el tiempo que transcurra ni la aparición y desaparición de otros hechos noticiosos que puedan distraer la atención del público.

Es un trabajo también de las autoridades de gobierno y de los dirigentes partidarios y parlamentarios ayudar a las personas a desarrollar su sentido de responsabilidad, de manera que cuando se delega el control de los actos públicos a la ciudadanía exista de verdad una masa de personas informadas, capaces de discernir y de exigir para que el contrapeso al poder político que se supone existe en la sociedad civil pueda funcionar con efectividad.

CRISIS DE CRECIMIENTO CIUDADANO

Es un hecho de la causa que cuando se planteó la actual administración como un gobierno para los ciudadanos, o asimismo cuando se exponía que lo que los electores querían era que los políticos abordaran los asuntos que le importaban a la gente, se abrió un generoso espacio para el desarrollo de la conciencia de los ciudadanos respecto a sus derechos como “clientes” de la actividad política, y cada vez más se cuenta con una masa de personas que exigen que se respeten no sólo ya sus derechos sino que, también, su inteligencia y dignidad.

Esa es la razón de que los últimos escándalos causen más impacto que en el pasado, aun cuando no eran novedad, y es la razón también que obliga a los dirigentes políticos a cambiar su actitud frente a las situaciones que ponen en cuestión su integridad. Para el público no basta como explicación que se acuse al bando contrario de intentar obtener provecho político recurriendo a hechos o afirmaciones más o menos ciertas porque siente que no se está respetando su inteligencia con declaraciones que, más que buscar soluciones a los problemas, están tratando de sacar algo de ventaja sin aportar nada a cambio.

Es por lo anterior también que el escándalo protagonizado por un sector determinado de la vida política nacional termina afectando al conjunto de los actores políticos, porque a los ojos de la ciudadanía todos participan en un espectáculo que, en el momento puede parecer muy intenso, pero respecto al cual se percibe que, en definitiva, no se saca nada en limpio.

Corrupción ha habido siempre, aunque en determinados períodos pudo no conocerse en detalle, y el hecho de que se conozcan los casos de abusos no exculpan a los responsables. En Chile, la cultura política contempla actitudes como los caudillismos y los compadrazgos, por lo que no es de extrañarse que ocurran situaciones reprochables.

Lo que sí es censurable, en todos los casos, e incluso puede revestir el carácter de amenaza para la credibilidad del sistema político y eventualmente de la propia democracia, es que cada crisis no se traduzca en soluciones, que después de cada escándalo las cosas sigan iguales. En definitiva, que los dirigentes no tengan la misma velocidad de madurez cívica que ha caracterizado en los últimos años a la ciudadanía.

El problema de ello es que se va produciendo un ahondamiento del divorcio entre la gente y sus representantes en el poder político, y cuando ese abismo sea insalvable no habrá forma de que los actuales actores políticos puedan asumir la representación de una ciudadanía que no les cree ni les tiene confianza.