MODELO A LA CHILENA

Cada cierto tiempo, y cada vez que se trata de implementar nuevas políticas para solucionar los problemas de determinados sectores de la sociedad, los “especialistas” ponen su mirada hacia las naciones que se han considerado tradicionalmente como modelos con el fin de extraer o directamente imitar las soluciones que ya han sido puestas a prueba en otros lugares del mundo.

Luego, viene la discusión entre adaptar el modelo extranjero a la realidad chilena, o directamente adoptarlo tal cual, sin tomar a veces en consideración las particularidades de nuestro país, pero lo que nunca se hace es tomar en cuenta que a la hora de ejecutar las políticas resueltas por los especialistas son chilenos los que la ponen en práctica, y es ahí donde se produce el tope para que la cuidadosa planificación pueda ser exitosa.

La salud, la educación y últimamente el deporte son la demostración empírica de que ninguna inyección de recursos, ninguna política centralizada o descentralizada, ninguna genialidad que ha ayudado a otras naciones a avanzar hacia el desarrollo, es capaz en suelo chileno de vencer la proverbial picardía nacional.

Como se dice a menudo en los pasillos del Parlamento: “Hecha la ley, hecha la trampa”, y si se puede sacar una tajada de los presupuestos públicos se hace, sin considerar el grave daño que se hace a los eventuales beneficiarios de los dineros fiscales ni a la clase política en su conjunto, porque a raíz del escándalo de Chiledeportes o de cualquier otro similar en el pasado o que se pueda llegar a descubrir en el futuro en muchos de los fondos que se asignan por medio de proyectos, siempre el Gobierno acusa a la oposición de montar una operación para desacreditar a las autoridades en su capacidad de gestión mientras los voceros opositores invariablemente responsabilizan al grupo gobernante de los abusos y delitos detectados, pero para el ciudadano común el aprovechamiento es obra de los “políticos” en general, sin distinguir entre unos y otros, y para la suma final de los hechos objetivo la consecuencia es que el país desaprovecha sus recursos y capacidades para solucionar problemas urgentes.

La principal culpa no es de quien roba o de quien deja robar, sino del conjunto de personas a las que se les ha encargado la responsabilidad de administrar el país para el mayor bienestar de todos que no hacen todo lo necesario para que las cosas se hagan bien.

La señal que se recibe, entonces, es que la comunidad no sabe, no puede o es incapaz de resolver los problemas particulares, por lo que deben ser entonces los particulares los que solucionen sus necesidades, tratando de que la comunidad los moleste lo menos posible. Se destruye así el sentido de la sociedad y se pierde el respeto por las autoridades que deben gozar de la adhesión de los ciudadanos para poder actuar con mayor eficiencia.

RENCORES EN EL DÍA DESPUÉS

Ocurrió finalmente lo único posible. Atenazada entre las presiones resultantes de las dos almas de la Concertación, la Presidenta Bachelet optó ante la elección del país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU por la única alternativa: No tomar posición, evitando ser acusada de revolucionaria y marxista por apoyar la postulación de Venezuela, o de entreguista por estar con Guatemala, respaldada por Estados Unidos, desdiciéndose incluso de su propia prevención de que Chile no guardaría neutralidad.

Bajo la argucia de que la abstención es una forma de comprometer a las demás naciones en la búsqueda de un consenso, que es en realidad una manera de eludir la responsabilidad por la indefinición, lo que se ha hecho en definitiva es descomprimir las tensiones que se estaban produciendo al interior del pacto de Gobierno.

Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, cada vez que hubo una discrepancia el entonces Presidente tomó la decisión que favorecía a la Democracia Cristiana, en el intento de evitar que las amenazas de los dirigentes de salirse de la Concertación se cumplieran, y en esta oportunidad parece imperar la misma lógica, con la diferencia de que el grado de compromiso de lo que se llaman las fuerzas progresistas dentro de la Concertación es menor que en oportunidades anteriores y ha habido en este episodio incluso amenazas nada veladas en respuestas a las amenazas demócrata cristianas.

Así las cosas, no sería raro que en lugar de ser la DC la que se salga de la Concertación sean sus actuales partidos aliados los que la emplacen a dar el paso, porque en definitiva la política es como un juego de póquer en el que la DC ha podido blufear hasta ahora, pero siempre se expone a que se le pague la apuesta para que muestre sus cartas.

La astucia del jugador se agota con el abuso de la misma estrategia partida tras partida, y los tics nerviosos que delatan la audacia de la mano ganadora empiezan a ser aprendidos por los rivales. La DC está forzando la paciencia de socios que en cada elección empiezan a pensar que los votos demócrata cristianos no son de propiedad del partido sino de la Concertación y que, a fin de cuentas, aunque si la DC se fuera con la Alianza por Chile en pleno, ya no tiene el mismo peso político de antaño y puede no ser decisiva para definir una elección. Aunque la posibilidad de que aún tenga esa capacidad pueda animar decisiones como la adoptada por la Presidenta respecto al Consejo de Seguridad de la ONU, quienes sostienen que se deben hacer gestos para la DC en los momentos de controversia van perdiendo argumentos, en la misma medida que la Falange no logre recuperar su caudal electoral histórico y apenas esté conteniendo la caída del apoyo popular.

Una vez que el bloque PS-PPD-PRSD considere que la DC no es imprescindible, van a ser los primeros en pedirle que se salga de la Concertación para poder gobernar con la tranquilidad que creen que les corresponde.

EL DERECHO A GOBERNAR

Un grupo mayoritario de parlamentarios de la Alianza por Chile formuló un ferviente llamado a la unidad de sus partidos, afirmando que esta vez sí que el esfuerzo debe llegar a buen puerto y reconociendo, al mismo tiempo, que su propósito es constituirse en una alternativa real de Gobierno.

Es legítimo. En política se está para conquistar el poder y no para otra cosa. Se puede esgrimir la vocación de servicio como razón, pero el poder es esencial para demostrar esa disposición.

El problema es determinar a quién le corresponde el derecho a gobernar. En democracia, este derecho le corresponde al que logre captar la mayoría de las adhesiones ciudadanas, y para eso tiene que demostrar su capacidad de liderar a la gente, es decir conducirla hacia lo que es apropiado para ella aunque no siempre sea una meta atractiva, y de representar a la gente, o sea reconocer lo que las personas desean y satisfacer sus necesidades.

Sin duda, ambas visiones parecen contrapuestas y obligan por lo tanto a un equilibrio. Este equilibrio se logra con hechos y no con declaraciones. Las palabras pueden reforzar los hechos, explicarlos, pero no los pueden reemplazar.

En este sentido, a la Alianza por Chile le falta corroborar con hechos su voluntad unitaria y reconocer que no podrán captar la adhesión de los independientes y del centro político si no se abren a auténticas prácticas democráticas, del mismo modo que la Concertación puede perder su mayoría si continúa quedando en deuda respecto a lo que ha prometido y no logra convencer a los votantes de las mayores bondades de su proyecto frente a lo que pueda ofrecer la Alianza.

Ambos bloques han fallado en despertar el entusiasmo ciudadano y en lograr la participación de las personas que, sin tener interés en la política partidista, sí tienen la vocación de aportar al desarrollo de su propia sociedad. Cuando la clase política no logra ejercer el liderazgo ni asumir la real representación del electorado, se llega a una etapa como la que se vive en Chile, caracterizada por una democracia formal pero hueca que va alejando a las personas del compromiso ciudadano.

Cuando no se gana con las armas correctas el derecho a gobernar, los votantes terminan apoyando al menos malo. No al que los convence ni entusiasma, sino al que le parece menos peligroso, y en eso sin duda la Concertación ha demostrado con cuatro gobiernos seguidos que ha tenido la capacidad de representar una normalidad carente de utopía pero al menos soportable, y eso sólo puede ser derrotado por los sueños que se han quedado atrapados entre los pliegues de lo políticamente correcto y posible y entre los traumas del pasado y los sentimientos de culpa por situaciones que no vivieron directamente la mitad de los electores del país.

CIUDADANOS EN LA CAJA DE PANDORA

Mucho se ha hablado durante la actual administración de la Presidenta Bachelet sobre la importancia de los ciudadanos, esa abstracción con la que se trata de representar a la gente común, hasta el punto que la propia Presidenta tuvo que precisar que ella nunca dijo lo que todos entendimos que dijo.

Sin embargo, y de modo poco destacado como suele ocurrir con las iniciativas importantes del Gobierno, entre medio de paros y el proyecto de presupuesto para el 2007, se ha anunciado que el Ejecutivo estudia proponer una ley para entregar a los propios ciudadanos la facultad legislativa, de modo que a través de un número significativo de firmas o auspiciados por organizaciones sociales puedan presentar a la consideración del Legislativo iniciativas de su interés.

Esta es una verdadera caja de Pandora, del mismo modo que el alto precio del cobre se transformó en un aumento de las demandas sociales, en el entendido de que había dinero para atender lo que se ha postergado por años. Ahora la gente no se tendrá que quejar más de los políticos -estén en el Parlamento o en La Moneda- porque será la propia gente la que resolverá los temas que le importan. Ya no habrá más líderes mesiánicos que prometen hacer lo que el pueblo quiere porque será el pueblo mismo, sin intermediarios, el que hablará.

Nadie se podría oponer a una propuesta que apunta a una mayor democratización del país, pero hay algunas dudas que se deben resolver en forma previa. Por ejemplo, ¿cuántas firmas se requerirán para proponer proyectos de ley y qué tipos de organizaciones podrán auspiciarlos? ¿Estas propuestas serán vinculantes para el Legislativo, es decir equivaldrán a la aprobación en general de los proyectos, obligando al Congreso a pronunciarse sobre las características de los proyectos sin posibilidad de descartarlos? ¿Qué pasa si dos proyectos opuestos son presentados con la misma cantidad de firmas, será el Congreso el que dirima o se resolverá mediante plebiscitos considerando que lo que los ciudadanos proponen sólo lo pueden definir los mismos ciudadanos? ¿La ciudadanía tendrá limitaciones en cuanto al tipo de materias que podrá proponer?, porque en la actualidad la mayor parte de los temas importantes son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y los parlamentarios no pueden plantear ningún tema que represente gasto fiscal, aunque sea un solo peso.

Si fuera así, senadores y diputados estarían casi de sobra; y si no es así, la iniciativa popular sería una medida populista, sin contenido democratizador real. Los políticos tienen que conducir al país y no ser meros reproductores o ejecutores de la voluntad popular. Si la voluntad ciudadana fuera irrebatible, se podrían cambiar el Gobierno y el Congreso por la recolección de firmas en la vía pública y que mande el que junte más nombres en apoyo de sus ideas.