CIUDADANOS EN LA CAJA DE PANDORA

Mucho se ha hablado durante la actual administración de la Presidenta Bachelet sobre la importancia de los ciudadanos, esa abstracción con la que se trata de representar a la gente común, hasta el punto que la propia Presidenta tuvo que precisar que ella nunca dijo lo que todos entendimos que dijo.

Sin embargo, y de modo poco destacado como suele ocurrir con las iniciativas importantes del Gobierno, entre medio de paros y el proyecto de presupuesto para el 2007, se ha anunciado que el Ejecutivo estudia proponer una ley para entregar a los propios ciudadanos la facultad legislativa, de modo que a través de un número significativo de firmas o auspiciados por organizaciones sociales puedan presentar a la consideración del Legislativo iniciativas de su interés.

Esta es una verdadera caja de Pandora, del mismo modo que el alto precio del cobre se transformó en un aumento de las demandas sociales, en el entendido de que había dinero para atender lo que se ha postergado por años. Ahora la gente no se tendrá que quejar más de los políticos -estén en el Parlamento o en La Moneda- porque será la propia gente la que resolverá los temas que le importan. Ya no habrá más líderes mesiánicos que prometen hacer lo que el pueblo quiere porque será el pueblo mismo, sin intermediarios, el que hablará.

Nadie se podría oponer a una propuesta que apunta a una mayor democratización del país, pero hay algunas dudas que se deben resolver en forma previa. Por ejemplo, ¿cuántas firmas se requerirán para proponer proyectos de ley y qué tipos de organizaciones podrán auspiciarlos? ¿Estas propuestas serán vinculantes para el Legislativo, es decir equivaldrán a la aprobación en general de los proyectos, obligando al Congreso a pronunciarse sobre las características de los proyectos sin posibilidad de descartarlos? ¿Qué pasa si dos proyectos opuestos son presentados con la misma cantidad de firmas, será el Congreso el que dirima o se resolverá mediante plebiscitos considerando que lo que los ciudadanos proponen sólo lo pueden definir los mismos ciudadanos? ¿La ciudadanía tendrá limitaciones en cuanto al tipo de materias que podrá proponer?, porque en la actualidad la mayor parte de los temas importantes son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y los parlamentarios no pueden plantear ningún tema que represente gasto fiscal, aunque sea un solo peso.

Si fuera así, senadores y diputados estarían casi de sobra; y si no es así, la iniciativa popular sería una medida populista, sin contenido democratizador real. Los políticos tienen que conducir al país y no ser meros reproductores o ejecutores de la voluntad popular. Si la voluntad ciudadana fuera irrebatible, se podrían cambiar el Gobierno y el Congreso por la recolección de firmas en la vía pública y que mande el que junte más nombres en apoyo de sus ideas.