La destitución del Presidente

La reciente destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo debe haber llevado a más de alguien a preguntarse cómo es el proceso para destituir al Presidente de Chile, y es bueno poder decir que se cuenta con un procedimiento claro y perfectamente democrático, en la medida en que se acepte como democrático el sistema representativo.


Sin siquiera considerar la posibilidad de que estas normas se refieran a una persona en particular, la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establecen con toda exactitud que al Presidente se le puede destituir cuando falta a su deber. El art. 52 de la Constitución determina que un mínimo de diez diputados y un máximo de veinte podrán presentar una acusación constitucional contra el Presidente de la República “por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes”.

Esta acusación se puede presentar hasta seis meses después que deje el cargo, momento en el que, obviamente, no se le destituye pero sí rige la sanción de que no pueda volver a ocupar cargos de elección popular por cinco años.

La acusación constitucional requiere ser aprobada por la mayoría de los diputados en ejercicio, es decir 61 votos, y luego el asunto pasa a la consideración del Senado, que para estos efectos actúa como tribunal y tiene que aprobar la acusación por dos tercios, o sea 25 votos.

En los 22 años de Parlamento que llevamos, solamente una vez se aprobó una acusación, en contra de un integrante de la Corte Suprema Hernán Cereceda, que en definitiva estivo más motivada en conflictos con uno de los senadores de Renovación Nacional, Hugo Ortiz, quien sumó su voto al de Ignacio Walker y el actual presidente Sebastián Piñera.

Otra cosa es que este procedimiento sea satisfactorio en momentos en que la democracia representativa resulta insuficiente y la ciudadanía desea mayor participación. Si el Presidente de la República ha sido electo por la mayoría de los habitantes del país, resultaría lógico que su destitución fuera también decidida por la mayoría y el único mecanismo que parece plausible para ese caso es el plebiscito, pero eso requeriría legislar sobre esta alternativa, lo que obviamente se haría porque hay un interés al respecto.

Es importante saber que en Chile no ocurriría algo como lo de Paraguay, que siendo aparentemente legal no cumple con el sentido común por no contemplar tiempo para la preparación de la defensa del acusado, pero es necesario saber que no contamos con un procedimiento que reconozca la soberanía popular y, gracias al sistema electoral binominal, se puede dar el caso que el Parlamento no sea realmente representativo de la voluntad popular.

¿Y qué pasa si se acaba la Concertación?

Cuenta la historia que cuando murió la madre de Paul McCartney, el entonces adolescente le preguntó a su padre: ¿Qué haremos sin su dinero? La anécdota se suele contar para explicar la preocupación del futuro beatle por el tema financiero y para contraponer su inquietud por la pobreza con la fortuna que llegó a amasar pocos años después.


Si se acaba la Concertación, como parecen desear algunos sin decirlo y muchos lo esperan como algo inevitable, ocurre más o menos lo mismo. Es decir, la vida sigue igual.

Como tenemos un sistema electoral de mayorías -para estos efectos da más o menos lo mismo el binominal porque basta con la exigencia de que el Presidente tenga el 50 % más uno de los votos- lo más previsible es que las fuerzas políticas se reordenen para tratar de alcanzar esa mayoría.

El misterio radica solamente en si parte de la Democracia Cristiana derivará hacia Renovación Nacional, porque es evidente -ya está anunciado- que el PPD y el Partido Radical mantendrán su alianza con el Partido Comunista, en tanto que el Partido Socialista conservará su alianza con la DC o lo que quede de ella. Como ninguno de estos pactos basta para tener la mayoría estarán obligados a un acuerdo, que sería solamente electoral y no sería muy distinto de lo que ya hay.

Si suficientes demócrata cristianos prefieren emigrar hacia RN, existe la posibilidad de que el sector liberal de la Alianza tenga la fuerza para predominar frente a la UDI.

Hay que recordar en todo caso que la muerte de la Concertación se viene preconizando desde 2007, cuando Adolfo Zaldívar y los colorines fueron expulsados de la DC, a la par que Fernando Flores, Schaulsohn y Esteban Valenzuela salieron de la misma forma del PPD. Es decir, se trata de una muerte dolorosa, con una prolongada agonía, que debería evitar cualquier sorpresa.

En este sentido, es lógico suponer que cada uno de los partidos que la integran ha tenido tiempo más que suficiente para preparar su resurrección en el nuevo escenario político que se configuraría y que, en definitiva, no debería ser muy distinto al que existe en la actualidad.

Hay que considerar además que algunos concertacionistas confían en que Michelle Bachelet regrese a poner orden, pero como no pudo hacerlo en su primer gobierno, resulta difícil creer que pueda hacerlo ahora. Esta es la esperanza de los que ruegan por un milagro al costado del lecho del enfermo.

Finalmente, igual que en el caso de Paul McCartney, lo concreto es que la vida sigue igual y que, después de un período esperable de agitación y polémicas, todo volverá más o menos a lo mismo.

La sociedad culpable

Es evidente que el homenaje al general Pinochet, disfrazado como la presentación de una película, iba a causar controversia y encontrones físicos entre sus partidarios y detractores porque se trata de una figura que, por muchos años más, seguirá dividiendo a los chilenos.


Lamentablemente esta noticia, claramente previsible y repetida, opacó otra información -que también es previsible y repetida- pero que tiene plena vigencia y se sigue produciendo: El informe del Ministerio del Medio Ambiente que afirma que cada año mueren 4 mil 200 personas por enfermedades asociadas a la alta contaminación en nuestras ciudades, porque ya no se trata solamente de Santiago.

El mismo informe señala que diez millones de chilenos están expuestos a índices de polución que superan las normas mínimas, y ya podemos sospechar que esas cotas son más generosas de lo que correspondería.

No es posible ni ético comparar muertos, pero no se puede dejar de señalar que, de acuerdo al Informe Rettig, durante la dictadura murieron 2 mil 279 compatriotas, a lo largo de 17 años, mientras la contaminación está matando todos los años a 4 mil 200. La comparación -odiosa, por supuesto- debería llevar a concluir que poner la mitad de la pasión con la que discutimos la figura de Pinochet sería de mucha ayuda para reducir los problemas ambientales. No se trata ya de que una fuente de agua sea motivo de abusos o que una industria se instale al lado de un establecimiento educacional. El punto de fondo es que hay algunas ciudades que están literalmente matando a sus habitantes.

Eso es grave y hay que decir que es responsabilidad de todos. No sólo de los gobiernos de la Concertación que se limitaron a medir los índices de contaminación y a retirar vehículos de circulación cuando las medidas sobrepasan los límites y de la actual administración que ha seguido el mismo modelo, sino de todos los que sacamos nuestros vehículos en malas condiciones de funcionamiento, quemamos desechos, producimos basura en exceso y sin ayudar a su reciclado y, sobre todo, que insistimos en vivir en lugares inadecuados para nuestra salud y en no exigir de la autoridad que adopte medidas realmente eficientes.

Entre todos somos responsables. Por hacer, por dejar hacer y por no hacer, aunque desde un punto de vista formal el Estado es el primer responsable porque tiene una obligación constitucional por hacer que los chilenos vivan en un medio ambiente libre de contaminación.

En lugar de reclamar por figuras muertas, y con todo respeto a su memoria, ¿no sería preferible preocuparse de los que aún estamos vivos?

¡BOOOOM!

A nadie le gusta saber que, en cualquier momento y lugar, le pueda explotar una bomba y menos cuando se trata de un inocente transeúnte que no tiene ninguna relación con las causas por las que los terroristas del caso puedan estar bregando.


En ese sentido, es indudable que la responsabilidad de todas las autoridades es hacer lo posible para que eso no ocurra y que, cuando suceda, se pueda detener a los responsables, llevarlos a la justicia y que sean debidamente sancionados. Lo que se espera es que quienes tienen la tarea de velar por la seguridad pública hagan bien si trabajo y no insistan años en perseguir judicialmente a los presuntos culpables si no tienen las pruebas suficientes.

También es importante que toda la sociedad entienda que andar poniendo bombas no es un acto heroico, testimonio de una necesaria rebeldía juvenil ni una expresión política válida. Es un delito incuestionable, y cuando se realiza con el fin de amedrentar a las personas o las instituciones agrega la condición de terrorista a la delictual.

Si un país está bajo un régimen democrático, por muy imperfecto que pueda parecerle a alguien, siempre se tienen los medios para expresar la opinión y demandar que el Gobierno actúe de forma diferente, pero no se puede pretender que todo el país acceda a la voluntad de un grupo, por numeroso que sea, si no tiene la gravitación política y social para hacer valer sus puntos de vista.

Otra cosa es que se le asegure a todos el derecho a expresarse y otra aún más distinta e importante es que la sociedad simplemente haga oídos sordos al actuar de algunos grupos radicalizados, que parecen encontrarse más cerca del nihilismo que de una concepción anárquica sólida y respetable.

Cuando se trata de hacer daño porque sí o porque alguien se siente marginado de la sociedad, hay una conducta antisocial y ya cualquiera sabe que el que lleva la contra a la mayoría corre el riesgo de ser sancionado, pero no basta con tener un pensamiento de esta naturaleza porque no puede ser el pensamiento el que se castiga: Lo que se penaliza es la conducta.

Sin embargo, al mismo tiempo, y con la misma relevancia para la paz social, se requiere que la autoridad que sanciona las conductas tenga la calidad para hacerlo, porque de otra forma la tarea de erradicar la violencia se convierte en una nueva amenaza para la sociedad y ya es sabido que la violencia genera más violencia. El punto de equilibrio es delicado, sin duda, pero hay que intentar alcanzarlo, en vez de insistir tozudamente que se tiene la razón en asuntos en los que no basta con la voluntad para que impere la justicia.