¡BOOOOM!

A nadie le gusta saber que, en cualquier momento y lugar, le pueda explotar una bomba y menos cuando se trata de un inocente transeúnte que no tiene ninguna relación con las causas por las que los terroristas del caso puedan estar bregando.


En ese sentido, es indudable que la responsabilidad de todas las autoridades es hacer lo posible para que eso no ocurra y que, cuando suceda, se pueda detener a los responsables, llevarlos a la justicia y que sean debidamente sancionados. Lo que se espera es que quienes tienen la tarea de velar por la seguridad pública hagan bien si trabajo y no insistan años en perseguir judicialmente a los presuntos culpables si no tienen las pruebas suficientes.

También es importante que toda la sociedad entienda que andar poniendo bombas no es un acto heroico, testimonio de una necesaria rebeldía juvenil ni una expresión política válida. Es un delito incuestionable, y cuando se realiza con el fin de amedrentar a las personas o las instituciones agrega la condición de terrorista a la delictual.

Si un país está bajo un régimen democrático, por muy imperfecto que pueda parecerle a alguien, siempre se tienen los medios para expresar la opinión y demandar que el Gobierno actúe de forma diferente, pero no se puede pretender que todo el país acceda a la voluntad de un grupo, por numeroso que sea, si no tiene la gravitación política y social para hacer valer sus puntos de vista.

Otra cosa es que se le asegure a todos el derecho a expresarse y otra aún más distinta e importante es que la sociedad simplemente haga oídos sordos al actuar de algunos grupos radicalizados, que parecen encontrarse más cerca del nihilismo que de una concepción anárquica sólida y respetable.

Cuando se trata de hacer daño porque sí o porque alguien se siente marginado de la sociedad, hay una conducta antisocial y ya cualquiera sabe que el que lleva la contra a la mayoría corre el riesgo de ser sancionado, pero no basta con tener un pensamiento de esta naturaleza porque no puede ser el pensamiento el que se castiga: Lo que se penaliza es la conducta.

Sin embargo, al mismo tiempo, y con la misma relevancia para la paz social, se requiere que la autoridad que sanciona las conductas tenga la calidad para hacerlo, porque de otra forma la tarea de erradicar la violencia se convierte en una nueva amenaza para la sociedad y ya es sabido que la violencia genera más violencia. El punto de equilibrio es delicado, sin duda, pero hay que intentar alcanzarlo, en vez de insistir tozudamente que se tiene la razón en asuntos en los que no basta con la voluntad para que impere la justicia.