Quiero ser Presidente: La reforma que falta

Muy bien por la inscripción automática y el voto voluntario. Eso obligará a los candidatos tanto a captar las preferencias del electorado como a motivarlos a concurrir efectivamente a marcar su voto.

Bien porque se esté discutiendo la posibilidad de reformar el sistema binominal, aunque hasta ahora no hay nada concreto y da la impresión de que el tema esté siendo utilizado para que los partidos hagan un ejercicio de fuerza entre ellos.

Faltan sin embargo, otras reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia y, dentro de ellas, una que posibilite la real participación de la ciudadanía.

En teoría, para ser candidato presidencial basta con tener 35 años de edad y cumplir con los requisitos mínimos para ser ciudadano, esto es básicamente no estar condenado por la justicia por un delito con pena aflictiva. Hay una letra chica, que dice que los candidatos que no tengan el respaldo de un partido político constituido, deben reunir un porcentaje determinado de firmas para poder inscribir su postulación. En la elección presidencial pasada, ese porcentaje correspondía a 36 mil firmas. Evidentemente, en parlamentarias y municipales la cifra es menor.

Este requisito tiene como propósito evitar que cualquiera pueda competir, cuestión que es, en sí, una discriminación absurda. Si todos pueden votar, todos deberían poder ser votados. ¿Quién dice que el ciudadano común y corriente, letrado y mayor de edad, no tiene el derecho a ser candidato presidencial? Otra cosa es que sea electo, pero su presencia en el voto y los foros obligará a los demás a actuar con mayor empatía por los votantes. Adicionalmente, se podría ofrecer a los sufragantes un abanico más amplio de alternativas.

La exigencia de firmas presenta una exigencia adicional porque hay que pagar lo que cobren los notarios por legalizar las firmas e incurrir en los gastos necesarios para comprobar que no más del 5 por ciento de las adhesiones corresponda a militantes de partidos políticos, es decir varios millones de pesos.

Al margen de que los ciudadanos puedan ser candidatos presidenciales, o al Parlamento o a los municipios, resulta evidente que cualquier postulación recibe una atención especial de los medios de comunicación, así como que nuevas personas traen, por lo general, nuevas ideas y eso son argumentos que deberían recoger los que dicen aspirar al permanente perfeccionamiento de la democracia. Si se trata de equiparar los derechos, es obligación de las instituciones equiparar también el acceso a su ejercicio y asegurar las oportunidades correspondientes.

El Caso Pérez Concha

Andy Warhol lo dijo en su momento: “Todo el mundo será famoso durante quince minutos”. Lo que no se precisó en esa frase es que la fama podía estar más asociada a la infamia que a la gloria, y eso es precisamente lo que ha ilustrado lo ocurrido con Inés Pérez Concha, la residente de un barrio supuestamente elegante, cuyas declaraciones a Chilevisión sirvieron para condimentar la polémica sobre la discriminación entre las clases sociales en Chile.

Primero apareció una sola frase, según la cual Inés Pérez Concha parecía apoyar las normas vecinales discriminatorias contra las nanas. Luego, apareció el resto de la entrevista, cuyo tenor permitía interpretar lo contrario. Obviamente, como además de discriminadores los chilenos son morbosos, fue a partir de la primera versión que esta mujer se hizo famosa y sufrió hasta el acoso de cibernautas que se dieron la licencia de difundir información personal sin que ella pudiera defenderse. La segunda versión tuvo muchísima menos difusión. No era tan impactante como el extracto.

Como la versión ampliada y corregida fue difundida sin permiso del canal, se despidió al asistente que la filtró, por haber violado los términos de su contrato, aunque es evidente que la impresión que quedó es que se le exoneró por dejar en evidencia la falta de ética de la estación televisiva, por medio del acto de recoger la única frase que servía para exacerbar la polémica.

Este abuso de la imagen y el nombre de una persona es el mismo que sufren las personas sin conexiones cuando son acusadas de un delito, por ejemplo, y las cámaras de televisión los muestran a todo el país como autores incuestionables de ciertos hechos, sin esperar lo que dictamine la Justicia.

Cualquier persona habría demandado de inmediato al canal por lo ocurrido, pero ocurre que así como en Chile no existe la cláusula de conciencia que permite a los periodistas negarse a entregar una información cuando va contra sus convicciones, tampoco existen normas legales que protejan a las personas comunes y corrientes de los abusos de la prensa, sean o no intencionados.

Como país nos encontramos aún en una etapa infantil del desarrollo, en lo que se refiere a las libertades, derechos y deberes públicos y casos como este dejan en evidencia el desequilibrio de los distintos poderes coexistentes en la sociedad, dejando siempre a los individuos en el último lugar de las prioridades. Nuestro periodismo puede ser muy incisivo, pero no con los poderosos, sino con los débiles y urge tomar consciencia de esa situación para poder comenzar a revertirla, ya que mientras no contemos con un sistema informativo realmente pluralista, democrático, equitativo, transparente y volcado al servicio de la sociedad en la que se inserta, seguiremos siendo una nación subdesarrollada.

¿Por qué es malo el Binominal?

En la sociedad se suelen formar amplios consensos sobre las materias más variadas, y en muchos casos se trata de fenómenos sociológicos sin mayor fundamento en una apreciación objetiva de los hechos, sino consensos que se forman a partir de la repetición de las opiniones de los demás.


Algo parecido ocurre con el sistema electoral binominal que, de tanto escuchar que es malo, ha llegado a ocupar un lugar preponderante entre las inquietudes ciudadanas, sin atender a las bondades que, sin duda, tiene. De todos modos sus desventajas justifican su reemplazo por un sistema más representativo de la voluntad ciudadana, pero hay que tener razones. La decisión de fondo es, entonces, respecto a cuál es el criterio empleado para su evaluación.

Originalmente, cuando la dictadura impuso el binominal entre medio de la institucionalidad destinada a evitar los conflictos políticos previos al ‘73, y recogiendo la experiencia de Estados Unidos e Inglaterra, entre otros, se trataba de forzar la agrupación de las corrientes políticas en dos grandes bloques. La idea era prevenir que, con el retorno a la democracia, resurgieran también los tradicionales tres tercios del sistema de partidos chilenos -izquierda, centro, derecha- en el que ningún sector tenía la mayoría absoluta. Con el mismo propósito se estableció la segunda vuelta para la elección presidencial.

Esa es la primera crítica que merece el binominal: Intentar cambiar la realidad a punta de normas legales. En lugar de establecer mecanismos para facilitar los acuerdos políticos, se prefirió rigidizar la expresión de la ciudadanía, en el entendido que los partidos representan las principales corrientes de pensamiento existentes en la sociedad.

La segunda es que este sistema establece un piso altísimo para resultar electo como parlamentario y, al mismo tiempo, distorsiona la representatividad de los partidos. Como cada bloque presenta dos candidatos, para elegir a los dos tiene que reunir el 67 % de los votos y para asegurar uno tiene que superar el 34 %. Ese es el piso para una tercera fuerza política para ir al Congreso. Entre el 35 y el 66 % da lo mismo, porque se elige la misma cantidad de parlamentarios.

Asimismo, si una lista obtiene el 67 % de los votos, da lo mismo lo que tenga cada candidato porque uno puede aportar el 66,9 y asegura la elección del que tiene el 0,1 % e incluso menos. Ha habido casos en las elecciones municipales en que sale un concejal con dos votos, así como en las parlamentarias de candidatos que obtienen la primera mayoría pero que, por no llevar compañero de lista, es duplicado por la lista adversaria y desplazado.

A ello se agrega la injusticia que afecta a los independientes, cuyos votos favorecen a sus compañeros de lista que son militantes de un partido, mientras que los votos de los militantes no se suman al independiente cuando este es el primero en la lista.

Por otra parte, como la ley establece que no se pueden presentar más de dos candidatos por lista, se fomenta también la división de los bloques políticos en no más dos sectores y es imposible que terceras fuerzas puedan medir su apoyo electoral, lo que implica a la vez que son los partidos los que definen sus postulantes sin necesitar la participación ciudadana. Luego se agrega que la competencia real es al interior de cada lista, porque cada una de ellas tiene más o menos asegurado un cargo. De esa forma, la Concertación que se creó con 17 partidos ahora tiene cuatro y los recelos entre ellos, tal como ocurre con la Derecha, dificulta el trabajo conjunto al que están obligados.

El binominal significa que una fuerza política puede tener un tercio de los votos y quedar fuera, repartiéndose los cargos entre las demás, como le ocurrió al PC por veinte años, lo que significa a su vez que los grupos que sí obtienen candidatos electos tienen la posibilidad de tener más representantes de los que le corresponderían proporcionalmente. La UDI, por ejemplo, con el 23 % de los votos tiene el 33% de los diputados.

Es evidente que no hay sistemas electorales perfectos, pero el binominal, que efectivamente ayudó a la consolidación de la democracia, ya no tiene la misma justificación a más de veinte años de su imposición, y menos cuando la sociedad chilena es cada vez más plural y diversificada, con partidos políticos desprestigiados y la existencia de candidatos que sí representan a un amplio sector de la sociedad.

Finalmente, es necesario insistir en que el cambio del sistema electoral no es un asunto antojadizo. En la medida que el Parlamento sea representativo de la sociedad es más factible esperar que los dirigentes políticos interpreten los anhelos y necesidades de la gente. En estos momentos, el Congreso se ha conformado con poco más de la mitad de los potenciales electores y el resto de la gente simplemente no está representada ni comprometida con el sistema político.

La Política en el Mercado

A quienes ven con optimismo la decisión de establecer la inscripción automática de los electores y la votación voluntaria, como si fuera una solución a los problemas de participación en el país, hay que recordarles que la efectividad de este cambio -que es, sin duda, positivo desde la teoría- depende en gran medida de cómo actúen los distintos actores del proceso político: Básicamente, los candidatos y los votantes.

Puestas así las cosas, resulta que la teoría del mercado es la más apropiada para analizar lo que pueda suceder, asumiendo desde un comienzo que el acto de concurrir efectivamente a sufragar forma parte del grupo de los bienes suntuarios, esto es que nadie lo necesita para su supervivencia ni estima tampoco que pueda mejorar sus condiciones de vida y, lo que es peor, sabe ahora que no sufrirá ninguna sanción si ese día se queda en su casa durmiendo hasta tarde o preparando un almuerzo familiar, que siempre son actividades más gratas que ir a votar, formando fila bajo el calor.

Habiendo aceptado eso, tenemos entonces que los candidatos constituyen la oferta de la transacción propuesta. Son ellos los que piden que los elijan, que los prefieran, que los “consuman”, en lenguaje mercantil. Los electores, que para este caso, serían los consumidores, se están tranquilos esperando que los convenzan de elegir entre una y otra alternativa, pero primero que les persuadan de que es bueno ir a votar.

Mientras ello no ocurra, los consumidores no presentarán ninguna demanda. Por lo tanto, es la oferta la que tiene que ir a buscar a la demanda para que se produzca la transacción. Si nadie va a votar, la oferta queda condenada a la bodega de los saldos, y aunque a nadie -nuevamente desde un punto de vista teórico- le interesa que ocurra eso lo lógico sería esperar que hubiera cierto grado de compromiso de todas las partes para que se produzca la participación. Pero no es así.

Con un público consumidor que tiene una mala opinión de los oferentes, que cree que no necesita los productos que se le ofrecen, resultará improbable que concurran a votar con entusiasmo a partir de su exclusiva responsabilidad. La carga recae entonces en los candidatos. Son ellos los que tendrán que despertar el entusiasmo de los votantes, los que tienen que convencerlos de que la democracia es necesaria para el país y que su participación es esencial para la mantención de la misma.

Resulta llamativo que un país completo sea sometido a un cambio tan riesgoso en apariencia. Lo que ocurre es que esta alteración de las reglas es un reconocimiento de que el sistema político no está funcionando y que la única manera de salir a flote es obligar a los políticos a competir de verdad por la adhesión ciudadana.