LOS PASMADOS

Hace casi dos décadas atrás, se exhibió en el cine una película llamada “El Rey Pasmado”, que retrataba un episodio ficticio de la vida de Felipe IV, quien no lograba consumar su matrimonio, fruto de una obsesión por quedarse viendo a su mujer. Se quedaba tan pasmado, alelado o atentado frente a la imagen de la reina que no era capaz de dar un paso en dirección a ella.

La alegoría retrata a la perfección lo que sucede con la Concertación, que tiene todas las oportunidades para ejercer su rol fiscalizador, como le corresponde a la oposición en cualquier país democrático del mundo, pero se queda “pasmada” frente a la imagen de sus adversarios, listos para recibir un ataque sin que este llegue jamás.

Esta pasma es la que la aquejó notoriamente en días pasados, cuando en dos ocasiones sucesivas la Concertación no tuvo la capacidad de aunar los votos de sus diputados para aprobar la conformación de comisiones investigadoras en dos asuntos que eran especialmente sensibles para el oficialismo: La gestión de la ahora ex-intendenta Jacqueline Van Rysselberghe en Concepción y el caso Kodama, en los que, sobre todo el primer caso, era una situación de llegar y hacer el gol, como se diría en jerga futbolística, mientras que en el segundo es posible suponer cierto recelo por no comprometer a las autoridades concertacionistas anteriores del Ministerio de la Vivienda.

Es indudable que siempre es necesario evaluar cuidadosamente la consecuencia de cualquier acción política, como es la conformación de una comisión fiscalizadora, ya que partidarios y detractores tratarán legítimamente de usar todas las armas posibles para establecer su propia verdad y ello implica un riesgo.

Pero lo que resulta increíble es que teniendo las firmas de diputados patrocinantes suficientes para la aprobación de las comisiones no concurran a la sala para ratificar las iniciativas impulsadas por ellos mismos días antes. La única interpretación esperable de parte de la opinión pública es que se ha actuado con ligereza e irresponsabilidad y frente a esa reacción, en lugar de explicarse que hubo una meditación que apuntaba a no concretar las comisiones, unos y otros comienzan a acusarse mutuamente de falta de seriedad y consecuencia, con lo que sólo se refuerza la impresión generada sobre las limitaciones de la oposición para cumplir su labor fiscalizadora.

Como es evidente que, en cualquier confrontación, era el oficialismo el que tenía mayores posibilidades de resultar dañado, al menos en un primer momento, la única explicación plausible es que la Concertación está “pasmada”, tal como el personaje de la película española, como si quedara congelada, sin poder creer las facilidades que se le dan para atacar al Gobierno, y sin hacer nada al final.

EL MINISTRO QUE NO SABÍA LO SUFICIENTE

Toda la solidez política del ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter se derrumbó cuando el senador de la UDI Pablo Longueira, haciendo una reaparición en las primeras filas de la política, lo responsabilizó directamente de la incapacidad del Gobierno de levantar una propuesta -“un relato”, dijo Longueira- que resultara convincente de cara a la ciudadanía y aglutinador para los partidos de la Alianza. La acusación es, básicamente, haber fracasado con su intento de proponer el lema de la Nueva Derecha como un concepto capaz de explicar en qué se distinguiría el gobierno de Sebastián Piñera y no haber sido capaz de prever los conflictos gratuitos y los numerosos errores no forzados cometidos por la actual administración. En síntesis, no haber tenido la capacidad política de actuar como Jefe de Gabinete y segundo de a bordo. Si a lo anterior se suma que Hinzpeter no logra posicionarse como futuro candidato presidencial, la conclusión lógica sería que su futuro político es limitado y que, incluso en caso de requerirse un golpe de timón que posibilite la legítima aspiración de la Derecha de aspirar a un segundo Presidente de sus filas, es la figura del actual Ministro del Interior la llamada a liderar la salida de quienes ya no son útiles para esas pretensiones. Es curiosa la crítica de Longueira porque, en estricto rigor, en el ordenamiento institucional del gobierno de los últimos años y respecto del cual el Presidente Piñera no ha dado señales de querer modificarlo, el Ministro del Interior es el brazo ejecutor de la Presidencia y quien tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y fijar los objetivos políticos es el Ministro Secretario General de la Presidencia, es decir Cristián Larroulet, quien no recibe mayores críticas. Hinzpeter, en cambio, que a todas luces parecía ser el delfín de Piñera dentro de las filas de Renovación Nacional -su propio partido- recibe prácticamente dardos a diario y ahora una virtual extremaunción del UDI Pablo Longueira, quien al mismo tiempo dice estar dispuesto a apoyar a cualquier presidenciable de la Alianza, aunque no sea de la UDI. Sin duda, el titular del Interior ha cometido errores y, sobre todo, no ha sabido o no ha tenido la capacidad de remediarlos a tiempo. Lo ocurrido en Magallanes y con la ex-intendenta Jacqueline Van Rysselberghe son los ejemplos más comentados, pero también se puede recurrir a la situación indígena y a la del medio ambiente. En todos esos casos es posible adivinar la mano de Hinzpeter en decisiones gubernamentales que no han sido claras u oportunas y es posible que Longueira tenga razón en que los errores obedezcan a que el Ministro no ha sabido enmarcar la política oficialista dentro de un plan mayor ni mucho menos explicarlo con claridad, si es que existe esa planificación. Así las cosas, su permanencia en el gabinete tendría fecha de caducidad, pero siempre que el Presidente tenga un plan B.

EL DELICADO SENTIDO DE LA CREDIBILIDAD

Lo sucedido en las últimas semanas con la Iglesia Católica chilena, unido a las encuestas que persistentemente muestran que la credibilidad es el atributo menos valorado del Presidente de la República, amenazan con convertir al país en el paraíso del relativismo, ya que al no haber autoridades que despierten la confianza de la gente resulta cada vez más natural que las personas desconfíen de todo el mundo, que prevalezca la opinión de que en todos los ámbitos hay algo engañoso y que, al final, el pueblo se encuentra liberado a su propia suerte, asumiendo que ninguno de los poderes que prometen ocuparse de su bienestar puedan o quieran siquiera responder a su compromiso. No es comparable la situación de un Presidente que lleva poco más de un año de ejercicio con una religión que ha estado presente en la sociedad desde la conquista y la colonización, pero en ambos casos su poder, entendido como su capacidad para impulsar las iniciativas que apuntan a conformar la sociedad según su visión, depende de su credibilidad, y sin credibilidad es poco lo que pueden hacer, por muchas explicaciones que se den para justificar el deterioro de su imagen, Sin credibilidad, los mismos argumentos para explicar este fenómeno carecen de validez a los ojos de la opinión pública. En esas circunstancias, las personas tienen dos opciones: Buscar nuevos dirigentes que les otorguen la seguridad que no les pueden dar los anteriores, o bien adoptar la autonomía como forma de vida, asumiendo de paso un distanciamiento respecto de las instituciones. Esta segunda alternativa implica el riesgo de que el conjunto de la sociedad experimente un deterioro del conjunto de la organización social, aunque sea por culpa de unas pocas autoridades que no han sabido responder a las responsabilidades propias de sus cargos. En todo este proceso de pérdida de credibilidad y reasignación de las confianzas, las personas tienden a evaluar al conjunto de instituciones que ordinariamente ordenan sus vidas, pero también ponen en duda el grado de lealtad que le deben a la sociedad y esa reflexión la hacen en un estado de malestar y confusión, sin guías ni más orientaciones que el rechazo a lo conocido. El camino a la desintegración queda, entonces, abierto. La credibilidad es una distinción, una suerte de recompensa a la honorabilidad, la integridad y la consecuencia, que trae consigo cuotas de beneficios en términos de poder, pero lleva aparejada consigo una importante cuota de responsabilidad, y en estos momentos la primera tarea debe ser proteger la organización de la sociedad y a las instituciones que demuestren que siguen siendo importantes.

CUENTAS CLARAS

La renuncia de la intendenta del Bío-Bío Jacqueline Van Rysselberghe es un hecho político que, curiosamente, se parece a la estadística en el sentido de que cada intérprete puede sacar cuentas alegres para sus propios intereses, apoyándose en uno u otro elemento. Para la oposición es un triunfo porque ha inflingido una derrota política al Gobierno, para el Gobierno es la posibilidad de recuperar la armonía entre las fuerzas que le apoyan. Para la UDI, es una chance de preservar a una de sus principales figuras de un castigo que la hubiera dejado fuera de la competencia electoral y para RN es la recuperación de su capacidad de influencia ante el Gobierno. Para tener claridad entonces frente a este hecho hay que establecer algunas conclusiones relativamente objetivas, y la primera que, por obvia no se ha enunciado explícitamente, es que la salida de Van Rysselberghe no fue voluntaria. No fue renuncia, sino un despido y se llegó a esa instancia porque La Moneda se formó la certeza de que la acusación constitucional sería apoyada por un número necesario de diputados del propio oficialismo como para su aprobación y eso hubiera implicado una auténtica guerrilla en las filas de la Alianza por Chile. Evitar ese enfrentamiento no significa, sin embargo, que eliminada la razón de la contienda se garantice la recuperación de la armonía en el pacto gubernamental. Quedan heridas y suspicacias que no serán sanadas con facilidad porque haber evitado que la sangre llegara al río no implica que se elimine el ánimo beligerante. Por otra parte, si no se pidió la renuncia con la debida oportunidad, el momento en que se realiza finalmente deja abierta la posibilidad de que la UDI insista con promover la figura de la ahora ex-intendenta en la próxima elección senatorial, moviendo todos sus hilos para convertirla en una mártir en vez de ser una paria, como hubiera ocurrido de haberse llegado a su destitución por la vía de la acusación constitucional. Se podrá apostar a la fragilidad de la memoria de las personas y a todos los votantes que en el pasado la han apoyado a pesar de todas las deficiencia de su carácter. Sin duda, cuando se renuncia en lugar de insistir en permanecer en el puesto arriesgando el juicio político, la acusada puede victimarse y alegar todo tipo de argumentos que nunca podrán ser demostrados porque no se llegó a su evaluación por parte del Congreso. Hay que agregar además que su perfil de mártir se reforzará con la más que segura intención de sus acusadores de continuar investigándola por la vía administrativa y judicial por cualquiera de las irregularidades ya conocidas y las que queden por conocerse de su gestión. Lo claro, entonces, es que este asunto no ha terminado con la salida de la autoridad regional, ni desde el punto de vista de su futuro político personal ni desde el de las relaciones al interior de las fuerzas oficialistas. Lo más grave es que tampoco se resuelve quién manda en el Gobierno. Hasta la renuncia de la intendenta parecía que la UDI era la voz cantante, pero con su salida no queda claro que el bastón de mando haya pasado a RN.

DEBATE REPETIDO

La posibilidad de que alguno de los parlamentarios de la Alianza no vote por el rechazo a la acusación constitucional contra la intendenta Van Rysselberghe, o que incluso cualquiera de los diputados de la Concertación no respalde la acusación promovida por ese sector, ha llevado nuevamente a sesudos análisis y discusiones sobre la vigencia de las órdenes de partido -a pesar de que están explícitamente prohibidas por la legislación- y al ya proverbial debate respecto a la gravitación de los partidos en un sistema democrático. Estos mismos asuntos se debatieron ampliamente cuando se promovió la destitución de un grupo de jueces en 1993 y el propio Presidente de la República actual, entonces senador de la oposición dio su voto junto a dos de sus compañeros de bancada para la destitución del entonces ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, a raíz de radicar un caso de violaciones a los derechos humanos en la justicia militar y, con ello, incurrir en la denegación de justicia. Posteriormente, se volvió a repetir el debate cuando Adolfo Zaldívar, entonces senador DC, apoyado por un grupo de diputados afines a la corriente que encabezaba decidieron rechazar el proyecto de ley que daba financiamiento al Transantiago, alegando que era un derroche de dinero para mantener un sistema fracasado. Ya expulsado de la Falange, Zaldívar dio con Fernando Flores los votos para la destitución de Yasna Provoste, la segunda acusación constitucional exitosa en los últimos veinte años. En cada oportunidad se han repetido los mismos conceptos. Públicamente se dice que los parlamentarios son autónomos en sus decisiones y que no se pueden imponer las órdenes de partido, pero bajo cuerda -porque se trata de algo poco elegante- se insiste en que son las colectividades las que resuelven la manera en la que deben votar sus senadores y diputados, olvidándose que estos fueron electos como representantes de la ciudadanía y no por su calidad de militantes de un determinado partido político. Con todas sus imperfecciones, el sistema político tiene el nombre de democracia representativa, precisamente porque las autoridades electas representan al pueblo. Sin embargo, a pesar de lo reiterativo del debate, nuevamente nos encontramos con la misma discusión a propósito de la eventual destitución de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe y posiblemente esta falta de capacidad de resolución sobre los conflictos que afectan el sistema político sea una más de las razones que explican el descrédito de la clase política. La impresión que subyace es que se practica el debate casi como un deporte o una afición, porque al final lo que vale es lo que decidan las cúpulas partidarias, con total independencia de la voluntad popular que los eligió y que, a pesar de todos los enfrentamientos verbales que se produzcan entre estas, sí que los partidos tienen una capacidad infinita para lograr acuerdos cuando se trata de preservar sus prerrogativas aun en contra de la mayoría ciudadana.