DEBATE REPETIDO

La posibilidad de que alguno de los parlamentarios de la Alianza no vote por el rechazo a la acusación constitucional contra la intendenta Van Rysselberghe, o que incluso cualquiera de los diputados de la Concertación no respalde la acusación promovida por ese sector, ha llevado nuevamente a sesudos análisis y discusiones sobre la vigencia de las órdenes de partido -a pesar de que están explícitamente prohibidas por la legislación- y al ya proverbial debate respecto a la gravitación de los partidos en un sistema democrático. Estos mismos asuntos se debatieron ampliamente cuando se promovió la destitución de un grupo de jueces en 1993 y el propio Presidente de la República actual, entonces senador de la oposición dio su voto junto a dos de sus compañeros de bancada para la destitución del entonces ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, a raíz de radicar un caso de violaciones a los derechos humanos en la justicia militar y, con ello, incurrir en la denegación de justicia. Posteriormente, se volvió a repetir el debate cuando Adolfo Zaldívar, entonces senador DC, apoyado por un grupo de diputados afines a la corriente que encabezaba decidieron rechazar el proyecto de ley que daba financiamiento al Transantiago, alegando que era un derroche de dinero para mantener un sistema fracasado. Ya expulsado de la Falange, Zaldívar dio con Fernando Flores los votos para la destitución de Yasna Provoste, la segunda acusación constitucional exitosa en los últimos veinte años. En cada oportunidad se han repetido los mismos conceptos. Públicamente se dice que los parlamentarios son autónomos en sus decisiones y que no se pueden imponer las órdenes de partido, pero bajo cuerda -porque se trata de algo poco elegante- se insiste en que son las colectividades las que resuelven la manera en la que deben votar sus senadores y diputados, olvidándose que estos fueron electos como representantes de la ciudadanía y no por su calidad de militantes de un determinado partido político. Con todas sus imperfecciones, el sistema político tiene el nombre de democracia representativa, precisamente porque las autoridades electas representan al pueblo. Sin embargo, a pesar de lo reiterativo del debate, nuevamente nos encontramos con la misma discusión a propósito de la eventual destitución de la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe y posiblemente esta falta de capacidad de resolución sobre los conflictos que afectan el sistema político sea una más de las razones que explican el descrédito de la clase política. La impresión que subyace es que se practica el debate casi como un deporte o una afición, porque al final lo que vale es lo que decidan las cúpulas partidarias, con total independencia de la voluntad popular que los eligió y que, a pesar de todos los enfrentamientos verbales que se produzcan entre estas, sí que los partidos tienen una capacidad infinita para lograr acuerdos cuando se trata de preservar sus prerrogativas aun en contra de la mayoría ciudadana.