EL TRIUNFO DEL BIPARTIDISMO

La decisión de Chile Primero de optar por respaldar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera es un grave retroceso desde el punto de todos los sectores interesados en avanzar hacia el término del sistema electoral binominal, ya que debilita las opciones alternativas a la Alianza y a la Concertación, aspecto que era precisamente el elemento más atractivo de la aventura impulsada por el senador Fernando Flores, tras salir del PPD.

Al mismo tiempo, esta decisión afecta indirectamente las posibilidades del Partido Regionalista de los Independientes, puesto que ambas colectividades, junto a los ecologistas y otros grupos menores formaban parte del pacto Por Un Chile Limpio, y el retiro de Chile Primero reduce la votación de esta alianza y, por ende, su capacidad de constituirse en una alternativa a los dos grandes bloques de la Alianza y la Concertación.

Así las cosas, el esquema bipartidista generado por el sistema electoral binominal demuestra una vez más su capacidad para erradicar cualquier atisbo de alternativas electorales, obligando a las personas nuevamente a votar en blanco y negro, repitiendo el esquema del plebiscito de 1988 ¡hace 21 años! para definirse por un “Sí” o un “No”, lo que implica que se termina apoyando la opción que genera menos rechazo y que, en términos de la institucionalidad política, nuevamente se pierde una oportunidad de avanzar. Aunque se pueda disentir de los principios de Chile Primero o tener sentimientos de antipatía hacia sus caras visibles, es innegable que el surgimiento de esta colectividad abrió la esperanza de remecer el opaco panorama partidista.

Será interesante ver si esta decisión de Chile Primero es seguida por sus bases, en donde ya se perciben algunas protestas por la determinación de parte de quienes pensaban que era posible constituirse en alternativa electoral. Hay que ver también si el PRI con la candidatura de Adolfo Zaldívar logra recoger algo del desencanto causado entre el electorado o si Piñera logrará tener la libertad respecto a la UDI y RN para fortalecer un discurso liberal que atraiga a los votantes de Chile Primero.

En todo caso, este hecho viene a destruir el esquema de incertidumbre surgido tras las pasadas elecciones municipales, en lo relativo al aparente nacimiento de alternativas al bipartidismo reinante. Dentro de la creatividad nacional, habría que ver también en el futuro si el esquema bipartidista imitado de sistemas electorales como el norteamericano o el británico se traducen también en que los actuales pactos terminen por convertirse en partidos, en los que las actuales colectividades queden reducidas a la condición de corrientes o sectores dentro de partidos más grandes.

DERECHO DE OPINIÓN

Es curiosa la democracia a la chilena, porque quienes tienen cargos de autoridad parecen creer que el derecho de opinión, básico en cualquier sociedad civilizada, sólo se aplica cuando la ciudadanía le sigue el amen a las autoridades, pero no para cuando discrepan de sus proyectos, momento en el cual se les descalifica.

En los últimos días se han visto varios ejemplos al respecto: La negativa del comando de Frei a realizar debates a nivel nacional con José Antonio Gómez, argumentando que como las primarias de la Concertación son regionales no van a debatir temas de interés nacional. Evidentemente, sin información es difícil tener opinión.

Luego, arquitectos y constructores cuestionaron el contundente resultado del plebiscito en Vitacura, razonando que los vecinos no saben lo que necesita la ciudad, y a continuación el secretario regional ministerial de la Región Metropolitana anuncia que Santiago va a crecer en un millón 600 mil personas en los próximos años, lo que es un “hecho” y plantea como solución expandir el plan regulador, lo que es bien sabido que constituye una estupenda oportunidad de negocios para las inmobiliarias, que compran terrenos agrícolas para convertirlos en poblaciones populares que venden a Serviu a buen precio.

Por último, bajo la excusa impecable de que las relaciones exteriores son de responsabilidad exclusiva de la Presidente de la República, se niega a todo el mundo el derecho a opinar sobre el litigio con Perú, impidiendo la posibilidad de hacer aportes en negociaciones que son delicadas y que tradicionalmente la Concertación no ha podido resolver de manera satisfactoria para el interés nacional.

Si bien es cierto que la Primera Mandataria conduce la política exterior, debe reconocerse que también es cierto que los alegatos en La Haya serán heredados por el próximo Gobierno y que en este tipo de materias se requiere el apoyo y el compromiso de todos los sectores políticos, precisamente para evitar el aprovechamiento político. Estando fuera se hace más fácil criticar, y eso lo debería saber la Concertación que ha ido perdiendo progresivamente algunos de los sectores y dirigentes que la fundaron.

Lo que es grave, sin embargo, es la flexibilidad y relatividad con que se enfrenta el derecho de opinión. La opinión y el derecho de todos los ciudadanos a expresarla no rigen sólo cuando sirve como sustento político, sino que tienen especial valor cuando se discrepa porque es en la divergencia donde se construye el acuerdo, y es sobre el acuerdo que se alcanza el consenso y la unidad, sin considerar que quienes son marginados en su derecho a opinar pueden legítimamente automarginarse de los acuerdos políticos.

CIUDADANOS AL PODER

El plebiscito vinculante realizado el fin de semana pasado en la comuna de Vitacura es uno de los hechos más relevantes de la política nacional en los últimos veinte años, y es el primer paso real en pos de la profundización de la democracia desde la reapertura del Congreso Nacional y el restablecimiento de las elecciones de las autoridades.

Con anterioridad se habían hecho esfuerzos por consultar la opinión ciudadana frente a temas específicos, pero el plebiscito de Vitacura es el primero que, gracias a un dictamen previo de la Contraloría, tenía el carácter de obligatorio para la autoridad. Con posterioridad a la votación ha habido comentarios de personas lamentando el resultado porque las propuestas de modificación del plan regulador comunal habrían sido profesionalmente elaboradas por especialistas en estas materias, pero el resultado concreto es que una abrumadora mayoría de vecinos, y con una alta tasa de participación, rechazó estas proposiciones.

En eso consiste la democracia precisamente. La razón la tiene la mayoría, que podrá estar equivocada en una mirada de largo plazo pero es la propietaria del derecho a optar entre las distintas alternativas. Cuando son los técnicos los que toman las decisiones, se llega a un sistema político que se denomina tecnocracia, y lo ocurrido en Vitacura es el primer paso hacia una democracia ejercida directamente desde la base social, ya que fueron los vecinos organizados los que insistieron hasta obtener la convocatoria al plebiscito.

Si se entiende que ejercer el derecho a desarrollar la soberanía en toda su plenitud es un paso adelante respecto a la denominada democracia representativa -en la que los representantes de la ciudadanía toman las decisiones en su nombre-, el paso lógico debería ser realizar las modificaciones constitucionales para permitir que el pueblo, ya sea en el plano comunal o en el ámbito nacional, pueda dirimir todas las materias en las que los partidos políticos no han logrado acuerdo en las últimas décadas.

Si existe un real compromiso con la profundización de la democracia, como señalan todas las corrientes partidistas, el plebiscito de Vitacura debería ser el primero de una larga serie de procesos similares. Cada vez que una autoridad tenga un plan o un proyecto que genere reparos entre los vecinos, estos tendrán derecho a pedir que la autoridad se someta a la voluntad ciudadana y eso es un hecho prácticamente revolucionario en un país como Chile, en el que la soberanía popular sólo es considerada a la hora de los comicios para elegir a los representantes en el Gobierno, el Parlamento o los municipios cada cuatro años, con la consiguiente desmotivación para participar en política.

IDEAS PARA LA CRISIS

Resulta increíble que las autoridades estén esperando a que se diagnostique oficialmente que el país está en recesión para tomar nuevas medidas que ayuden a las personas a pasar de mejor manera la crisis económica. Basta con concurrir a cualquier oficina de un servicio público para comprobar cómo han aumentado las filas de quienes buscan la manera de renegociar sus deudas para no quedarse sin servicios básicos como luz o agua. No se puede esperar a que la actividad económica registre índices negativos durante determinado tiempo porque ya entonces será demasiado tarde para muchas familias y demasiado tarde también para que las soluciones sean útiles.

Por otra parte, es preciso hacer un debate del más alto nivel sobre el sentido que se le deben dar a las eventuales medidas de apoyo económico, ya que hasta ahora estas se han focalizado en los sectores de menores ingresos, con el objeto de paliar el mayor costo de la vida, lo que significa que el grueso del dinero que se aporta se va al consumo y no genera más actividad económica que la que puedan tener los almacenes y las panaderías.

Si se trata de que el dinero estatal destinado a ayuda social tenga un impacto en la economía, parecería prudente analizar la posibilidad de que se brinde asistencia a la clase media, que es precisamente la que crea y administras las pequeñas y medianas empresas, contrata cerca del 80 por ciento de las fuentes de empleo en el país y además tiene la educación necesaria para actuar con imaginación y creatividad frente a la crisis.

Por otra parte, no tender una mano a la clase media tiene el efecto adicional de que no se impide su progresivo empobrecimiento y el aumento de las personas en condición de pobreza, haciendo más oneroso aún ayudar al segmento con menos recursos de la población.

Adicionalmente, debe despejarse de todo dogmatismo el derecho del Estado a realizar actividades empresariales, a menos que sea menos eficiente que el sector privado y reorientarse la actividad de las instituciones públicas creadas para el fomento de la economía, como Corfo, Enami o el Banco del Estado.

De todos modos, cualquiera sea la orientación que tome la asistencia estatal se requiere asumir dos premisas básicas. En primer lugar, que la ayuda no puede seguir esperando por los índices de actividad económica son posteriores en el tiempo a la realidad que miden y, en segundo término, que de nada sirven los programas asistenciales si la mitad de los recursos se consumen en burocracia. En este momento se necesita mayor sensibilidad y menos dogmatismo y menos tecnocracia.

GÓMEZ Y SERRANO UNIDOS POR LA INTOLERANCIA

Mientras los presidentes de la DC y del PS tratan de que su par radical José Antonio Gómez renuncie a su derecho a competir en las primarias de la Concertación con Eduardo Frei, se conoció la noticia del fallecimiento de Miguel Serrano, destacado escritor más conocido por sus posturas nacional socialistas que por su obra literaria. Sin ser ni radical ni hitleriano, es interesante analizar cómo sus figuras son percibidas en el país.

Ambos personajes -Gómez y Serrano- sufren la intolerancia de sus iguales. Gómez, sin duda alguna, es un dirigente carismático y tiene el respaldo de su partido, en el que, a diferencia de las demás colectividades de la Concertación, no se perciben divisiones internas y sí un creciente incremento de su militancia juvenil, todo lo cual lo avala para intentar competir y negarle ese derecho antes de la primera contienda regional, prevista para la primera semana de abril sólo puede ser interpretado como una señal negativa para el prestigio de la política.

Si Gómez, en definitiva, tiene pocos votos, al menos permitirá que Frei se entrene en la competencia y puedan recogerse nuevas ideas y propuestas. Pero si tiene más éxito del esperado, es evidente que daña la opción de la Concertación, pero eso ocurriría de todos modos en diciembre. ¿No es más lógico probar el arraigo ciudadano de Frei antes de tiempo? Las encuestas no son verdades absolutas y la democracia exige el ejercicio de la participación ciudadana. No hay que olvidar que José Antonio Gómez desplazó del Senado a Carmen Frei.

Miguel Serrano por su parte, fue embajador hasta 1970, pasando por gobiernos de distinto signo que reconocieron su capacidad sin discriminarlo por su simpatía hacia Hitler o sus ideas esotéricas. Fue amigo de autores tan relevantes como Herman Hesse y Carl Jung, además de desarrollar vínculos de amistad con personalidades claves como el Dalai Lama o Indira Gandhi. Pero sus libros no se leen y es probable que si algún medio hace una nota sobre su vida se ponga el acento en sus imágenes con el brazo levantado, haciendo el saludo nazi.

Ser un candidato permanente al Premio Nacional de Literatura, respaldado por otros premios nacionales como Armando Uribe, justificaría un mejor trato que la caricatura pero en el ámbito literario, al igual que en el político y tantos otros espacios de la actividad humana, parece primar la envidia y la negación de los atributos de los demás.

En este sentido, tanto Gómez como Serrano muestran las peores facetas de la idiosincrasia nacional. Si Gómez no tiene arraigo popular, cuál sería el problema en dejarlo competir. Si Serrano fuera un mal escritor, cuál sería la dificultad en que sus libros sean leídos por la juventud. Es el temor a la discrepancia, a la idea diferente, lo que parece animar a quienes tratan de mantener el mundo de las ideas bajo una uniformidad asfixiante.