DERECHO DE OPINIÓN

Es curiosa la democracia a la chilena, porque quienes tienen cargos de autoridad parecen creer que el derecho de opinión, básico en cualquier sociedad civilizada, sólo se aplica cuando la ciudadanía le sigue el amen a las autoridades, pero no para cuando discrepan de sus proyectos, momento en el cual se les descalifica.

En los últimos días se han visto varios ejemplos al respecto: La negativa del comando de Frei a realizar debates a nivel nacional con José Antonio Gómez, argumentando que como las primarias de la Concertación son regionales no van a debatir temas de interés nacional. Evidentemente, sin información es difícil tener opinión.

Luego, arquitectos y constructores cuestionaron el contundente resultado del plebiscito en Vitacura, razonando que los vecinos no saben lo que necesita la ciudad, y a continuación el secretario regional ministerial de la Región Metropolitana anuncia que Santiago va a crecer en un millón 600 mil personas en los próximos años, lo que es un “hecho” y plantea como solución expandir el plan regulador, lo que es bien sabido que constituye una estupenda oportunidad de negocios para las inmobiliarias, que compran terrenos agrícolas para convertirlos en poblaciones populares que venden a Serviu a buen precio.

Por último, bajo la excusa impecable de que las relaciones exteriores son de responsabilidad exclusiva de la Presidente de la República, se niega a todo el mundo el derecho a opinar sobre el litigio con Perú, impidiendo la posibilidad de hacer aportes en negociaciones que son delicadas y que tradicionalmente la Concertación no ha podido resolver de manera satisfactoria para el interés nacional.

Si bien es cierto que la Primera Mandataria conduce la política exterior, debe reconocerse que también es cierto que los alegatos en La Haya serán heredados por el próximo Gobierno y que en este tipo de materias se requiere el apoyo y el compromiso de todos los sectores políticos, precisamente para evitar el aprovechamiento político. Estando fuera se hace más fácil criticar, y eso lo debería saber la Concertación que ha ido perdiendo progresivamente algunos de los sectores y dirigentes que la fundaron.

Lo que es grave, sin embargo, es la flexibilidad y relatividad con que se enfrenta el derecho de opinión. La opinión y el derecho de todos los ciudadanos a expresarla no rigen sólo cuando sirve como sustento político, sino que tienen especial valor cuando se discrepa porque es en la divergencia donde se construye el acuerdo, y es sobre el acuerdo que se alcanza el consenso y la unidad, sin considerar que quienes son marginados en su derecho a opinar pueden legítimamente automarginarse de los acuerdos políticos.