LA REPRESENTACIÓN

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar la legislación sobre los partidos políticos, propuesta que tiene, sin duda, aspectos positivos, pero en la que, como en tantas otras iniciativas presentadas al calor de los acontecimientos, se introducen elementos que son negativos, por lo que es legítimo sospechar que no se trata de legislar sino de buscar el rechazo del proyecto para cuestionar el ánimo de colaboración de los parlamentarios.

Eso es lo que ocurre con la reforma propuesta, ya que al incluir la posibilidad de que los partidos puedan dar órdenes a sus parlamentarios en cierto ámbito de materias -no en todas, hay que reconocerlo- se está entregando la representación que la ciudadanía entrega a los candidatos al Congreso, a los municipios y al mismo Poder Ejecutivo a los partidos a los que pertenecen esos candidatos.

Se podrá tener una apreciación negativa del régimen pinochetista, pero no se puede discutir que hubo un intento de corregir algunos de los vicios que llevaron a la crisis del ’73, y entre ellos están las órdenes de partidos que incluso -hay que recordárselo a los más jóvenes- paralizaron a partir de 1972 la gestión del Gobierno del ex-Presidente Salvador Allende que no podía lograr el acuerdo de las colectividades que integraban la Unidad Popular.

Se puede argumentar a favor de la iniciativa que la ciudadanía vota a favor de las personas de acuerdo a su militancia política, tesis que puede ser cuestionada con los casos de quienes han salido electos a pesar de ser independientes, que no son muchos realmente, pero representan la existencia de una excepción que invalida el conjunto del principio, sin considerar las argumentaciones filosóficas y éticas.

No es necesario tener demasiada imaginación para comprender que la iniciativa está dirigida a los díscolos de la Concertación, con el solo fin de que no repitan el ejemplo de los senadores Fernando Flores y Adolfo Zaldívar, ya sea que se sumen a su mismo grupo o a cualquier otro y como cualquier otra legislación inspirada en motivos coyunturales esta iniciativa tendrá dificultades para su aprobación y, si llega a superar la barrera parlamentaria, estará bajo la pendiente amenaza de la reforma o la abolición.

Suponer que la representatividad otorgada por los ciudadanos a los candidatos de un partido es propiedad de los partidos, es similar a asumir que el voto mismo le pertenece a los partidos, negando la posibilidad a las personas de votar en una acción por un sector y a la siguiente por el otro.

También es negar el derecho de los parlamentarios a cambiar de opinión frente a las circunstancias políticas por las que atraviese el país. Si deciden renunciar a los partidos por los que fueron electos, la única forma de probar que siguen siendo representativos de sus votantes es la siguiente elección porque -y no hay que olvidarlo- la soberanía le pertenece al pueblo y a nadie más.

LAS VIEJAS MINORÍAS

Reiteradamente, diversos personeros de la Concertación han insistido en que los principales medios de comunicación son afines a la Alianza, y por eso sólo se puede entender el eco que le ha dado la prensa al concepto de la “nueva mayoría” como consecuencia de que, en esta ocasión al menos, tanto la Concertación como la Alianza han usado el mismo término.

En el caso de la Alianza, se trata de crear la impresión de que los descolgados de la Concertación se están yendo automáticamente a sus filas, como si las opciones sólo pudieran ser en blanco y negro.

Para la Concertación, en cambio, la idea es recurrir al mismo artilugio que empleaban cuando existían los senadores designados: Contar con un chivo expiatorio, de manera de tener alguien a quien culpar cuando sus planes no prosperan.

Resultan curiosos ambos argumentos, aunque por distintas razones.

Nadie podría creer que Flores y Zaldívar, por mucha evolución que hayan tenido, se puedan haber convertido exactamente en los que fueron sus adversarios por décadas. Y en el caso de la Concertación, la curiosidad reside en que durante el período en que sí tuvo la mayoría en ambas ramas del Parlamento no se avanzó de modo sustancialmente diferente en la implementación del Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, y los grandes proyectos como la reforma previsional o el acuerdo para la reforma de la educación fueron con los votos de la oposición.

Así las cosas, las mayorías se han seguido construyendo entre los dos principales bloques y los que se han salido de alguno de ellos han permitido ocasionalmente que uno se imponga al otro, sin que hasta ahora haya razones ciertas e incuestionables que demuestren que se han afiliado a cualquiera de los dos bloques.

Asumiendo que ni la Concertación ni la Alianza tienen la mayoría, habría que precisar a continuación que desde la elección de Eduardo Frei R-T. la Concertación no ha tenido el respaldo mayoritario. Lagos, y luego Michelle Bachelet, tuvieron que llegar a la segunda vuelta porque no tuvieron los votos necesarios para imponerse con el solo respaldo de los votantes que adhieren a la Concertación, y si resultan finalmente triunfantes fue gracias a la animadversión que siente la gente de la Izquierda extraparlamentaria a la idea de tener un Presidente de la República proveniente de las filas de la Derecha.

La Alianza, por su parte, desde 1958, con Jorge Alessandri, no ha tenido la mayoría en una elección abierta y democrática. Su única esperanza es que los descolgados de la Concertación -así como la Izquierda extraparlamentaria- apoyen al candidato de la Alianza por no votar por el de la Concertación.

EL ABRAZO DEL OSO

Patricio Navia (mi amigo virtual por facebook y mail) cree que el gesto de Andrés Allamand de hacer una primaria del conjunto de la oposición para definir el candidato presidencial entre Piñera, Joaquín Lavín, Adolfo Zaldívar y Fernando Flores es una señal de su obsesión por ganar a cualquier costo, apelando a un mecanismo que significa, en los hechos, comprometer a los perdedores en el apoyo al ganador.

Pero además del raciocinio lógico de Navia, hay algo en lo que Allamand no repara y es que tanto Zaldívar como Flores no son parte de la Alianza, y entenderse con ellos para iniciativas puntuales, y aun generales, no significa que comulguen con todos los planteamientos de la parte de Derecha de la oposición.

De hecho, parte de la gracia de Flores y Zaldívar es que no sean de la Alianza ni de la Concertación, y cuando alguien como Allamand -que ha sido identificado con la teoría del desalojo, cuando lo que debió decir fue alternancia o reemplazo- les extiende la mano para sumarlos a sus filas les hace un flaco favor. Es el abrazo del oso, en buen chileno.

Si la oposición persiste en atraer a sus aguas a los desencantados de la Concertación sólo lograra dividir sus votos entre más gente, cuando lo que tiene que hacer es sumar nuevas voluntades en torno a un proyecto común, entendiendo que la unidad no puede ser orgánica sino instrumental, que ello implica aceptar las diferencias y que la vigencia del acuerdo dependerá de decisiones posteriores en el caso de que alcancen el Gobierno.

La Concertación tiene la mitad de los votos y la Alianza un poco menos de la mitad. Los separan apenas veinte mil votos, pero el grueso de la votación que definirá la próxima elección está fuera de ambos conglomerados: Está en los miles de chilenos auténticamente independientes que están desilusionados de la Concertación, pero que tampoco tienen confianza en la Alianza, y es a ese grupo de gente, los que responden no sabe/no responde en las encuestas que apuestan Zaldívar y Flores.

Estos dos dirigentes, por su parte, deben entender que no tendrán mayoría y que su principal desafío es sobrevivir dentro del sistema electoral binominal, para lo cual dependen del apoyo logístico de cualquiera de los dos grandes pactos para su subsistencia. Sin embargo, su estrategia debe considerar que sólo pueden aceptar un respaldo instrumental, sin mayores compromisos hacia futuro, porque lo contrario significaría confundirse con el pacto que los acoja y perder la posibilidad de atraer al electorado disconforme con la actuación de los dos bloques que se alinearon en relación a la figura de Pinochet sin evolucionar significativamente en veinte años.

DEMOCRACIA PROTEGIDA

Diversos sucesos en los últimos días demuestran que el propósito de Pinochet de establecer una democracia protegida en Chile sí tuvo éxito, y que gracias a la Concertación esa situación no ha tenido mayores cambios, aunque en forma simbólica el ex-Presidente Ricardo Lagos haya sacado la firma de Pinochet para poner la suya, como si con las últimas modificaciones a la Carta Fundamental esta hubiera pasado a ser plenamente democrática, en lugar de servir de camisa de fuerza para que la institucionalidad pinochetista prevaleciera en el tiempo.

Al margen de que las leyes siguen exigiendo quórum especiales para su modificación, la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la distribución de la píldora del día después confirma que este organismo vale más que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aunque ninguno de sus integrantes sea electo por la soberanía popular.

Por otra parte, el Ejecutivo ha rasgado vestiduras por la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la acusación constitucional de la Ministra de Educación, y ello no ha sido así porque este paso esté contemplado en la Constitución, que sea parte de los deberes parlamentarios evaluar la labor de las autoridades -desde un punto de vista político y no judicial, hay que insistir-, sino porque no se le ha dado en el gusto y porque ello ha sido posible gracias a los votos de parte de los diputados independientes.

Si la ministra Provoste conoció de las irregularidades y no hizo esfuerzos serios por resolverlas, es responsable políticamente de no haber actuado con el celo que exige su cargo. Que la responsabilidad administrativa sea de la Subsecretaría, que los seremis no sean designados por la Ministra, que los papeles de respaldo estén, pero no en el formato que requiere la Contraloría, son simples argumentos para soslayar lo central. En cada Ministerio el que manda es el Ministro, y si no existen las normas legales y reglamentarias que los faculten para hacerlo, tienen la potestad legislativa para solucionar un evidente vacío institucional. Por uno o por otro lado, la Ministra es responsable políticamente, y esa responsabilidad se establece en el Parlamento y no en los tribunales.

Pero también se cuestiona, de manera oblicua y no literal, la forma en que el Contralor está cumpliendo con sus responsabilidades legales e institucionales, simplemente porque ha trabajado con celo y sin aceptar excepciones en nombre de la amistad o de la militancia política de las autoridades investigadas.

En todas estas cuestiones, el problema de fondo es que no se asume que en Chile existe un presidencialismo exacerbado que incomoda a todos menos a la Presidencia, como es lógico, pero proponer cambios institucionales para eliminar las normas que molestan al Ejecutivo significa abrir la puerta a que los parlamentarios intenten limitar o compensar las atribuciones de la Presidencia, y eso significaría dejar en la desprotección a la Constitución.