LA REPRESENTACIÓN

El Gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar la legislación sobre los partidos políticos, propuesta que tiene, sin duda, aspectos positivos, pero en la que, como en tantas otras iniciativas presentadas al calor de los acontecimientos, se introducen elementos que son negativos, por lo que es legítimo sospechar que no se trata de legislar sino de buscar el rechazo del proyecto para cuestionar el ánimo de colaboración de los parlamentarios.

Eso es lo que ocurre con la reforma propuesta, ya que al incluir la posibilidad de que los partidos puedan dar órdenes a sus parlamentarios en cierto ámbito de materias -no en todas, hay que reconocerlo- se está entregando la representación que la ciudadanía entrega a los candidatos al Congreso, a los municipios y al mismo Poder Ejecutivo a los partidos a los que pertenecen esos candidatos.

Se podrá tener una apreciación negativa del régimen pinochetista, pero no se puede discutir que hubo un intento de corregir algunos de los vicios que llevaron a la crisis del ’73, y entre ellos están las órdenes de partidos que incluso -hay que recordárselo a los más jóvenes- paralizaron a partir de 1972 la gestión del Gobierno del ex-Presidente Salvador Allende que no podía lograr el acuerdo de las colectividades que integraban la Unidad Popular.

Se puede argumentar a favor de la iniciativa que la ciudadanía vota a favor de las personas de acuerdo a su militancia política, tesis que puede ser cuestionada con los casos de quienes han salido electos a pesar de ser independientes, que no son muchos realmente, pero representan la existencia de una excepción que invalida el conjunto del principio, sin considerar las argumentaciones filosóficas y éticas.

No es necesario tener demasiada imaginación para comprender que la iniciativa está dirigida a los díscolos de la Concertación, con el solo fin de que no repitan el ejemplo de los senadores Fernando Flores y Adolfo Zaldívar, ya sea que se sumen a su mismo grupo o a cualquier otro y como cualquier otra legislación inspirada en motivos coyunturales esta iniciativa tendrá dificultades para su aprobación y, si llega a superar la barrera parlamentaria, estará bajo la pendiente amenaza de la reforma o la abolición.

Suponer que la representatividad otorgada por los ciudadanos a los candidatos de un partido es propiedad de los partidos, es similar a asumir que el voto mismo le pertenece a los partidos, negando la posibilidad a las personas de votar en una acción por un sector y a la siguiente por el otro.

También es negar el derecho de los parlamentarios a cambiar de opinión frente a las circunstancias políticas por las que atraviese el país. Si deciden renunciar a los partidos por los que fueron electos, la única forma de probar que siguen siendo representativos de sus votantes es la siguiente elección porque -y no hay que olvidarlo- la soberanía le pertenece al pueblo y a nadie más.