La inutilidad del voluntarismo

Cada cierto tiempo nuestra clase política da muestras de uno de sus peores defectos: La incapacidad de ver más allá de su voluntad, como si de esa manera pudieran convertir la realidad en lo que quieren y no aceptar que es distinta.


Esto sucede habitualmente con la cuenta al país del 21 de mayo, cuando los partidarios quieren hacernos creer que vivimos en una nación en un firme camino de progreso y los opositores quieren que pensemos que vivimos en una tragedia permanente. Pero como este año se ha agregado la polémica por la participación de Michelle Bachelet en las decisiones del terremoto del 27 de febrero del 2010, las muestras de voluntarismo han superado las cotas tradicionales.

De esta forma, algunos quieren convencernos que la ex-presidenta es casi criminalmente culpable de las víctimas del terremoto y del tsunami mientras otros nos quieren hacer creer que es completamente inocente y que quienes la atacan son casi unos frenéticos.

Ni lo uno ni lo otro, pero cuando el senador Alberto Espina trata a los segundos de mafiosos y el diputado Gabriel Ascencio califica a los primeros como unos perros de caza, lo único que se logra es que la gente, la ciudadanía que siempre piensa que las cosas no son tan extremas como las presentan , tienda a quedarse con la sensación de que los dirigentes políticos -de uno y otro lado- no tienen el más mínimo sentido común y viven en un mundo regido por su propia voluntad y deseos.

Se entiende que el político necesita compartir con el público el tipo de país que quiere crear, pero cuando se excede en sus dichos y el diagnóstico objetivo de la realidad es desplazado por un acto de voluntarismo se llega a situaciones inéditas, como que el diputado Iván Moreira dijera que “por lado y lado hay palabras que matan la institucionalidad y la democracia” y concluyera aconsejando que “en política hay que aprender a morderse la lengua”.

Tampoco hay que excusar cualquier exabrupto pensando en que, de esa forma, se gana protagonismo en el debate público. Es cierto que la seriedad y la responsabilidad no aseguran minutos en los noticieros, pero las exageraciones tampoco son aconsejables. En tiempos de conflicto, la gente espera moderación y prudencia para no exacerbar las polémicas que pueden terminar obstruyendo la marcha normal del país.

El voluntarismo es útil cuando va acompañado de la decisión y el compromiso con una causa, pero cuando llega a negar la realidad y a descalificar a todo el que no comparte esa visión filtrada del mundo, deja de ser útil y se convierte en síntoma de una peligrosa obsesión que amerita más el sillón del psiquiatra que el sillón del parlamento.

Me carga el 21 de Mayo

Y no es nada en contra de Arturo Prat y sus hombres (aunque me llama la atención que los latinoamericanos solamos celebrar más a los perdedores de las batallas que a los ganadores), sino por el famoso mensaje presidencial, que todos los años condena a los chilenos que no tienen televisión por cable a aguantar una cadena nacional televisiva de dos horas o más, llena de superficialidades y lugares comunes y repetidos.


En estos tiempos de modernidad, podría reemplazarse el discurso por una publicación en Internet, pero claro, nadie lo leería. La solución entonces es, simplemente, obligar al público a escuchar un discurso en el que rara vez existen sorpresas, salvo algún incidente que dura diez segundos y perfectamente se puede ver en los noticiarios a la noche.

En esencia, no se confía en el interés ciudadano que pueda tener la gente por informarse y, en vez de atraer su atención como tendrán que hacerlo cuando opere la inscripción automática y el voto voluntario, se asoma el pequeño dictador que tenemos todos los chilenos adentro y se obliga al público a escuchar las marchas y los discursos.

Lo demás es todo previsible: La gente gobiernista dirá que el discurso fue macizo, contundente y con una tremenda visión de futuro que demuestra la altura de estadista del Presidente de turno, y la oposición dirá exactamente lo contrario, además de insistir en que el grado de cumplimiento de las promesas oficialistas es mínimo.

Tampoco entiendo que la Armada tenga un feriado, igual que el Ejército, mientras los carabineros y los aviadores no tienen nada. No es justo: O feriado para todos o día normal de trabajo para todos.

Pero el evento principal del día suena a libreto archi conocido. Los días previos empieza la chimuchina de la gente que pide que el Presidente diga una cosa o no diga otra, los balances de los defensores y detractores sobre el grado de cumplimiento de las promesas, los llamados a manifestarse o no manifestarse, los que van, los que no van, y al día siguiente sólo quedan las fotos de los incidentes (si es que los hubo) y las imágenes de las piernas de alguna parlamentaria en Las Últimas Noticias.

Cero en participación ciudadana. A los millones de chilenos que ven la ceremonia por la tele no se les pide la opinión porque, al final, el 21 de mayo es un rito bastante vacío de contenido. Se le califica como un acto republicano, pero desde un concepto de República que data del siglo XIX y que no tiene mucha relación con una concepción más moderna que busca reemplazar la idea de la democracia representativa por la de la democracia participativa.

A propósito de Canal 13

El revuelo provocado por la decisión de Canal 13 de no emitir la segunda parte de un reportaje que buscaba denunciar las discriminaciones en nuestra sociedad fue grande, pero ha estado rodeado también de muchas hipocresías, como es natural en un país en el que a los hoyos en la calle se les llama eventos y a la gente de extrema pobreza se les llama personas en situación de calle.


Seamos sinceros: A nadie le gustaría que, mediante engaños y cámaras ocultas, se publicara una opinión que es privada. Cuando un periodista pide nuestra opinión, asumimos que se nos consulta como una fuente de información y se actúa con la debida responsabilidad. Así como todos tenemos el derecho a la libertad de expresión tenemos también el derecho al respeto de nuestra imagen. Si se nos pide un comentario o una declaración tenemos tanto el derecho a negarnos como el de que nuestras palabras sean reproducidas con fidelidad.

Seamos sinceros: Muchos sostenemos una opinión en privado y otra en público porque nos damos cuenta perfectamente que hay cosas que no se deben decir públicamente, pero eso no quita nuestro derecho a pensar lo que queramos, por estúpido que sea. El asunto es tener filtro. Digamos también que, aunque vivamos en una democracia formal, las opiniones de algunos valen más que las de otros. Eso es una discriminación aún mayor que la que viven las nanas porque nos afecta a todos.

Seamos sinceros: Ni canal 13 ni ninguno de los demás canales le pertenecen al pueblo. Televisión Nacional es un canal público pero autónomo y depende más de su directorio que de la voluntad ciudadana. En ese sentido, Canal 13 es dueño y soberano de emitir o no emitir lo que quiera, sin deberle explicaciones más que a sus accionistas y al rating. A la hora de ejercer nuestra libertad de elección, son más los que prefieren los traseros y las tetas que los que se quedan viendo un documental sobre las pirámides egipcias.

Hay que decirlo también: La libertad de cambiar de canal si a uno no le gustan los contenidos de una estación es bastante limitada, porque la flojera de nuestros directivos y creativos y el afán por conseguir audiencia que garantice la publicidad determina que la programación esté bastante uniformada. Incluso los que pueden pagar la parrilla programática del cable se encuentran con largos momentos del día en los que no hay mucho que ver.

También es necesario recordar que los periodistas NO son dueños de los medios en los que trabajan ni son autónomos. Al que no le guste la línea editorial del medio en el que presta servicios, tiene toda la libertad de irse… si encuentra trabajo en otro lado por supuesto.

Habría que asumir una decisión colectiva como sociedad para inyectar los fondos necesarios para mejorar la calidad de la televisión, obteniendo a cambio un mayor control sobre sus contenidos, pero por ahora lo único que existe es la multa a los programas que ocasionen el malestar ciudadano, que siempre será menor al dinero que generan los 30 segundos de las salchichas.

La edad en la política

No hay mayores dudas respecto de la necesidad de renovar a quienes dirigen la política en el país, así como tampoco debiera haberla respecto a la conveniencia de que los partidos políticos y los cargos de elección popular reflejaran una mayor transversalidad, en la medida que ello ayude a que su representatividad sea más fiel a la realidad.


Sin embargo, hay que reconocer al mismo tiempo, que no ha habido mayor voluntad política hasta ahora por darle mayor espacio a los grupos que están poco representados, y ello incluye tanto a los jóvenes como a las mujeres y todas las minorías en las que se pueda pensar: Indígenas, las regiones, los homosexuales, etc., e incluso las personas mayores porque el hecho de que los dirigentes políticos sean ya personas cercanas a la ancianidad no implica necesariamente que los representen.

En estos días se han producido dos noticias relacionadas con el tema de la edad en la política. Primero, se anunció la salida del histórico director del Registro Electoral, Juan Ignacio García, con 78 años de edad y 35 al frente del servicio. Lo otro fue la aspiración señalada por el presidente del P. Socialista Osvaldo Andrade, en cuanto a que en un eventual segundo gobierno de Michelle Bachelet, la mayor parte de los cargos sean llenados con personas menores de 40 años de edad.

De lo de Juan Ignacio García en realidad no hay nada que decir porque, aunque fue designado por Pinochet, nadie ha puesto en duda su objetividad ni capacidad en todos estos años, así como muchos han declarado a lo largo de los años su esperanza en que se pueda renovar la edad de los dirigentes políticos sin que se haya hecho mucho al respecto, más que dejar que ese proceso se realice de manera natural.

Hay que decir, en defensa de la actual generación dirigente, que durante el período de la dictadura resultaba aceptable que los esfuerzos se concentraran más en la recuperación de la democracia que en formar las nuevas generaciones, pero hay que decir también que los jóvenes de entonces, tal como los de ahora, tienen también responsabilidad en no haberse abierto los espacios que reclamaban. En el Senado ha ido bajando la edad promedio, mientras que en la Cámara de Diputados subió con la última elección.

Lo mismo ocurre con las mujeres. Se ha discutido por años la idea de establecer mecanismos de discriminación positiva, pero en la práctica han sido las propias mujeres las que han ido logrando un aumento de su participación en los cargos de elección popular.

Cuando se trata de recordar experiencias anteriores tendientes a igualar la representación de los distintos grupos en la política, salta inmediatamente a la memoria la idea de Michelle Bachelet de establecer un gabinete paritario entre hombres y mujeres. La iniciativa finalmente resistió un año porque no se puede cambiar la realidad a punta de intenciones.