EL DERECHO A LA DEFENSA

A propósito de la situación ya crítica que se está produciendo con la huelga de hambre de un grupo de prisioneros de origen mapuche, es necesario recordar algunos aspectos morales relacionados con el derecho de las personas y las comunidades a defenderse. La propia Iglesia Católica, desde tiempos feudales, reconoció el derecho a la rebelión contra la autoridad injusta y parece evidente que esa es precisamente la condición que reclaman los mapuches.

La moral considera también, y así lo hace el derecho al contemplar el derecho a la defensa personal, que el daño que se pueda provocar al agresor debe ser acorde a la magnitud de la agresión. No es lo mismo matar en defensa propia cuando la vida propia está en juego que hacerlo por un simple asalto. Para los mapuches, el arrinconamiento en sus propias tierras, la erradicación de su cultura y sus costumbres es un asunto de vida o muerte y por lo tanto su reclamo merece ser tomado en serio.

Sin embargo, no es posible aceptar que para luchar por sus derechos algunos de ellos, dentro de su desesperación, hayan resuelto realizar acciones delictuales, sin perjuicio de reconocerse al mismo tiempo que el grado de impotencia al que han llegado es fruto de doscientos años de ignorancia a sus reivindicaciones por parte del Estado.

Los mismos principios se aplican para cualquier grupo de la sociedad que se sienta amenazado y en estos tiempos de globalización, en que parece importar más la competitividad internacional que la equidad al interior del país, reconocer el derecho a la defensa debería implicar una clara advertencia sobre tensiones sociales que pueden echar por tierra las aspiraciones de que Chile se pueda incorporar de verdad al selecto círculo de los países desarrollados.

La prevención del conflicto parece estar ausente de las grandes discusiones políticas y económicas, a pesar de constituir una clara debilidad, y se tiende a reaccionar ante las presiones ciudadanas, desoyendo las críticas expresadas por medios pacíficos a través de la institucionalidad vigente, lo que también representa una amenaza porque una normativa legal que no ayuda a la resolución de las controversias va perdiendo legitimidad a los ojos de la población.

Lo que está ocurriendo con los mapuches es un síntoma más de las injusticias sociales, pero algo similar se puede decir de las demandas estudiantiles, de las quejas de las personas en su rol de consumidores, de las críticas por la calidad de los servicios públicos, y en esas condiciones cuesta motivos para el orgullo a días de conmemorarse el bicentenario.