ZANCADILLAS

Desde que Ricardo Lagos inauguró este mecanismo al final de su mandato, se ha venido haciendo usual que el Gobierno proponga temas en la agenda legislativa con el exclusivo propósito de poder mostrar ante el electorado la verdadera faz de sus adversarios políticos, sabiendo que los proyectos que se someten a la consideración del Parlamento no sólo no serán aprobados sino que, además, su rechazo significará que no se podrán poner en discusión nuevamente hasta que pase un año.

La práctica se inició con las reformas laborales propuestas por Lagos y se ha repetido en vísperas de casi todas las elecciones siguientes, bajo la misma receta y libreto que se ha dado en llamar: “Sacar a la oposición al pizarrón”. En esta línea se pueden entender ideas como la despenalización del consumo de marihuana en grupos privados, la creación de la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Parlamento Indígena.

La verdadera idea no es legislar sobre estas materias sino obligar a los demás sectores políticos a votar favorablemente para no incurrir en una conducta impopular o, en caso de hacerlo, poder enrostrarles su supuesta falta de compromiso con los grupos ciudadanos a los que les interesan estos asuntos. Se trata de hacer una zancadilla, en rigor, más que de sacar a alguien al pizarrón, porque el mecanismo apunta más a la idea de una trampa que a la de hacer que alguien demuestre sus capacidades o su real voluntad.

Va a ser interesante ver qué ocurre en esta próxima ocasión, ya que de todos los candidatos presidenciales en carrera, sólo uno es, en estricto rigor, de una vertiente política distinta y todos los demás provienen de la Concertación, por lo que cualquier iniciativa de ley destinada a establecer diferencias puede revertirse contra el oficialismo, en especial si dentro de los competidores hay algunos que son más avanzados, audaces, o progresistas si se quiere, que el propio Gobierno.

Si se presenta un proyecto para que sea rechazado, ya no es sencillo tratar de explicar la realidad en blanco y negro porque el escenario político ha dejado de estar definido entre “buenos” y “malos” y se corre el riesgo de que los autores de la iniciativa sean acusados de abusar de la fe pública con fines electorales.

Si no se comprende que hay más matices en la realidad, cualquier propuesta no solamente fracasará, como es previsible, sino que además demostrará que las simplificaciones ya no tienen vigencia y eso evidenciará más, al mismo tiempo, la existencia de grupos que siguen pegados en la lógica del adversario con la que se pudo trabajar exitosamente en política hasta avanzado el proceso de transición a la democracia.

LOS DOGMAS DEL ESTADO

La discusión acerca de la posibilidad de que Sebastián Piñera, en caso de resultar electo, pueda cumplir con su promesa de dar un bono de 40 mil pesos no deja de ser curiosa, si se considera que en la actual administración se han dado en varias ocasiones bonos similares y que precisamente el mínimo rol del Estado que habría en un Gobierno de la Alianza es una de las críticas que se le hacen a Piñera.

Tampoco se puede argumentar que sea una forma de cohecho, o no más cohecho al menos que cualquiera de las promesas que haga la autoridad en ejercicio, cuando se trata de hacer gastos extraordinarios aprovechando los ahorros fiscales.

En rigor, el sentido del Estado es reunir los frutos del desarrollo económico y redistribuirlos con un fin social, es decir, dar más a los que tienen menos. Si la economía genera dineros adicionales a los necesarios para mantener los programas, planes y gastos contemplados en la Ley de Presupuesto, no parece demagógico utilizarlos en beneficiar a los menos pudientes.

Distinto sería si se usan dineros ya comprometidos a un gasto fijo para utilizarlos en otro propósito, pero esta tampoco es una regla invariable. El Gobierno puede proponer al Congreso modificaciones presupuestarias, cuando se trata de montos que superan la discrecionalidad de la autoridad, y si el Parlamento aprueba estos cambios es perfectamente legal e irreprochable, tanto del punto de vista ético como desde la perspectiva política.

El Estado se define por su función y si el cumplimiento eficaz de esta requiere adaptaciones, es deber de los dirigentes políticos y de los representantes populares convocar al pueblo soberano para decidir esos cambios. Por el contrario, si la conservación de la institución es puesta en un lugar de preeminencia respecto a la función, lo más probable es que el objetivo no sea cumplido, y al perder la ciudadanía la seguridad en que el Estado protegerá sus intereses se derrumbará también la legitimidad política del Estado.

El Estado en sí mismo no tiene una connotación ideológica determinada y sus únicas exigencias son la eficiencia y la mantención del orden social, pero si la ineficiencia del Estado atenta contra ello resulta urgente modificar la institucionalidad y quienes se resistan a los cambios demandados por la sociedad pasan a ser secuestradores del Estado.

Es preciso, entonces, decir por último que el Estado no es propiedad del Gobierno, sino de la ciudadanía, y el Gobierno tiene la responsabilidad de administrarlo pero no puede actuar como si fuera suyo, ni mucho menos invocar dogmas inexistentes para justificar conductas cuestionables.

LA FOTO

Se ha hecho cuestión en estos días sobre la decisión de algunos candidatos al Parlamento de la Concertación de utilizar imágenes tomadas junto a la Presidenta Michelle Bachelet, en lugar de tomarse una foto con el candidato del pacto Eduardo Frei.

Ya en la elección pasada hubo críticas y réplicas en el pacto de la Alianza, cuando al momento de los comicios parlamentarios tenían dos candidatos presidenciales -Piñera y Lavín- y los postulantes al Congreso de ese sector debían optar por uno o el otro.

Posiblemente, la forma en que los políticos diseñan sus estrategias de campaña hable más de lo que lo hacen sus declaraciones formales respecto a su opinión acerca del estado de sus propias coaliciones políticas. En el caso de la Alianza, hace cuatro años, era evidente para todos que aparecer con dos candidatos presidenciales distintos significaba mostrar un grado de división importante que afectaba las posibilidades electorales, pero no hubo capacidad de solucionar el entuerto.

Lo que sucede con la Concertación, en cambio, apunta a la falta de confianza de los propios representantes de la Concertación para el Poder Legislativo sobre el desempeño electoral de su candidato presidencial, en especial cuando las campañas se han adelantado y han debido sacar ya a la calle sus carteles. Ante la duda, y en especial ante la dificultad de anticipar cuál será el escenario a comienzos de diciembre, varios han optado por asegurarse y usar sus imágenes con la Presidenta Bachelet, que en estos momentos tiene mejor evaluación pública que cualquiera de los candidatos.

Esta es una decisión lógica, a la luz de los datos objetivos que se tienen en este momento, pero al mismo tiempo representa un desapego respecto del candidato presidencial que preocupa a la Concertación porque, así como le sucedió a la Derecha el 2005, tiene un efecto en la confianza que se muestra ante la ciudadanía.

En lo que todos coinciden, en todo caso, es en la tendencia a eludir la presentación de símbolos partidarios en la propaganda, lo que se explica nuevamente por la racionalidad. Si los partidos se encuentran desprestigiados no es recomendable que los candidatos se vean asociados con alguno de ellos.

El problema de fondo es suponer que la gente vota por la foto de los candidatos y no por sus propuestas y posiciones, pero como estas no se informan se produce un círculo vicioso en el que la única información para decidir el sentido del sufragio es la foto.

EMOCIÓN Y RAZÓN

A propósito de la propuesta de algunos parlamentarios de reponer la pena de muerte, como respuesta al alevoso crimen de la pequeña Francisca Silva, se hace necesario recordar que el ordenamiento de las sociedades, el ejercicio político en definitiva, se hace sobre la base de la racionalidad y no a partir de las pasiones.

Las pasiones son legítimas, aceptables y deseables incluso, pero en el plano individual. Las comunidades de personas tienen que prescindir de la emoción para definir su ordenamiento. Lo que define el grado de civilización de una sociedad es el predominio de la racionalidad sobre la emoción.

Evidentemente, cuando la opinión pública se enfrenta a situaciones tan conmovedoras como el asesinato de una niña, resulta más difícil que el juicio se imponga sobre el instinto, pero esa es precisamente la tarea ingrata que deben asumir los líderes de opinión y los representantes de la comunidad.

A pesar de que el mundo avanza hacia formatos democráticos basados en una cada vez más relevante participación ciudadana, gracias a los progresos tecnológicos, es en los momentos en los que las pasiones afloran que queda en evidencia el grado de madurez de la sociedad, y si la sociedad no está preparada para enfrentar con racionalidad los hechos que la conmueven es imprescindible que sean quienes conservan la razón hagan todos los esfuerzos conducentes a controlar -no reprimir- la emoción.

La emoción se puede manifestar. Debe hacerlo, pero no hasta el punto en el que determine los consensos sociales en los que se fundan la legislación y las instituciones. En ese plano es la racionalidad la que debe imponerse, y no por desprecio a la riqueza de las pasiones, sino que para que las sociedades puedan definir la meta hacia la cual quieren transitar se requiere planificación, orden y la capacidad de gestión que surgen solo desde la racionalidad.

Cuando un país se enfrenta a una situación dolorosa, compartida intensamente por todos quienes somos padres, es el momento en el que se comprueba la madurez cívica, y el horrible crimen conocido en estos días pone precisamente en cuestión ese atributo.

Salta a la vista que, como sociedad, calificamos de manera sobresaliente en solidaridad, empatía y sensibilidad, al menos por lo que muestra la reacción ciudadana por el asesinato de Francisca Silva, pero en lo que no mostramos mayor progreso es en la capacidad de enfrentar los sentimientos con criterio, y eso significa que los chilenos, aparentemente, aún funcionamos como una masa amorfa, voluble y caprichosa.

PERIODISMO Y POLITICA

Aparentemente, y a diferencia de campañas anteriores, en estas elecciones el papel que jueguen los medios de comunicación tendrá mayor protagonismo que lo que ha indicado la tradición, con quejas y acusaciones respecto a que tal o cual medio favorece o ataca a determinada candidatura, lo cual no puede dejar de ser considerado curioso porque tanto la Derecha durante el régimen militar como la Concertación en sus cuatro mandatos que igualan la duración de la dictadura, han podido establecer las reglas para el funcionamiento del periodismo.

Ninguno de los dos bloques se queja cuando los periodistas van a sus conferencias de prensa y se limitan a reproducir los documentos que se les entrega, pero cuando el periodista cumple con su deber profesional e indaga más allá de la superficie se le acusa de tener intenciones ocultas.

Es curioso porque todos saben que los grandes medios de comunicación en nuestro país tienen identificación con sectores políticos determinados, pero también es evidente que no ha habido un verdadero compromiso con el pluralismo informativo. En vez de propender a la creación de nuevos medios que aporten miradas distintas a la sociedad, se ha preferido mantener a los ya existentes en una neutralidad inofensiva, pero al mismo tiempo restrictiva.

Es evidente también que algunos medios han intentado salirse de este corsé, y que en ese proceso han sufrido las críticas de quienes se sienten postergados por una línea editorial divergente a sus propios intereses.

En el pasado, casi desde los inicios de la República, ha habido una relación difusa entre la política y la prensa, con favores en uno y otro sentido, en una suerte de concubinato que no se desea reconocer en público, como no sea para quejarse de las eventuales infidelidades de una de las partes.

Si de verdad se quiere avanzar hacia una sociedad democrática, el poder político tiene que entender que son esenciales las libertades de prensa, expresión y opinión, así como el derecho a la información. Sólo en esta última área ha habido avances en los últimos tiempos, pero mientras el Estado no asuma como una de sus responsabilidades la promoción del pluralismo informativo el país continuará a merced de las decisiones que adopte el concubinato entre la política y la prensa.

Sin embargo, y esto es algo que aún no se comprende del todo, los avances de la tecnología están impulsando la democratización de la información más allá de la barreras impuestas por la política y si no se produce una reacción oportuna, se llegará a un punto en que la relación entre el poder y la prensa tenga escasa relevancia.