LA REBELIÓN DEL BUZÓN
Durante 18 años, el Congreso se ha quejado de que en la tramitación de los proyectos de ley ha cumplido el rol de un simple buzón, que recibe las propuestas del Ejecutivo y sólo puede aceptar, sin modificar de manera relevante sus contenidos.
Cada año, invariablemente, se escuchan los reclamos de senadores y diputados porque los proyectos habituales de reajuste de las rentas de los funcionarios públicos y el Presupuesto de la Nación no responden plenamente a las expectativas ciudadanas, pero siempre habían terminado votando a favor de las proposiciones del Gobierno, conscientes de que la Constitución no les permite participar realmente en la definición de las propuestas, a pesar de que se supone que en Chile impera una democracia representativa, y por lo tanto los parlamentarios responden a la ciudadanía y no al Gobierno ni a las cúpulas de los partidos.
Sin embargo, en estos días por primera vez las quejas que ya parecían parte de un rito sin mayor significado se tradujeron en el rechazo del proyecto para el reajuste de los funcionarios públicos, ante la evidencia de que la propuesta del Gobierno no sólo provocarían la prolongación del paro del estamento perjudicado, sino que era en lo esencial un reajuste injusto por mezquino.
Pero es la rebelión de los parlamentarios oficialistas el hecho políticamente más significativo, porque es primera vez que se produce desde la recuperación de la democracia y porque podría significar que los legisladores han comprendido, por fin, que su primer deber es con quienes los eligieron y no con los presidentes de sus respectivos partidos.
Esta situación merece recibir el respaldo ciudadano, ya que en estos momentos los senadores y diputados de la Concertación se encuentran bajo la presión de las autoridades de Gobierno y requieren la legitimidad democrática que les confieren los votantes para seguir actuando de acuerdo a sus consciencias y no bajo las reglas del interés partidario, que no siempre coincide con los intereses del bien común.
Por otro lado, esta actitud es la reproducción de las posturas que significaron en su momento la salida de un importante contingente de parlamentarios de la DC y del PPD, y si se logra consolidar el derecho de los congresistas a votar en consciencia -recordemos que las órdenes de partido no existen en la legislación- se dará un importante paso en la salud de nuestro sistema político, lo que no sólo beneficia a los propios partidos sino al conjunto de la comunidad nacional que espera que sus representantes en el Poder Legislativo cumplan con su función de representarla.
Cada año, invariablemente, se escuchan los reclamos de senadores y diputados porque los proyectos habituales de reajuste de las rentas de los funcionarios públicos y el Presupuesto de la Nación no responden plenamente a las expectativas ciudadanas, pero siempre habían terminado votando a favor de las proposiciones del Gobierno, conscientes de que la Constitución no les permite participar realmente en la definición de las propuestas, a pesar de que se supone que en Chile impera una democracia representativa, y por lo tanto los parlamentarios responden a la ciudadanía y no al Gobierno ni a las cúpulas de los partidos.
Sin embargo, en estos días por primera vez las quejas que ya parecían parte de un rito sin mayor significado se tradujeron en el rechazo del proyecto para el reajuste de los funcionarios públicos, ante la evidencia de que la propuesta del Gobierno no sólo provocarían la prolongación del paro del estamento perjudicado, sino que era en lo esencial un reajuste injusto por mezquino.
Pero es la rebelión de los parlamentarios oficialistas el hecho políticamente más significativo, porque es primera vez que se produce desde la recuperación de la democracia y porque podría significar que los legisladores han comprendido, por fin, que su primer deber es con quienes los eligieron y no con los presidentes de sus respectivos partidos.
Esta situación merece recibir el respaldo ciudadano, ya que en estos momentos los senadores y diputados de la Concertación se encuentran bajo la presión de las autoridades de Gobierno y requieren la legitimidad democrática que les confieren los votantes para seguir actuando de acuerdo a sus consciencias y no bajo las reglas del interés partidario, que no siempre coincide con los intereses del bien común.
Por otro lado, esta actitud es la reproducción de las posturas que significaron en su momento la salida de un importante contingente de parlamentarios de la DC y del PPD, y si se logra consolidar el derecho de los congresistas a votar en consciencia -recordemos que las órdenes de partido no existen en la legislación- se dará un importante paso en la salud de nuestro sistema político, lo que no sólo beneficia a los propios partidos sino al conjunto de la comunidad nacional que espera que sus representantes en el Poder Legislativo cumplan con su función de representarla.
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