"No queremos ser colonia de nadie"

           Hace bien cambiar las perspectivas de vez en cuando porque permite ver cuáles ideas se sustentan en la realidad y cuáles sí corresponden a un análisis objetivo y desapasionado de las cosas.

 
            Por estos días me encuentro en España y una de las primeras cosas que me llama la atención en un muro de la carretera es el rayado que uso como titulo.   Me explican que el reclamo se refiere a las demandas de las provincias por administrar sus propios recursos, frente a la intención de Madrid de recortar gastos por la crisis económica.   Es el mismo reclamo de cualquier país medianamente centralizado.

             Nada nuevo bajo el sol.   Es lo mismo que sucede en Chile.    Si se trata de restringir presupuestos, se afecta primero a quienes se encuentran más lejos del poder central, sea geográfica o políticamente porque la postergación puede depender de muchos factores que, en definitiva, se refieren a la capacidad de que el gobierno imponga sus políticas sin resistencia.

             Lo que resulta llamativo de esta situación es que se produce en los días inmediatamente posteriores a la polémica generada por la decisión de Argentina de expropiar la participación de capitales españoles en YPF.   Todo depende de cómo se mire.    A los latinoamericanos nos gusta culpar a las naciones del mundo desarrollado de nuestras limitaciones, pero eso se dificulta cuando uno ve que ellos tienen sus propios problemas.   Los españoles ven con admiración nuestros indicadores económicos, como nuestros índices de desempleo, pero muchos latinoamericanos siguen viendo a Europa -con un desempleo tres veces mayor al chileno- como una tierra de oportunidades, aunque al mismo tiempo se le endose la culpa de la falta de control respecto a nuestras riquezas naturales.

             No parece exacto culpar a España de lo ocurrido con YPF, generalizando en todo un país, y posiblemente tampoco sería justo responsabilizar de manera exclusiva a Madrid.    Tal vez lo más apropiado sería hablar de un grupo de poquísimas personas  que no tienen siquiera una nacionalidad determinada pero las teorías conspirativas no han demostrado hasta ahora tener mayores fundamentos en la realidad.

             Al final, lo que queda entonces es que la responsabilidad recae en quienes permiten que el poder les usurpe sus derechos o imponga condiciones desequilibradas.   Millones contra unos pocos.   Puestas así las cosas, parece increíble que no se pueda cambiar el mundo.   Ya hemos acumulado suficiente experiencia para saber que todo es posible, cuando las cosas se hacen bien, cuando las voluntades se suman en vez de restar y se dejan de lado las pasiones que nublan la razón.

Aliados sin amistad

No dejan de ser curiosas las reacciones al anuncio DC-PS de llevar candidatos comunes a la Presidencia y a las parlamentarias, que es a su vez una reacción al anuncio PPD-PRSD-PC de llevar candidatos comunes a las municipales, si en realidad estos acuerdos no son pruebas de amistad sino simples negocios, desarrollados en el ámbito de la política.


Desde que existe el sistema binominal, es obligatorio realizar este tipo de negociaciones para asegurar la mayoría. Antes del binominal también se hacían, pero no era imprescindible hacerlos antes de las elecciones, por lo que se podría decir que hemos ganado en transparencia.

De todos modos, es evidente que se trata de un pacto electoral y no político, porque ni la DC ni el PS comparten parte sustancial de su doctrina ni lo hacen el PPD y el PR con el PC: No hay que suponer más de lo que es: Un negocio para ser competitivos en el sistema electoral.

Lo mismo se puede decir de RN y la UDI. Es difícil sostener, y más aún habiendo transcurrido más de la mitad del gobierno que apoyan, que sean partidos amigos. No lo son. Se han puesto de acuerdo para hacer un negocio, que no es otro que alcanzar el poder, y hay que reconocer que lo lograron, a diferencia de una Concertación que se juraba lealtades y amistades pero no pudo mantener el apoyo del electorado.

No hay que confundir negocios con amistad ni mucho menos con un amor verdadero y sincero. Estas uniones son intrínsecamente por conveniencia y es previsible que cuando se acabe el interés se termine también el acuerdo y no habría por qué sorprenderse. Es perfectamente legítimo, en la medida que nadie ha sido engañado.

Lo que sí es distinto es que la Concertación durante la primera parte de su existencia sí tenía un propósito que iba más allá de lo puramente electoral. Se trataba de recuperar la democracia, derrotar a una dictadura por medio del voto y no de las armas, luego de consolidar ese sistema político y finalmente avanzar en un mayor equilibrio social con un conjunto de políticas destinadas a los grupos más débiles y marginados y cuya validez fue reconocida por el actual gobierno que, en lugar de desmantelarlas, las mantuvo.

Pareciera que mientras existió ese sentido ético en el ejercicio de la política -o al menos la ilusión de que hubiera un propósito superior- eran perdonables los acuerdos netamente electorales, pero al perderse esa orientación ya la desnudez propia del negocio resultara inexcusable. Ahora que las cosas son claras, lo único que resultaría imperdonable es que el negocio no resulte.

Llegar y disparar

El rey de España se fracturó la cadera cazando elefantes en África, pero eso es una noticia que a los chilenos nos importa poco porque tenemos nuestra propia temporada de caza, gracias al gentil auspicio de nuestras autoridades.


Entre nuestros senadores y diputados que se aumentan sus asignaciones y luego se sacan los ojos entre sí, como si meter a más gente en la lista de los culpables aminorara la culpa de cada uno y una Fuerza Aérea que tras un año del accidente en Juan Fernández que causó la muerte de 21 personas viene a asumir que el avión sí llevaba sobrepeso, lo de Juan Carlos pasa completamente desapercibido.

No necesitamos ir a África de cacería buscando los pocos elefantes que quedan porque tenemos suficientes autoridades a las cuales dispararles nuestras críticas, y lo mejor de todo es que la mitad de los que critican lo hacen porque están en la lista de espera para reemplazar a los caídos en desgracia, como es en el caso de los parlamentarios.

Es fácil disparar. Es casi como si las víctimas de las burlas prefirieran ser criticados a ignorados. Pareciera que esa es la única explicación posible para la seguidilla de acusaciones y contra-acusaciones que se lanzan entre ellos mismos como si fueran niños tratando de aclarar quién empezó la pelea: Fue este: no, fue este otro; fue el de más allá; fue el que no pegó pero insultó.

Frente a ese espectáculo, agregar más burlas parece innecesario pero sin embargo lo hacemos, porque los chilenos tenemos esa debilidad por reírnos del otro, del ya caído, del que sólo espera el asalto final para ver que su honra termina por diluirse.

Por otro lado, hay que decir que es bueno que no nos hayamos acostumbrado a las chambonadas y sigamos condenando aun en tono jocoso las faltas de criterio de nuestras autoridades. Lo de la Fuerza Aérea está en tribunales; lo de los parlamentarios en el debate público, pero es altamente esperable que ya estén apareciendo chistes sobre estas situaciones porque para eso sí que somos buenos los chilenos.

No tenemos mucha capacidad para censurar de manera eficaz el descriterio o la ineficiencia, pero sí que sabemos reírnos y eso configura una especie de círculo vicioso en el que los acusados saben que pueden seguir abusando un poco más porque el público parece preferir al que le proporciona material para bromas y burlas que a quien sólo se limita a ejercer su cargo con eficiencia y honorabilidad. De otra forma, no podríamos irnos de cacería y es posible que tengamos que conformarnos con los pobres elefantes.

La subjetividad de la objetividad

La visita de Camila Vallejo a Cuba dio para muchos comentarios en la prensa y las redes sociales, pero como suele ocurrir en situaciones que dan para polémica sirvió también para dejar en evidencia la subjetividad de las opiniones de unos y otros.


Para cada uno de los que opinaron, se trata de hechos o situaciones objetivas: Para unos, sus dichos sobre Fidel Castro son correctos y certeros; para otros, demostraban su falta de objetividad respecto al anciano dirigente y la situación cubana.

Al igual que ocurre con cualquier suceso debatible, los que intervienen parten de su propia verdad, pero el contraste de las opiniones de todos los que participan en la polémica confirma que no hay verdades únicas. La objetividad con la que se interpretan las situaciones es, al final, subjetiva.

Algo similar ocurre con la manera en la que la gente percibe las informaciones que recibe, tanto de los medios de comunicación como de otras fuentes. Se suele aceptar como cierto el mensaje que concuerda con nuestras propias preconcepciones y desechar lo que las contradice. Es sobre la base de ese fenómeno que las personas juzgan a la prensa como mentirosa o fidedigna, y lo mismo ocurre con los políticos. Por muy desprestigiados que estén, siempre cuentan con alguien que los apoya porque cree que dicen la verdad, que en cada caso es la verdad compartida entre el político y su adherente.

La realidad es la suma de todas estas apreciaciones, pero la verdad es una cosa distinta y es importante no confundir la verdad con las subjetividades personales, que son muy legítimas pero no únicas, así como es importante aceptar que otros tienen verdades propias y que en el contraste de esas verdades hay un avance para el conjunto de la comunidad en la que se produce el debate.

No se puede exigir a nadie decir la verdad por la sencilla razón de que nadie está autorizado para definir cuál es esa verdad. Pero lo que sí es importante, para los efectos de que haya un debate útil, es que todas las voces puedan ejercer su derecho a la libre expresión y que toda la comunidad tenga acceso a esas opiniones, con independencia de que las acepten o no.

La mentira, como denegación de la posibilidad de contrastar verdades, nace cuando se cohíbe la manifestación de cualquier parte de las subjetividades personales y en estos tiempos en que las opiniones circulan con total libertad en la mayoría de las naciones a través de los canales alternativos que ofrecen las redes sociales se va haciendo cada vez más difícil tapar el sol con un dedo. Pero eso tampoco renunciar a la obligación de los medios de comunicación y de las instituciones republicanas a ejercer el pluralismo.

Odiar al que odia

La muerte de Daniel Zamudio, a causa de la golpiza por parte de un grupo de delincuentes denunciados como neo-nazis, ha generado una comprensible reacción de indignación ciudadana por la atrocidad del crimen cometido y, casi de inmediato, la correspondiente oleada de malestar por la persistencia de conductas de discriminación de todo tipo en el país y la lentitud de las autoridades políticas y legislativas por establecer normas y políticas destinadas a prevenir y sancionar este tipo de conductas.


Pero hay una discusión de fondo que no se ha realizado, a pesar de que es uno de los puntos débiles de cualquier sistema democrática y que nuestro propio país incurrió en ese error dentro de la propia Constitución, en algún momento, y esto se refiere al derecho de la democracia de defenderse de quienes atentan contra ella.

El sistema democrático tiene que reconocer a todos el derecho a ejercer las libertades reconocidas por la Constitución, entre ellas el derecho a la expresión y la opinión, pero no se ha normado cuál es el límite entre ese derecho y el abuso de la libertad que transforma la conducta en delito.

En teoría, se puede decir -porque es una opinión- que determinados grupos sociales no tienen la misma dignidad que otros, pero lo que no se puede hacer es arrogarse el derecho a atacarlos en nombre de un supuesto interés por preservar la paz o el bienestar del resto de la sociedad. Pero del mismo modo, tampoco la autoridad ni ningún particular puede apropiarse del derecho de decidir quiénes o qué pensamientos son dañinos para la sociedad.

Ya en el pasado, en plena dictadura, se estableció el ominoso artículo 8º de la Constitución, que sancionaba la “propagación de doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”, y que fue derogado en 1989. El ex-canciller socialista Clodomiro Almeyda, al regresar al país clandestinamente de su exilio, fue procesado por esa disposición, convirtiéndose en la única persona en la historia en ser declarada “inconstitucional”.

Luego del asesinato de Zamudio se han observado algunas reacciones tendientes a perseguir a los grupos organizados que discriminan, a los parlamentarios que, siguiendo su consciencia, han votado los proyectos de ley de determinada manera y hasta a las iglesias por no haber cumplido lo que se considera su deber.

Cada vez que hay una polémica se percibe la tendencia en algunos a descalificar a quienes opinan distinto, y vuelan los epítetos de fascista, marxista, sin considerar que eso también es una forma de incitar al odio.

Hay que tener cuidado con que no terminemos discriminando (y odiando) a los que discriminan y odian.