EL TRIUNFO DE LA PRUDENCIA Y EL AUTOGOL DE LA IGLESIA

La decisión del Presidente Piñera de rechazar la posibilidad de un indulto generalizado representa, sin duda, la imposición de la prudencia por sobre cualquier promesa hecha en el pasado a los militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos o el afán de pasar a la historia como el responsable de la reconciliación entre los chilenos.

La petición explícita de la Iglesia Católica chilena de dictar un indulto con ocasión del bicentenario puso al Presidente de la República en un verdadero zapato chino, porque inmediatamente se produjeron reacciones de los bandos que estuvieron en pugna que permitieron demostrar que no había ánimo para una reconciliación, que era un escenario indispensable para el indulto, aunque no se hubiera declarado explícitamente.

Así las cosas, lo más prudente era hacer lo que finalmente hizo el Presidente Piñera, es decir comprometerse a dejar fuera de cualquier posible indulto a las personas condenadas por delitos especialmente graves, y de manera clara los vinculados con las violaciones a los derechos humanos, reservándose la facultad de otorgar indultos particulares de acuerdo a la calificación puntual de algunos casos especiales.

Sobre lo ocurrido hay tres aspectos que deben señalarse, siendo lo más llamativo la derrota de la Iglesia, a la que en otros tiempos le hubiera bastado con hacer una proposición para que fuera aceptada sin reparos por todos los sectores. En este caso, además de ser rechazada su presentación, una falla comunicacional en la explicación de la misma generó una suerte de frustración y la impresión de que comprende poco el estado de ánimo nacional respecto a los derechos humanos y la mantención de las rivalidades, posiblemente confundida por las encuestas que señalan una baja valoración de estos asuntos en la opinión pública.

En segundo término, así como la Alianza criticó en el pasado el uso dado por los presidentes de la Concertación a la facultad del indulto y constató ahora lo difícil que es hacerse cargo de las responsabilidades políticas derivadas de su uso, queda demostrado que se trata de una institución decimonónica e incluso de tiempos monárquicos que tiene poca justificación en el presente.

Por último, hay que constatar que los grupos y sectores que promueven la defensa de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos han tenido incidencia en lograr una definición presidencial que, en principio, responde a sus intereses. Son pocas personas, es cierto, pero la fuerza del drama que representan más el impacto emocional en la opinión pública de exhibir este drama como un argumento en contra de la autoridad ha demostrado ser contundente, y ese es un factor que tendrá que tenerse en cuenta en adelante.

DERECHOS HUMANOS

La inminencia de la publicación de la propuesta de la Iglesia Católica respecto al indulto a las personas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos ha generado una oleada de suspicacias respecto a la supuesta intención de los obispos de proponer un perdón amplio a este grupo de personas, bajo el criterio de la avanzada edad o estado de salud de algunos, seguido del, nuevamente supuesto, propósito del primer Gobierno de Derecha desde el fin de la dictadura de cerrar este doloroso capítulo con una amnistía generalizada.

Al respecto, hay que tener en cuenta algunos criterios básicos que deberían orientar el debate que tendrá que realizar el conjunto del país al respecto durante las próximas semanas y el primero, que debería ser al mismo tiempo el más evidente, es que en democracia es imposible imponer soluciones que no cuenten con el respaldo de la ciudadanía, y tratándose de un asunto tan sensible para la memoria nacional como es el de las responsabilidades por los crímenes del pasado, este respaldo tiene que ser contundentemente mayoritario, sin dudas ni sombras de vacilaciones.

En este sentido, ni el Gobierno ni la Iglesia, y especialmente tampoco el Parlamento, tienen el mandato explícito de la comunidad nacional para resolver en esta materia sin un pronunciamiento claro de la gente.

Sin duda, para los familiares de las víctimas de las violaciones sería insoportable la idea de que los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos por la dictadura sean liberados de toda culpa por una ley. En este sentido, debe aclararse que lo único que se podría borrar es la sanción penal, pero jamás la responsabilidad.

Cuando se presentó el Informe de la Comisión Rettig, encargado de establecer más allá de toda duda la magnitud de las violaciones, el Presidente de la época Patricio Aylwin pidió perdón a toda la Nación por lo ocurrido. Pero no se ha conocido un gesto similar de los responsables. Las Fuerzas Armadas han intentado hacerlo de modo institucional, pero no son los mismos cuerpos armados que durante 17 años ejercieron arbitrariamente la autoridad para eliminar a los disidentes políticos. Tampoco los grupos políticos que dieron sustento a la dictadura han hecho su acto de contrición y con el discurso de mirar al futuro para superar un pasado que divide a los chilenos no se ofrece una solución satisfactoria para todas las partes.

Hay que precisar, en todo caso, que es improbable que los autores directos e indirectos, materiales e intelectuales, pidan un perdón acorde a las pretensiones de las víctimas. Del mismo modo, los afectados tienen que entender que es también improbable que el resto del país los apoye en sus reivindicaciones, ya que son muchas ya las generaciones que han nacido y crecido con el tema de los derechos humanos como un tema del pasado y respecto del cual no tienen mayor interés ni compromiso, a menos que se trate de familiares de las víctimas.

Finalmente, es necesario destacar que lo ocurrido con la violencia política durante la dictadura no es la única cuenta pendiente que tiene el país con los derechos humanos y resulta poco edificante que se intente amnistiar las responsabilidades del pasado sin atender a las del presente.

A PATADAS

Terminado el Mundial de Fútbol con un partido final que se empinó más sobre las faltas que sobre los goles, todo parece indicar que el estilo de juego agresivo ha ido siendo adoptado por los dirigentes políticos locales, que renunciando a la elegancia en el juego y al trabajo colectivo, parecen empeñarse en un estilo de zancadillas y en una carrera de lucimiento personal en lugar de privilegiar el funcionamiento de sus equipos.

En lugar de explicar los puntos de vista propios, el acento se ha ido poniendo en resaltar las malas intenciones de los adversarios, con lo que el aire político se ha ido enrareciendo con acusaciones cruzadas que poco ayudan a avanzar en las tareas de Gobierno.

Esto resulta particularmente curioso si se toma en consideración que el Gobierno no tiene mayoría segura en ninguna de las dos cámaras del Congreso Nacional, lo que lo obliga a recurrir a acuerdos con la oposición, lo que se hace imposible cuando ambas partes se dedican a la descalificación pública.

Hasta ahora, los proyectos de mayoría simple que han sido aprobados han tenido el apoyo circunstancial de algunos parlamentarios independientes o de oposición, pero eso no da ninguna seguridad para el futuro, es una receta que puede comenzar a fallar si se insiste en su repetición e implica un desprecio por acuerdos institucionales entre Gobierno y oposición.

En otros períodos de la historia reciente, la opinión pública podía tener una percepción similar, pero en los hechos había un activo diálogo, muy discreto por cierto, entre los gobiernos de la época y las respectivas oposiciones, cosa que no se percibe en estos días, salvo quizás en iniciativas como el asilo a los presos políticos cubanos, en las que la participación del senador Ignacio Walker ha sido bastante visible.

Fuera del enrarecimiento del clima político, esta situación de enfrentamiento tiene una consecuencia adicional, en el fenómeno que ya comenzó a producirse en el período presidencial anterior de Michelle Bachelet, con el surgimiento de los llamados díscolos.

En estos momentos, cruzar el puente entre Gobierno y oposición, en cualquiera de los dos sentidos, parece rentable para obtener reconocimientos esporádicos, pero en la medida que se hagan imposibles los acuerdos institucionalizados la recompensa irá aumentando de valor, y eso implica un descontrol de las mayorías, ya sea la que ocupa La Moneda o la que se encuentra en el Parlamento.

MALA EDUCACIÓN

Uno de los síntomas de la inmadurez de nuestra sociedad es el hecho que los medios de comunicación tienden a tomar un tema –por lo general, poco substancial para el progreso del país- y repetirlo, machacarlo, hasta agotarlo sin que se logre una conclusión clara.

El mejor ejemplo de ello es lo ocurrido en estos días, con la visita a La Moneda de la selección nacional de fútbol y el no saludo entre el Presidente de la República y el Director Técnico del equipo, con una solución final que no resuelve el fondo del asunto, que es el respeto o irrespeto a las instituciones republicanas por parte de ambos.

Mirando el asunto con la mayor ecuanimidad posible, a ambos les es posible reprochar errores, pero el problema real y que no se ha debatido es el hecho de que cualquier autoridad, de cualquier naturaleza, tiene un rol educador hacia el resto de la sociedad, que tiende a imitar y a considerar como válidas sus conductas. El raciocinio es “si el Presidente -o cualquier otra autoridad- puede hacer tal cosa, cualquiera puede hacer lo mismo porque es aceptable”.

Esta dimensión de la responsabilidad de un personaje público es un asunto que habitualmente no se toma en cuenta, lo que constituye un nuevo error porque habitualmente se evalúan las actitudes de estas personas de acuerdo al impacto en el nivel de adhesión ciudadana hacia su persona y no respecto a las consecuencias de sus actos.

Esto significa, finalmente, legitimar que no es la moralidad o rectitud de las actuaciones lo que prevalece, sino su efectividad, de acuerdo a los objetivos particulares de cada persona y aunque este aspecto es un asunto que tiene importancia en un plano doméstico, es indudable que tiene aún mucha más significación cuando se trata de autoridades cuyos actos son magnificados por los medios de comunicación y cuentan siempre con adherentes que ayudan a legitimar y explicar su comportamiento, sumándose al esfuerzo por obtener los objetivos compartidos.

Es cada vez más infrecuente encontrar personajes públicos que sean destacados por la rectitud de su proceder, así como a personas que evalúen sus actos por la vara del impacto positivo que puedan provocar en el resto de la sociedad. En la medida que se sigan valorando las bravuconadas en lugar de la educación en las relaciones entre las personas, es difícil suponer que la gente tenga la posibilidad de formar un criterio que les permita distinguir entre los comportamientos que merecen ser imitados y los que ameritan la reprobación ciudadana.