EL PRESTIGIO PARLAMENTARIO

Los diputados han dado facilidades en los últimos días para la burla y la crítica ciudadana de tal manera que casi no vale la pena ya a estas alturas referirse a los bochornos por el aumento de la asignación para combustible, que algunos posaran dominando la pelota mientras ese y otros días los reporteros gráficos se solazaban mostrando la Sala de Sesiones prácticamente vacía o, peor aún, que algunos de los llamados a fiscalizar a Codelco en una comisión especial aparecieran recibiendo pagos por asesorías que, justa o injustamente, han sido tomadas como pagos políticos.

A pesar de la tentación de sumarse al oprobio ciudadano, lo importante es lo que señaló el ex-Presidente Patricio Aylwin al participar en una comisión especial de la Cámara de Diputados que discute la reforma del sistema político, en cuanto a que los parlamentarios tendrían “cierto grado de falta de una visión clara de su tarea”. Esta frase -amable y generosa a la luz de los últimos hechos- debe leerse como lo que pensarían muchas personas: ¿Cómo se va a reemplazar el sistema presidencialista por uno semi-parlamentario, si los parlamentarios no demuestran la capacidad de exhibir una conducta respetable?

Es justo decir que este tipo de situaciones son las que contrastan en el juicio popular con las defensas intentadas por los propios parlamentarios y otras autoridades políticas, en cuanto a que habría una animadversión de parte de la prensa con los políticos, cuando la verdad es que no se necesita de nadie para afectar el prestigio de los parlamentarios porque ellos mismos se bastan para dañar el respeto del que deberían gozar los representantes de la ciudadanía.

Por otra parte, es habitual escuchar quejas de senadores y diputados por el auténtico desprecio con el que el Ejecutivo actúa frente al Congreso Nacional, y si bien estas críticas tienen un sustento real, pero si los congresistas quieren ser tomados en serio tienen que realizar su trabajo con seriedad y responsabilidad, en lugar de responsabilizar de sus propias culpas a los demás.

Evidentemente, los parlamentarios no son personas tontas y sus conductas sólo se pueden explicar por un cierto distanciamiento respecto del sentir ciudadano que es peligroso porque su rol es, precisamente, representar a la gente al momento de debatir los proyectos de ley y fiscalizar al poder político.

Pero esta conducta es también peligrosa porque, junto con el descrédito de los políticos se genera un manto de recelo en relación a la actividad política y la democracia misma.

¿Y EL COBRE?

Entre tanta información de candidatos, apoyos cruzados y futuros aspirantes a La Moneda, hay situaciones que pasan desapercibidas, a pesar de su importancia y de su impacto en las perspectivas de desarrollo nacional, como ocurre con el caso de la minería privada del cobre, cuyo aporte al país no ha sido revisado después que se estableció a contrapelo el royalty durante el mandato de Ricardo Lagos.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) Eduardo Titelman informó que las diez cupríferas privadas más grandes han pagado en los últimos 13 años un total de 16 mil millones de dólares en impuestos, que corresponde a poco más de la mitad de lo aportado por Codelco.

Lo que no dice Titelman es que, por lo menos por las cifras disponibles hasta el 2006, las mineras privadas extraían el doble del mineral que explotaba Codelco, por lo que proporcionalmente estarían pagando la cuarta parte de la empresa estatal, ni tampoco dice qué parte de esos dineros son los impuestos tradicionales y qué parte corresponde al royalty.

Sin embargo, Titelman dice un par de cosas que no corresponden para un funcionario de una institución encargada de asesorar al Gobierno a través del Ministerio de Minería, aunque Cochilco sea según su ley un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, como afirmar que no existan motivos para analizar el aporte tributario de las mineras privadas.

Pero el ejecutivo agrega también críticas a la falta de transparencia por parte de Codelco y la resistencia de esta empresa a ser fiscalizada por Cochilco, lo que resulta lógico cuando el fiscalizador aparece defendiendo a las mineras privadas que son competencia de Codelco.

Sin embargo, este tipo de informaciones pasa inadvertida entre las discusiones entre los partidos por la campaña municipal y los esfuerzos de los futuros postulantes presidenciales por hacer noticia y quedar en mejores condiciones a la hora de definir las candidaturas.
Sería importante que, al momento de elaborar los planes de Gobierno de los candidatos, alguien se acuerde que el principal recurso natural del país está saliendo sin devolver a la Nación parte de la riqueza que está generando; que el mineral que se saca en gran parte no está refinado, con lo que no se crean todos los puestos de trabajo que podría generar la industria minera; que junto con el cobre salen mezclados otros minerales de mayor valor; y que cuando se agote el cobre Chile dejará de recibir, sea de Codelco o de los privados, cerca del 16 por ciento del presupuesto nacional.

LA NUEVA DEMOCRACIA Y LOS NUEVOS POLÍTICOS

Durante la administración de Michelle Bachelet se han producido dos fenómenos que no han sido debidamente reconocidos por la clase política: Por un lado, se produjo la irrupción de la ciudadanía, como un concepto distinto al de los votantes que sólo expresan su opinión en el momento de los comicios porque se trata de un pueblo que quiere que sus posiciones sean reconocidos en todo momento y están dispuestos a organizarse al margen de los partidos para hacer valer su voz.

El segundo fenómeno se refiere al proceso de agotamiento de la Concertación, que ha ido acompañado del desprendimiento de algunos sectores y la incapacidad de la Alianza para ocupar el espacio vacío de liderazgo que ha dejado la Concertación.

Ninguno de estos fenómenos ha sido recogido por los partidos tradicionales, como si ignorándolos pudieran mantener la situación que siempre les ha acomodado desde principios del siglo XX, cuando los candidatos repartían obsequios a los votantes y organizaban concentraciones con el solo afán de mostrar en el periódico una foto con más público que el contendor.

Ahora la gente recibe los regalos pero no compromete el voto y la disposición para ir a actos masivos es mínima, y ello ocurre por la sencilla razón de que, aunque aun no tiene la madurez suficiente para ejercer en plenitud su poder, la ciudadanía ha entendido que la clase política ha perdido vinculación y que se dirige a ella especialmente para las temporadas electorales.

Los políticos no han logrado entender que son representantes de la gente, que ya los votantes no son una masa que los sigue sólo por sostener la bandera de un partido y que incluso ya no pueden actuar como líderes de opinión, como ocurría antes. Ahora si un dirigente expone una afirmación tiene que convencer de la validez de sus argumentos para captar la adhesión popular. Evidentemente estas conductas no están todavía masificadas, pero marcan una tendencia frente a la que tienen que reaccionar quienes aspiran a representar al pueblo en los cargos de elección popular.

Esta nueva democracia no tiene un signo ideológico determinado, sino que está caracterizada por las redes que las nuevas tecnologías han hecho posibles. Para hacer valer la voz ya no se requiere la militancia en un partido político sino un computador.

Aunque aún está por verse la efectividad de estas novedosas formas de interacción social, hay indicios interesantes como que en Facebook hay casi 7 mil personas pidiendo la renuncia del Ministro de Hacienda. Si en la última elección las candidaturas se definieron por encuestas, es factible esperar que las siguientes o las venideras sean resueltas por Facebook u otra plataforma similar.

UNA MALA APUESTA

El Gobierno ha dado inconfundibles señales públicos de presión e incluso chantaje para lograr la aprobación del subsidio para el Transantiago, amenazando primero con que el pasaje subirá en la Región Metropolitana y luego con que no se entregarán recursos para paliar los crecientes costos de la locomoción en las restantes regiones del país.

Ha argumentado también que la oposición se está cobrando una cuenta por el rechazo a la nominación de Alfredo Pfeiffer como integrante de la Corte Suprema, o que está poniendo en práctica la teoría del desalojo para favorecer la candidatura presidencial de Sebastián Piñera.

Lo que no ha hecho el Gobierno es precisamente lo que se le está pidiendo para aprobar el subsidio solicitado al Congreso: Reconocer que el Transantiago sigue sin funcionar de manera adecuada y que se requieren modificaciones aún más profundas de las que se han hecho hasta ahora.

A estas alturas, sin disposición a negociar, a pesar de las declaraciones hechas en ese sentido por los parlamentarios de la oposición y los independientes -que serán los que decidan finalmente la votación- es factible suponer que el Gobierno ya tiene una estrategia para aprovechar políticamente el fracaso del proyecto, pero la apuesta es arriesgada porque la única forma en que a la opinión pública le importe lo que haga el Parlamento es aumentando el valor del pasaje y ello puede jugar en contra del propio Gobierno. Sin alza del pasaje, las críticas se mantendrán orientadas a la autoridad por no mejorar el servicio, pero con un incremento de las tarifas el Gobierno aspira a contar con un caudal de malestar ciudadano para dirigir contra la oposición.

Sin duda, como apuesta es mala, pero además es irresponsable porque lo único que quiere la gente, tanto en Santiago como en regiones, es que la locomoción colectiva sea un servicio decente y barato. Y es más irresponsable aún si se considera que el propio Gobierno es el que decidió impulsar el Transantiago sin que el sistema estuviera listo y es también el Gobierno el que ha porfiado con afirmar que ha mejorado, cuando la evidencia de lo contrario es visible a los ojos de los santiaguinos. En regiones, en tanto, se observa con impotencia cómo se entregan recursos millonarios para Santiago mientras sus propios sistemas de locomoción se encarecen sin freno alguno.

Pero sobre todo la apuesta es mala porque los efectos del fracaso del proyecto que establece el subsidio se percibirán inmediatamente antes de las elecciones municipales, y si el Gobierno equivoca su estrategia sufrirá consecuencias que repercutirán luego en la siguiente elección presidencial y parlamentaria, aun si resuelve finalmente utilizar recursos distintos al subsidio para evitar el alza de los pasajes porque en ese caso la oposición recuperará la ofensiva.