TRES CONSENSOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN

Los medios de comunicación tienen cierta tendencia a destacar un tema y ponerlo en todos los espacios hasta agotarlo, pero cuando los temas se repiten una y otra vez es señal clara de que siguen sin solución y que no se ha actuado con la debida seriedad y responsabilidad respecto de ellos.

Eso sucede invariablemente cada año con la contaminación ambiental en la ciudad de Santiago, que lleva 18 años de políticas diseñadas por expertos que, por falta de preparación, realismo o de apoyo político, no han logrado hasta ahora más que evitar el agravamiento del envenenamiento del aire que se respira, sin avanzar hacia una solución como la que se merecen todas las personas, por sentido común y por disposiciones de la propia Constitución.

Este es un caso en el que no cabe ya siquiera hacer el intento de justificar lo injustificable, y no cabe más que aceptar que el aire capitalino enfrenta una situación de crisis que exige más eficiencia y menos discursos. Ese es un primer consenso imprescindible: Aceptar que las políticas ambientales han sido un fracaso y han ayudado por omisión a llegar a una situación de verdadera emergencia.

Un segundo aspecto en el que se requiere un acuerdo de todos los sectores interesados es reconocer que los problemas ambientales no se limitan a Santiago. Aunque la prensa muestre el drama de los niños con enfermedades respiratorias en la capital y se pueda calcular cuánta gente adicional muere en los días de mayor polución, se debe aceptar que hay otras ciudades que también enfrentan problemas similares, además de zonas explotadas irracionalmente sin respeto alguno por los equilibrios ecológicos.

Eso significa necesariamente que el modelo económico y las políticas urbanas también han sido un fracaso, ya que la pureza del aire y el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación no interesan al mercado ni al afán de construir más y más casas, sin importar la calidad de vida. Las ganancias están sobre los derechos humanos.

Por último, un tercer aspecto que requiere el consenso ciudadano es asumir que la responsabilidad del cuidado ambiental no es exclusiva del Estado sino que es una tarea colectiva en la que se deben comprometer todos. El sector privado no puede exigir mano dura a la autoridad si, al mismo tiempo, está buscando la forma de eludir las restricciones.

Lo que es especialmente importante de entender es que la contaminación no tiene color político y que se requiere el acuerdo de todos porque no es un asunto con el que se pueda jugar ni mucho menos aprovecharlo para una elección y volver a postergarlo después.

VERDAD SOCIAL Y VERDAD POLÍTICA

Recientes acontecimientos como la aprobación de la Ley General de Educación o la detección de platas sin respaldo en los ministerios Secretaría General de Gobierno y del Trabajo, junto con las explicaciones pertinentes, aportadas por políticos considerados como personas serias, pero que contrastan con la apreciación de la ciudadanía, demuestran una vez más la dramática distancia que hay entre la verdad que comparte la mayoría de los integrantes de una sociedad con la que sostiene la clase política.

Esta diferencia de visiones se explica por dos razones. Por un lado, el intento de las autoridades de justificarse ante una ciudadanía que reprueba sus actos y consecuencias, en un vano propósito de convencer al público de la convicción opuesta a la que ya se formó; y por otra parte, por la deformación de la realidad que afecta a quienes se han distanciado de la vida cotidiana que desarrollan las personas y que los lleva a creer de verdad que la Ley General de Educación ayudará a mejorar la calidad de la enseñanza en Chile, sin que nadie más que sus autores la defienda con sincero entusiasmo o que las platas perdidas sí podrán documentarse de manera convincente.

Pero hay otro fenómeno que queda en evidencia con este tipo de situaciones: La lealtad de los partidarios y la animosidad de los opositores es más fuerte que las pruebas que pueda generar el análisis racional, desapasionado y objetivo de cada caso, y esta anomalía es aún más peligrosa que las anteriores porque afecta la capacidad de los dirigentes políticos para reencauzar la acción del aparato público y el sistema político hacia una real sintonía con la ciudadanía que, de no alcanzar un nivel mínimo, lleva a la desconfianza y el descrédito del conjunto de la clase política.

Sin embargo, es aún más pernicioso el acostumbramiento a este tipo de situaciones por parte de la propia ciudadanía porque en la misma medida que se va considerando normal que las autoridades interpreten la realidad a su amaño se va renunciando también al derecho del pueblo a exigir una conducta recta de sus gobernantes.

Se tiende a olvidar que las autoridades no son las propietarias del país, los verdaderos dueños del país son sus habitantes, y cada elección corresponde a la firma de un contrato de prestación de servicios que puede revocarse al término del plazo acordado si no hay satisfacción con la labor realizada.

El pueblo no sólo tiene el derecho de exigir que no traten de hacerlo tonto o que le muestran como verdadera una realidad que se sabe que no es tal, sino que el deber de exigir más respeto.

GOBERNAR SIN CIUDADANOS

Habitualmente se entiende el ejercicio del Gobierno como el ejercicio de equilibrar los objetivos de los distintos grupos de presión en la sociedad tanto entre sí como en relación a ese concepto casi abstracto que es el bien común, pero ello supone que todos los estamentos tienen la misma capacidad para ejercer presión.

Un claro ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con los distintos gremios del transporte y sus exigencias por obtener compensaciones a raíz del aumento en el precio de los combustibles. Los camioneros hicieron un paro de dos días y bastó con la amenaza de una prolongación indefinida para que el Gobierno cediera con la buena voluntad que no había querido mostrar pocas horas antes. Luego, y antes de la posibilidad siquiera de una paralización, se entregó otro beneficio para los colectivos. A la locomoción colectiva no es necesario darle nada porque ya está funcionando con uno de los subsidios más altos de la historia nacional a través del Transantiago.

¿Y los automovilistas particulares? Nada, por la simple razón de que no tienen capacidad de presión. Al margen de la validez técnica de asignar recursos a unos y no a otros, lo que ha primado es el criterio político de mantener el orden social y evitar el descontento popular. Eso es política y no economía, aunque se disfrace con argumentos técnicos de difícil comprensión para el público.

Sin embargo, de lo que no se da cuenta la ciudadanía es que las personas comunes tienen la más poderosa arma de presión de todos los grupos y si no la utilizan es por la sencilla razón de que carecen de la organización para actuar con eficiencia, y eso demuestra que la ciudadanía no tiene la madurez necesaria para actuar como contrapeso frente al Estado, limitándose a concurrir a votar cuando se la invita a ello.

La ciudadanía olvida que las autoridades son sus empleados, ellos están mandatados a proteger al ciudadano común y velar por sus intereses, y si no lo hacen deberían poder ser despedidos por una decisión ciudadana. Una democracia sana debería contemplar mecanismos para la expresión de la voluntad popular en momentos distintos a las elecciones y generados de forma autónoma por la gente. Lo lógico sería que esa labor la asumiera el Parlamento, en su condición de representante del pueblo, pero ello no ocurre en la práctica porque, salvo contadas excepciones, senadores y diputados están preocupados de defender o atacar al Gobierno sin importar dónde esté el sentido común o la verdad. Lo sano entonces sería que, a partir de la voluntad de un determinado número de personas, se pusiera en marcha un proceso de consulta abierto a todos los ciudadanos para que resolvieran sobre los asuntos que interesan al conjunto de la sociedad y que son suficientemente serios como para que no se puedan definir por medio de encuestas.

Mientras ello no sea posible, se podría considerar que el Gobierno se ejerce sin ciudadanía, que viene a ser casi lo mismo que decir que el Gobierno se manda solo sin mayor responsabilidad.

CUENTAS QUE NO CALZAN

Entre tanta polémica por la Ley General de Educación (que parece tener pocas probabilidades de pasar la valla parlamentaria), el impuesto a los combustibles (respecto al cual, tras la rebaja para los camiones, se abre el campo para las protestas de las Pymes, la locomoción colectiva, los colectivos y eventualmente los particulares, si logran organizarse), las previsibles movilizaciones sindicales previas a la negociación del próximo ingreso mínimo y las eventuales candidaturas de cada bando para las municipales, hay una noticia que pasó desapercibida para los dirigentes políticos del país.

El pasado jueves el director del Servicio de Impuestos Internos Ricardo Escobar informó que la recaudación al término de la Operación Renta muestra que, frente a un crecimiento de la economía nacional del 5,1 por ciento, los impuestos declarados se redujeron en un 6,7 por ciento, con una menor recaudación de mil 112 millones de dólares, es decir poco más de lo que el Ejecutivo pretende inyectar al Fondo de Estabilización del Petróleo.

Escobar no acusó a nadie explícitamente de evasión, pero adelantó que su servicio va a fiscalizar a las grandes empresas mineras privadas. Para cualquiera que sume dos más dos, hay una responsabilidad endosada a las mineras por un daño incuestionable al interés fiscal, pero nadie ha reaccionado a lo que debería haber producido un escándalo de proporciones.

Ya hace unos años, y gracias a la porfía del ex-senador Jorge Lavandero, se estableció un royalty a la minería como compensación por la explotación de recursos naturales no renovables y se acordó que esos dineros irían a un fondo para promover el desarrollo y la investigación, parte del cual estaría reservado para las regiones. El royalty no fue de la magnitud que se pedía y, hasta ahora, no se ven mayores resultados de los dineros que se invertirían.

Para que los países funcionen y aprovechen al máximo sus posibilidades, no basta con proponer buenas ideas sino que además deben implementarse y, sobre todo, estar sometidas a permanente evaluación. Eso no se está logrando en Chile, en donde la clase política -moros y cristianos- parecen estar más preocupados de acomodarse para la siguiente elección, apostando a la inmediatez de las impresiones generadas en la gente a través de los medios de comunicación. Así, llega a ser más importante la frase impactante o la foto de portada que los resultados del trabajo bien hecho, y esa es una conducta que se extiende por toda la sociedad

Siguiéndose este camino, Chile difícilmente podrá competir con las demás naciones latinoamericanas a las que, hasta hace poco tiempo, veía por sobre el hombro y cuando llegue ese momento no habrá nadie a quien culpar porque será resultado de una responsabilidad colectiva.

LA FUERZA CENTRÍFUGA DE LA CONCERTACIÓN

Siguiendo un proceso que podría describirse casi de forma matemática, y que es común a cualquier fenómeno sociológico, la Concertación ha pasado de su fase centrípeta a la centrífuga. En la primera de ellas, atrajo los cuerpos sociales que se encontraban en sus cercanías hasta alcanzar una masa que la llevó a su madurez, pero pasado ese punto comienza a contraerse, a girar sobre sí misma y a adquirir una velocidad descontrolada que convirtió la fuerza centrípeta en una centrífuga.

Es un proceso normal para cualquier organización social que se inicia, como toda nueva iniciativa inspirada, en un pequeño grupo de unidades que, gracias al acierto de sus propuestas y posiciones, va captando nuevos adherentes. Pero cuando se llega al momento del éxito -político, en este caso- resulta inevitable que esos nuevos componentes dejen de brindarle peso adicional y empiecen a aumentar la densidad, es decir un incremento del peso sin mayor volumen.

Pasado un período de relativa estabilidad, esa masa que resulta inmanejable para sus iniciadores originales empieza a contraerse y comienza a girar sobre sí misma, ante la falta de una fuerza que la mantenga en equilibrio, que en el caso de la política viene a ser la incorporación de nuevos propósitos e ideas. En el instante en que las ideas, en lugar de ser incluidas, comienzan a salir del campo de su órbita, empiezan también a desprenderse algunas de las unidades que forman parte de la masa.

Es en este punto en el que se puede recuperar la estabilidad pérdida y el empuje inicial, pero al no aprovecharse la oportunidad de reformular la masa del cuerpo el proceso de pérdida del peso se acelera y se hace inevitable hasta la disolución definitiva del cuerpo. Es un proceso similar al de la formación y desintegración de los objetos celestes, pero aplicado a las sociedades humanas.

Al igual que las estrellas, las organizaciones políticas, en la medida que son creaciones sociales y se someten a un conjunto de reglas bien específicas, tienen un período de formación, una etapa de máximo brillo y declinan inevitablemente, sin perjuicio de que su existencia se pueda extender con cambios en su estructura. Sin embargo, en el caso de la Concertación parece haber pasado ya el momento en el que era posible realizar adaptaciones para adecuarse a las condiciones cambiantes, tanto internas como externas, y se ha llegado a una fase sin retorno en la que se intenta mantener la unidad del cuerpo original por la fuerza de la imposición.

El problema para el país es que la Concertación ha sido la alianza política más relevante de los últimos años y su disolución requiere que el lugar que ocupaba en el espacio sea ocupado por otro cuerpo con un peso y una masa similares.