Los Amigos

Es curioso lo que le ocurre al Gobierno del Presidente Piñera: Cuando fue electo, se le enrostraba que, por su condición de millonario, tendría una administración más favorable a los empresarios porque eran sus amigos, pero ahora resulta que el mismo empresariado se está empezando a preocupar por lo que consideran una política de hostigamiento.

¿Qué sucede? Simplemente que el Gobierno decidió hacer uso de sus facultades reguladores con una decisión que no tuvieron los gobiernos de la Concertación, y eso no es malo a menos que lo que se pretenda es aprovechar las debilidades de la economía social de mercado para sacar provechos indebidos. En este episodio el protagonista es Pablo Longueira

Resulta claro que hay dos intenciones tras este súbito interés por regular la economía. Por un lado, está el propósito de validar al mercado, ya que es un hecho objetivo de que carece de una serie de atributos que pueden llevar a que la gente rechace un sistema que castiga a los más pobres y es mejor entonces limitar las ganancias para mantener el negocio. El segundo objetivo es eliminar la imagen de un gobierno amigo de los empresarios para recuperar algo de la confianza ciudadana. Si se trata de mantener el poder para la Derecha, nuevamente se esperaría una actitud comprensiva del empresariado, descontando que quienes no hacen trampas no deberían temer represalias. El cálculo político es impecable.

Al mismo tiempo, el Gobierno se ha abierto otro flanco de controversia con una institución como el Poder Judicial, de la que no se puede decir que esté alineada con la oposición. En este caso, el protagonista es Rodrigo Hinzpeter.

Aquí nuevamente se trata de mostrar ante la gente que la autoridad está tan interesada en velar por el bien superior que es la seguridad ciudadana, pero la maniobra se ha enfrentado con una férrea defensa de magistrados y fiscales de sus propias atribuciones y ha develado una grave falta de muñeca política por parte del Ministro del Interior.

En el caso de los empresarios se puede decir de ellos lo que se quiera porque no forman parte del Estado, por muy relevantes que sean, y de todos modos seguirán siendo amigos de la Derecha por conveniencia y por coincidencia ideológica, pero cuestionar al Ministerio Público y al Poder Judicial implica forzar la interpretación de las normas jurídicas con un propósito político, y en eso el Gobierno se coloca casi en la misma posición que los regimenes que los partidos que lo sostienen sus partidarios han criticado en el pasado y el presente, y arriesga además irse quedando sin amigos en los tribunales, siempre necesarios al momento de resguardar las actuaciones de la autoridad, y fuerza a los jueces a tomar posiciones políticas en defensa de sus prerrogativas, o sea, se acaba toda posibilidad de amistad.