Reclame por su pollo.

Hay quienes creen que el modelo económico de mercado es una expresión de la democracia, aplicada en el ámbito de la economía, pero suelen omitir el hecho que en este caso la gente no tiene siquiera la posibilidad de votar periódicamente para premiar o castigar a los actores del mercado, es decir que es una democracia de participación restringida.


La teoría dice que la participación se cumple cada vez que se hace una compra de un bien o de un servicio, pero los hechos demuestran que es rara la ocasión en la que el público tiene la capacidad de sancionar a los proveedores faltos de escrúpulos y mucho más escasa es la posibilidad de incidir de manera decisiva en el comportamiento de las empresas.

Es tan así que incluso en un gobierno de derecha, las propias autoridades gubernamentales se dan cuenta de esta situación de desequilibrio e intervienen en el mercado, en contra de sus convicciones, para resguardar la legitimidad del modelo económico. El último caso es la denuncia por colusión en los precios de las principales empresas productoras de pollos, que curiosamente es una situación sabida por todos los compradores de este tipo de carne hace muchísimo tiempo pero que hasta ahora no había despertado mayores suspicacias ni intentos por atajar cualquier irregularidad por parte del público. Una vez que las autoridades económicas iniciaron un proceso de investigación, la gente concordó en que efectivamente existían antecedentes sospechosos.

La idea, entonces, de que la democracia se exprese también en la economía falla también por la falta de interés de la gente por hacer valer sus derechos. En un sistema ideal, al menor atisbo de abusos, los propios consumidores deberían organizarse para iniciar las acciones necesarias para aclarar las aprensiones existentes, pero mientras ello no ocurra las empresas sentirán que pueden siempre forzar un poco más los límites de la ética para su propio beneficio. Después de todo, las empresas están constituidas por personas y la ambición es parte de la naturaleza humana.

Lo que no parece natural es la disposición del público para hacer efectivos los espacios de participación que, teóricamente, les ofrece el mercado y ante la disyuntiva de permitir un desequilibrio que termine por eliminar todo atisbo de legitimidad en este modelo económico, es la propia autoridad la que interviene para sancionar las conductas inescrupulosas, en un camino que, en definitiva, significa una defensa de las empresas que actúan con responsabilidad y, en el fondo, la protección del sistema de mercado. Sin embargo, no se avanza en el camino lógico, que no es otro sino fomentar la asociatividad de los consumidores y la promoción pedagógica de sus derechos.