CONTROLAR AL CONTRALOR

En Chile existen casos de corrupción. Es imposible negarlo, como tampoco se puede negar que este problema tiene dimensiones menores a las de otras naciones latinoamericanas, pero es esencial que todos los sectores políticos contribuyan de modo sincero y responsable a respetar la institucionalidad con que toda república debe contar para asegurar la ética pública.

Si los políticos -y las personas de cualquier otra profesión- tuvieran un comportamiento moralmente irreprochable no serían necesarios los tribunales de justicia para sancionar los delitos. Pero hay un amplio campo de irregularidades que, sin constituir delitos, contravienen la fe pública. Para ese tipo de situaciones Chile dispone de organismos como la Contraloría General de la República, la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional y la libertad de prensa, esta última al menos de manera aparente.

Es público, aunque no declarado en forma explícita, que algunas autoridades se sienten incómodas con el actual contralor Ramiro Mendoza, a quien se le considera partidario de la Alianza, pero ese sentimiento, que es legítimo, no puede traducirse en acciones que menoscaben las potestades fiscalizadoras de la Contraloría.

Lo mismo ocurre con los demás mecanismos de control de la corrupción, cuando se denuncian actos de las autoridades reñidos con la moral, cuando no con las leyes y las normas reglamentarias y administrativas.

Además del caso conocido del Ministerio de Educación, se ha sabido recientemente de la renuncia del cónsul general en Alemania, quien al llegar a hacerse cargo del puesto se enteró que el mismo estaba ya siendo ocupado por un ciudadano alemán, vinculado a la DC de esa nación. Pedro Aguirre Berguecgio, el funcionario oficial, reclamó tras un tiempo y hace casi un año la Contraloría ordenó que se solucionara el problema, sin que nada de ello haya ocurrido. Finalmente, de acuerdo a su versión, Aguirre regresó a Chile sin que se le asignara ninguna tarea por lo que renunció, argumentando que su conciencia no le permitía cobrar sueldo sin hacer nada.

Este es un caso, y no se trata de una situación política porque se pueden recorrer todos los municipios de Chile y seleccionar los casos en que la Contraloría ha cuestionado también la actuación de alcaldes de la Alianza.

Pero también se ha cuestionado en los últimos días la labor fiscalizadora de la oposición en la Cámara de Diputados, en defensa de la Ministra de Educación, amenazándose con que el proceder de los diputados de la Alianza significaría “volver a formas del pasado que nos llevaron a una época negra de nuestra historia”, en relación a lo ocurrido durante la Unidad Popular, cuando los ministros eran censurados por el Parlamento, e incluso se criticó que diputados de la propia Concertación se sumen a las críticas por ser un acto de “canibalismo”, pero si el Congreso no ejerce su función constitucional y sólo puede limitarse a aceptar la agenda legislativa que impone el Gobierno, ¿cuál es su sentido?