¿Qué es lo que quieren los chilenos? Una nueva Constitución (II)

   

Aún a riesgo de ser políticamente incorrecto, hay que decir que la idea de promover una nueva Constitución se ha constituido en un debate en el que sobra la ignorancia y falta realismo.   Todo ello es culpa, por supuesto, de la Constitución de 1980 que puede carecer de legitimidad pero rebosa de candados que impiden su reforma en los asuntos esenciales y ha creado un sistema de partidos empatado.

   La Constitución permite ser reformada, pero sólo en asuntos menores, y prohíbe su reemplazo completo, así como el plebiscito como forma de resolver disputas y proponer modificaciones, lo cual conlleva una rigidez que amenaza su eficiencia para la mantención de la democracia, entendida esta como la capacidad del pueblo soberano para llegar a acuerdos de mayoría.

   ¿Su reemplazo es un asunto que interesa a la mayoría de los chilenos? Aparentemente sí, por lo menos en lo que se refiere al sistema electoral binominal, aunque tiene muchos aspectos más que deberían discutirse como los quórum para las reformas constitucionales y legales, el Tribunal Constitucional, la autonomía del Banco Central, entre otros- y que seguramente no consideran ni conocen en detalle los ciudadanos que apoyan su sustitución.

   El problema es que, como la Constitución no permite estos cambios, al menos desde un punto de vista de realismo político, surge la idea de la Asamblea Constituyente (AC) como camino alternativo, aunque tiene los mismos problemas en cuanto a la posibilidad de que se reúnan los votos para su aprobación.

   De todos modos, cuando se habla de Asamblea Constituyente hay una serie de asuntos que no parecen haberse contemplado.   Por ejemplo, ¿quién puede ser miembro de la AC, quién decide cómo se les elige, cuánto se les paga a sus integrantes, cuánto tiempo dura su mandato, cómo se definen los acuerdos y si se exige un quórum para su ratificación por plebiscito?

   Pareciera que, cuando se habla de AC, se piensa en que va a estar integrada por los amigos que piensan igual que quienes la impulsan o que va a ser una especie de revolución que desplace al Congreso actual, pero con la dispersión de votos que hay lo más probable es que ninguna de las fuerzas predominantes de la política tenga mayoría para imponer sus propuestas.

   Otra cosa son los plazos que dicta el realismo: El decreto que se propone como medio para saltarse la falta de acuerdo del Parlamento para aprobar la AC y. eventualmente, el rechazo del Tribunal Constitucional, no está contemplado en la legislación, de modo que hay que pasar primero por una reforma a la Carta Fundamental con un Parlamento muy parecido al actual -lo que lo hace poco probable-; luego llamar a plebiscito para aprobar el llamado a la AC -que se tiene que ganar-; después definir cómo se integra la AC, convocar a elección de los constituyentes, instalarlos –y ya ha pasado fácilmente un año- y finalmente que logren ponerse de acuerdo en todo lo necesario, partiendo por definir qué tipo de Constitución se hace -o sea otro par de años- y finalmente someter el texto a plebiscito, con la posibilidad de que todo o parte de este se rechace.

   Hay que decir, por último, que si no se logra un acuerdo claramente amplio, es probable que cuando cambien las mayorías políticas se vuelva a plantear el reemplazo de la Constitución.