LA VOCACIÓN AUTORITARIA DE LOS PARTIDOS

Entre la expectación por el Mundial de Fútbol, el impacto del invierno en las zonas castigadas por el terremoto y las disputas por la aprobación del alza transitoria de algunos impuestos para financiar la reconstrucción, hay un asunto que no ha sido debidamente recogido por el debate político, a pesar de su trascendental incidencia en el tipo de democracia que se está instalando en el país.

Precisamente, a propósito de la aprobación temporal del alza de los impuestos y del acuerdo de la Democracia Cristiana de votar en contra, el Gobierno anunció la idea de legislar para asegurar la prohibición de dar órdenes de partido y toda la Concertación rechazó de inmediato la idea, posiblemente en coincidencia con las colectividades oficialistas que no han dicho nada. Considerando que las órdenes de partido están excluidas por la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso, anunciar esta ley es más una provocación que una reforma institucional.

El tema de fondo es que si los partidos pueden ordenar de modo perentorio a sus parlamentarios para que voten de determinada manera, aunque cada uno pueda tener una opinión contraria, resulta completamente absurdo sostener que la nuestra es una democracia representativa, ya que ese concepto alude a que todas las autoridades electas representan la voluntad de los votantes; y en Chile representan, en realidad, a los partidos que los han designado para ocupar los cargos. Esta es una razón que explica además la incapacidad de los partidos por reformar un sistema electoral que les asegura sus respectivas cuotas de poder y un empate que hace que los dos grandes bloques se necesiten mutuamente.

Pero la ciudadanía no tiene expresión en el Parlamento y eso se vería agravado si se permitiera que los partidos puedan ordenar cómo actuar a sus parlamentarios.

Hay que recordar, por lo demás, que una situación exactamente igual fue la que provocó la salida de la DC del entonces senador Adolfo Zaldívar y cinco diputados, cuando se intentó imponer la aprobación del aporte financiero para asegurar el funcionamiento del Transantiago, por lo que es útil advertir que si se intenta ordenar nuevamente el rechazo al carácter transitorio de los impuestos para la reconstrucción post-terremoto se puede generar una nueva crisis entre los parlamentarios que representan las zonas afectadas por el sismo.

Sin entrar a considerar los defectos del proyecto, es mucho más lógico suponer que los votantes de esos parlamentarios no volverán a apoyarlos en la siguiente elección que confiar en que se les puede explicar que es injusta una alza temporal de impuestos que están enfocados en los sectores empresariales mientras se conceden, como compensación, beneficios permanentes a los mismos grupos. Entre soportar la campaña de desprestigio en su contra y dar la espalda al electorado, y acatar las órdenes de los partidos se configura un escenario altamente conflictivo.