METRO CUADRADO
Es comprensible la sorpresa y malestar con que se han estado recibiendo en Chile y el resto del mundo las informaciones sobre denuncias y reconocimientos de culpa acerca de la participación de sacerdotes y obispos en hechos delictuales, y aunque la situación parece de particular gravedad es necesario asumir que estas situaciones, de llegar a comprobarse, no afectarán la solidez de la institución que es la Iglesia Católica.
Aunque se demande al Papa, aunque se haya producido una seguidilla de renuncias de obispos y aunque nuevas denuncias sobre eventuales abusos ocurridos años atrás surjan cada día, no es esto lo delicado sino el hecho de que la Iglesia Católica, por razones históricas, se encuentra parcialmente al margen de la legalidad nacional e internacional.
Depende de cada país la forma en que ha resuelto el tema jurisdiccional para el caso de los delitos cometidos por los integrantes de la Iglesia Católica, pero es solo a partir de estas denuncias de abusos sexuales contra menores que algunos obispos han admitido lo que para el común de la gente es obvio: Que los delitos los investigan y sancionan los tribunales. Sin embargo, la tradición de dos mil años ha apuntado al sentido contrario, en cuanto a que a los curas los juzgan sólo sus superiores y, desde una mirada global, eso es más grave para la solidez de la Iglesia que los delitos que puedan haber cometido sus integrantes porque significa que una institución entera se margina de las leyes.
Es evidente que a lo largo de la historia no hubo mayor inconveniente en que la Iglesia Católica mantuviera su propia jurisdicción dentro de su propio metro cuadrado, pero los límites de esa área de autonomía se han ido desdibujando y moviendo en los últimos años. A la iglesia se le exige consecuencia entre sus dichos y sus obras, en todos los niveles. Desde su compromiso con el nazismo, el franquismo o algunas dictaduras latinoamericanas hasta las más recientes denuncias sobre casos de pedofilia, se le pide una conducta que ya no puede ser resuelta con recurrir a que se trata de asuntos de fe. La Iglesia ha intervenido en el mundo temporal, y ahora es el mundo temporal, el concreto, el terreno, el que se ha metido con la Iglesia.
Para una institución que basa su prestigio en su origen divino y en la infalibilidad del Papa y de sus obispos a la hora de emitir dictámenes sobre la fe y la verdad, sí que resulta peligroso haberse adentrado en los pedregosos terrenos de la justicia terrenal, pero ya no puede echar pie atrás porque el daño sería aún mayor. Lo de la pedofilia es grave, por supuesto, pero es la cara visible de un proceso muchísimo más delicado para una de la instituciones más antiguas de la Humanidad.
Aunque se demande al Papa, aunque se haya producido una seguidilla de renuncias de obispos y aunque nuevas denuncias sobre eventuales abusos ocurridos años atrás surjan cada día, no es esto lo delicado sino el hecho de que la Iglesia Católica, por razones históricas, se encuentra parcialmente al margen de la legalidad nacional e internacional.
Depende de cada país la forma en que ha resuelto el tema jurisdiccional para el caso de los delitos cometidos por los integrantes de la Iglesia Católica, pero es solo a partir de estas denuncias de abusos sexuales contra menores que algunos obispos han admitido lo que para el común de la gente es obvio: Que los delitos los investigan y sancionan los tribunales. Sin embargo, la tradición de dos mil años ha apuntado al sentido contrario, en cuanto a que a los curas los juzgan sólo sus superiores y, desde una mirada global, eso es más grave para la solidez de la Iglesia que los delitos que puedan haber cometido sus integrantes porque significa que una institución entera se margina de las leyes.
Es evidente que a lo largo de la historia no hubo mayor inconveniente en que la Iglesia Católica mantuviera su propia jurisdicción dentro de su propio metro cuadrado, pero los límites de esa área de autonomía se han ido desdibujando y moviendo en los últimos años. A la iglesia se le exige consecuencia entre sus dichos y sus obras, en todos los niveles. Desde su compromiso con el nazismo, el franquismo o algunas dictaduras latinoamericanas hasta las más recientes denuncias sobre casos de pedofilia, se le pide una conducta que ya no puede ser resuelta con recurrir a que se trata de asuntos de fe. La Iglesia ha intervenido en el mundo temporal, y ahora es el mundo temporal, el concreto, el terreno, el que se ha metido con la Iglesia.
Para una institución que basa su prestigio en su origen divino y en la infalibilidad del Papa y de sus obispos a la hora de emitir dictámenes sobre la fe y la verdad, sí que resulta peligroso haberse adentrado en los pedregosos terrenos de la justicia terrenal, pero ya no puede echar pie atrás porque el daño sería aún mayor. Lo de la pedofilia es grave, por supuesto, pero es la cara visible de un proceso muchísimo más delicado para una de la instituciones más antiguas de la Humanidad.
Labels: Andrés Rojo, derecho internacional, Iglesia Católica, jurisdicción, pedofilia
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