EL (DESGASTADO) IMPERIO DE LA LEY

Los chilenos que aspiran a expresar públicamente su malestar por las situaciones que les afectan deben ver con envidia la libertad con que las protestas se realizan en otros lugares del mundo, porque en Chile eso no es factible gracias a la discrecionalidad con que se aplica la ley.

La mano de la autoridad no es dura ni blanda, sino ancha para los amigos, y es por eso que basta con ser integrante de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales para no poder navegar en un barquito por los lagos del sur, si en alguna de sus riberas descansa una autoridad, porque en ese caso el paseo se convierte en una falta que justifica la detención no sólo por parte de carabineros, sino que de manos de un grupo reforzado con miembros de Investigaciones y de la Armada.

Pero la mano discrecional de la autoridad también se ha dejado ver días atrás en otros dos casos, yendo incluso en contra del ordenamiento legal que establece que nadie es culpable sino hasta haber sido condenado. Desde ese punto de vista, resulta contradictorio el trato dado al general (R) Gonzalo Santelices y el que se concedió a Patricia Contreras, más conocida como la “Chepa”.

Evidentemente hay una diferencia en las simpatías que se le pueden tener a uno o la otra, pero Santelices no ha sido acusado de nada y hasta el juez Juan Guzmán, que no tiene fama como defensor de los militares, ha señalado que no lo procesó porque no hubiera podido condenarlo, pero el sólo hecho de declarar como testigo implica culpa para el Gobierno.

En el caso de la “Chepa” la situación es más compleja porque se le concedieron beneficios penitenciarios en su calidad de persona condenada, proceso en el que no se habría respetado el reglamento de Gendarmería. Llama la atención que el mismo Gobierno que otorga beneficios bajo la presión de una huelga de hambre es el mismo que aplicó la Ley de Seguridad del Estado para condenarla y que se prefiera el camino de las concesiones graciosas al de asumir el problema mapuche.

Lo exactamente contrario ha ocurrido con el ex-senador Jorge Lavandero, a quien, pese a haber cumplido con todos los requisitos formales, se le ha negado la libertad condicional, lo que ha motivado que su defensa haya presentado un recurso de amparo por la “ilegalidad y arbitrariedad” de la decisión de mantener en prisión a una persona de 76 años de edad que ya ha cumplido más de la mitad de su condena y ha tenido una conducta ejemplar durante su reclusión.

En todas estas situaciones se adivina una decisión política tras medidas que deberían ser exclusivamente legales y reglamentarias, y en la medida que esta forma de actuar se prolongue en el tiempo se llegará a una situación en la que el imperio de las leyes y las atribuciones de los tribunales e incluso de Gendarmería dependerá de la voluntad del gobernante de turno. Si se llega a eso, en nuestra imperfecta democracia sobrarán los poderes Legislativo y Judicial.