PARTIDOS POLITICOS

El Gobierno ha anunciado su intención de reformar la ley de partidos políticos y el sistema binominal, luego de varios días de declaraciones contradictorias que han parecido estar más determinadas por los emplazamientos hechos por los nuevos parlamentarios independientes sobre el binominal que por un compromiso programático sobre la materia.

Resulta curioso que un pacto de partidos, que durante 16 años no tuvo mayoría parlamentaria, y luego de perder la mayoría que por fin había obtenido, se decida a promover una reforma que requiere obligatoriamente el respaldo de parte de los senadores y diputados que no forman parte del Gobierno, por lo que es legítimo suponer que la reforma a los partidos y al binominal pueda tener como objetivo real su uso para cuestionar la vocación democrática de la oposición y no el propósito de avanzar en una modificación que, hasta ahora, no ha sido tan incómoda para la Concertación.

En este sentido, es importante hacer una distinción para la comprensión del público, y es que cuando en un asunto tan delicado de negociar como este se abordan dos temas diferentes lo más probable es que las conversaciones se estanquen y no se logre resultado alguno, porque una cosa es la reforma a los partidos políticos y otra bien distinta es el cambio del sistema electoral.

En el primer caso, hay que comenzar por dilucidar las intenciones de la reforma, porque no es lo mismo promover la institucionalidad partidaria que avanzar en la transparencia de su funcionamiento y la democratización de las colectividades existentes. Si se trata de que los partidos, por ejemplo, sean los dueños de los cargos parlamentarios para prevenir el caso de quienes renuncian a sus tiendas, se trata de una reforma con nombre y apellido -los parlamentarios independientes- que, como todas las leyes que se hacen por pasiones momentáneas, no tendrá perdurabilidad en el tiempo ni impacto en la vida nacional.

En cuanto al sistema electoral, una cosa es eliminar el sistema binominal, que sin duda es un modelo rígido que no permite la adecuada representación parlamentaria de las corrientes existentes en el país, pero otra bien distinta es que las autoridades políticas actúen realmente como representantes de la ciudadanía, una vez electos.

Ante la falta de autocrítica de los políticos, resulta evidente que se produzcan este tipo de suspicacias, porque no hay señales respecto al primer cambio que se requiere, y que se refiere a que los políticos comprendan que, en realidad, son empleados de la ciudadanía para resolver sus necesidades y responder a sus expectativas; que se deben por lo tanto a sus empleadores, y que los votantes deben tener la posibilidad de elegir entre opciones diferentes de verdad a la hora de elegir a una autoridad, además de contar con el derecho a despedirla cuando hace mal su trabajo.