LA LEY DEL EMBUDO

Resulta absurdo que la Concertación critique algunas de las iniciativas impulsadas por el actual Gobierno, siendo materias que analizó en su momento y no quiso implementar o las impulsó a medias.

Del mismo, resulta absurdo suponer que la administración del Presidente Piñera vaya a concretar estas iniciativas con el mismo sentido que lo debió haber hecho en su momento la Concertación, porque se trata de visiones distintas respecto a la manera en que se debe organizar la sociedad, pero no haber hecho lo que se decía no significa que se pierda el derecho a criticarlo, cuando se trata de iniciativas que se inspiran con un sentido distinto. Si fuera exactamente lo mismo que estudió y no hizo la Concertación, los actuales opositores tendrían poco que criticar. Pero si no es así, sí puede manifestar sus reparos y denunciar los errores que, desde su punto de vista político, comete la autoridad.

Esto ocurre con toda claridad en el caso del royalty. Se reclama por la tasa de aumento de este impuesto -porque en estricto rigor no es un royalty- y porque se concede a cambio de la decisión de las mineras de aceptar el aumento temporal el compromiso gubernamental por no proponer nuevas alzas hasta el año 2017. Se espera recaudar 600 millones en estos dos años, contra los cerca de 5 mil millones de pérdidas que calcula el Comité de Defensa del Cobre por la renuncia a que el incremento sea permanente. Pero la propia Concertación fue la que en su momento aceptó la invariabilidad tributaria, con el argumento de que había que atraer la inversión extranjera y fue la Concertación la que, cuando una amplísima mayoría de la opinión pública respaldaba el royalty, hizo una propuesta tibia y timorata.

Por otra parte, resulta curioso que el Gobierno esgrima como argumento para presionar por la aprobación de su proyecto que estos dineros se destinarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, siendo que el propio Gobierno redujo el presupuesto de las regiones con el mismo argumento, por lo que, al final, se trata de sacar de un bolsillo para llenar un bolsillo previamente vaciado.

Algo similar ocurre con el tema de los despidos en la administración pública. Es evidente que durante los gobiernos de la Concertación hubo un aumento de funcionarios, de forma paralela a la planta autorizada por ley, y en ese período no se hizo mucho por resolver este problema, y ahora que se acomete este asunto de una forma parcial se genera la crítica, sin considerar por supuesto los procedimientos empleados o la forma de seleccionar a los despedidos.

La crítica con legitimidad es más válida, sin que la crítica sin una coherencia que exhibir sea completamente inválida, y en la misma falta incurren unos y otros porque parece ser un problema propio de la falta de calidad de la política.