LA TRAICIÓN DEL ANGELITO

Cuando se creó la televisión chilena, el Canal 13 dependiente de la Universidad Católica de Chile destacó rápidamente por la calidad de su programación y no podía ser de otra forma porque la legislación establecida en 1970 reservó las frecuencias disponibles para las universidades y para el Estado, sin considerar la posibilidad de la televisión privada. La Católica fue la primera institución que desarrolló la televisión en forma experimental y realizó transmisiones desde 1959 con un fuerte impacto social a partir de la cobertura del Mundial de Fútbol de 1962 realizado en Chile, acompañada siempre de la imagen de un ángel, que reafirmaba la orientación católica del canal.

La ley de Televisión de octubre de 1970 reguló lo que ocurría en la práctica, que los canales dependían de un grupo selecto de universidades y se agregó una estación pública, dependiente del Estado, con el fin de asegurar el pluralismo informativo.

Sin embargo, a finales de la dictadura se autorizó la televisión privada y la introducción posterior del principio de que los canales debían autofinanciarse produjo fuertes cambios en la televisión chilena, llevando a que el otrora prestigioso Canal 13 fuera perdiendo posiciones frente a una competencia que no tenía restricciones derivada de una política editorial que privilegiara la calidad de los programas. La orden del día era ganar público y comenzaron a aparecer mujeres destapadas, la chabacanería y la tiranía del people meter. Sumando una serie de decisiones desafortunadas, con la presión de una Universidad que requería contenidos acordes a su visión, el otrora canal del angelito parecía encaminarse a la bancarrota hasta que, sin que nadie sospechara, la empresa fue vendida en dos tercios de su propiedad al grupo Luksic.

Al margen de la sorpresa de la operación comercial, del valor publicado (bastante menor a lo que estaría pidiendo el Presidente Piñera por su propio canal) y de la aparente falta de transparencia de la venta al interior del canal, hay un asunto de ética estatal que no ha sido considerado, y es el hecho de que la concesión de las escasas señales de televisión abierta fueron entregadas considerando un criterio de bien público. El Estado para asegurar el pluralismo y las universidades para garantizar la calidad.

¿Puede entonces una universidad que se vio beneficiada con ese criterio hacer ahora el negocio de traspasar la concesión, sin que el Estado o el Parlamento digan algo al respecto? Está claro que el Estado, expresado a través del Gobierno, no va a decir nada porque tiene su propio conflicto de intereses en esta materia, pero sería conveniente que el Congreso Nacional o la Contraloría aclaren si las concesiones se pueden transar como un saco de papas o como una empresa al borde de la quiebra.