LOS PRIVILEGIADOS

La polémica desatada por las acusaciones hechas por personeros de la Alianza sobre los privilegios que habrían tenido el ministro Edmundo Pérez Yoma, por su trasplante renal, y la hija del ministro Andrés Velasco, por la atención médica recibida tras casi ahogarse en una piscina, resulta irritante desde todos los puntos de vista.

En primer lugar, es incorrecto hacer escándalo por situaciones de privilegio que resultan evidentes. No es lo mismo decir que el ministro Pérez Yoma recibió un riñón antes que otras personas que llevaban más tiempo de espera que aceptar que por su capacidad financiera pudo pagar una operación a la que no cualquiera tiene acceso en el sistema de salud privado. Es cierto también que Ema Velasco tuvo un padre que pudo pagar los medios de transporte y las atenciones profesionales necesarias para salvar la vida de su hija, pero en ambos casos el privilegio está dado por el dinero y no por la condición de autoridades de los involucrados.

Por otra parte, es de mal gusto lo que hizo Sebastián Piñera de poner en duda la ecuanimidad en la atención médica proporcionada a Ema Velasco porque su crítica roza a una niña que no tiene ninguna relación con las disputas políticas de los adultos.

Una situación distinta sería que los acusadores demostraran que Edmundo Pérez Yoma sí se saltó la lista de pacientes a la espera de un riñón donado o que en la atención dada a Ema Velasco se utilizaron recursos fiscales que no están disponibles para cualquier chileno. Eso sería grave y debería ser denunciado de esa forma, pero con argumentos concretos y objetivos en lugar de hacer insinuaciones oblicuas. Eso se llama tirar la piedra y esconder la mano, y en un lenguaje popular otro nombre bastante más duro.

Si de lo que se trata es de velar por la probidad y la transparencia, la responsabilidad es mucho mayor que la que se requiere para un simple aprovechamiento electoral, pero también el impacto es distinto. No es lo mismo “suponer” situaciones de forma que el afectado no se pueda querellar que hacer afirmaciones responsables, con nombres y hechos incluidos, de manera que quienes se sientan ofendidos puedan recurrir a los tribunales de justicia para que se repare el daño causado, en tanto que los denunciantes puedan entregar todas las pruebas necesarias para fundamentar sus acusaciones y comprobar la veracidad de sus dichos. En el primer caso, además, la desconfianza se apodera de todos y en el segundo el conflicto queda radicado sólo en las personas realmente involucradas.